Un operario de la contrata de limpieza tras la incorporación del sistema de barridos con sopladoras. Foto: PEPE OLIVARES ALICANTE. El Gobierno del Ayuntamiento de Alicante sigue empeñado en meter en vereda a la contrata millonaria de la limpieza viaria y recogida de la basura, en manos de una unión temporal de empresas (UTE Alicante) participada por una de las sociedades del controvertido promotor Enrique Ortiz (imputado en Gürtel y Brugal). La última prueba de ello la dio a conocer en el pleno de este viernes el edil de Limpieza, Víctor Domínguez (Guanyar), al responder a un ruego formulado por el portavoz adjunto de Ciudadanos (C's), Antonio Manresa: el tripartito pretende convocar un procedimiento público para contratar una auditoría real sobre el servicio que realmente se presta. Y real porque, según explicó Domínguez, hasta ahora sí se han elaborado dos primeros análisis que ponen el foco sólo sobre determinados aspectos aislados y que han resultado "demasiado bien pagados" a la vista de su contenido.
Se trata de dos informes que, según el edil de Limpieza, fueron encomendados por el anterior equipo de Gobierno, del Partido Popular (PP), "de manera directa" (sin convocatoria pública) a la asesoría Adade Alicante. Su elaboración tuvo un coste de 55.000 euros anuales con cargo a una partida específica que figura en el precio del propio contrato, adjudicado por el PP en 2013. El objeto de estudio de esos dos informes, que corresponden a los dos primeros años completos de prestación (2014 y 2015), fue "parcial" al limitarse a controlar el absentismo de la plantilla (más de 500 empleados) a cargo de los tres servicios que comprende el contrato: limpieza de la vía pública, recogida de residuos y tratamiento en vertedero.
El equipo de Gobierno convocará un proceso público para encomendar un análisis real que no se limite a controlar el absentismo de la plantilla, como los estudios encomendados por el PP con un coste de 55.000 euros
Según pudo constatar Alicante Plaza, el último de esos informes de auditoría -entregado en marzo de este año- es un documento de sólo 10 páginas en el que, entre sus conclusiones (poco más de una página), se da cuenta de que la tasa de absentismo laboral se redujo durante 2015 al pasar del 10,95% en 2014 al 9,60%. En su conjunto, según el informe, se perdieron 13.364 días efectivos de trabajo por absentismo frente a las 15.048 de 2014. Esa mejora lleva a la auditora a considerar que "la empresa está cumpliendo con los objetivos señalados, realizando hasta la fecha los esfuerzos necesarios para implementar las medidas de control eficaces con el fin de atajar el problema del absentismo". El estudio marca, además, una serie de recomendaciones para seguir reduciendo esas cifras. Entre ellas, la fijación de incentivos que "no siempre tienen que ser económicos", la realización de campañas de salud dentro de la política de prevención de riesgos, políticas de flexibilidad laboral o protocolos de sustituciones.
Domínguez explicó que, en la auditoría sobre 2016 que se debe encargar el próximo año, el tripartito pondrá el foco en otras cuestiones al margen del absentismo, previa consulta con la mesa ciudadana de Limpieza. "No se trata sólo de comprobar que los trabajadores están o no en sus puestos de trabajo, sino que hay otros parámetros a tener en cuenta como la evaluación de si el trabajo que se realiza es realmente el necesario, por ejemplo".
El regidor admitió que la realización de la auditoría resulta necesaria porque la labor de los inspectores municipales no es suficiente para controlar un servicio de las dimensiones que entraña el contrato (con un coste global de 285 millones hasta el año 2021) y confirmó que, pese a todo, se ha conseguido mejorar la vigilancia al detraer pagos a la UTE por más de 31.500 euros en sanciones por toda clase de incumplimientos desde la llegada del tripartito al poder. Desde 2013 hasta junio de 2015, según Domínguez, el PP sólo acordó sanciones por 3.500 euros.
El portavoz del tripartito, Natxo Bellido, interviene en un momento del pleno. Foto: APEn esta línea, reconoció que todavía "queda camino por recorrer" para mejorar el servicio, como la revisión de los parámetros de calidad que se revisan en las llamadas fichas de observación, pero apuntó que "ya comienzan a reconocerse resultados". Además, apuntó que con la modificación del contrato aprobada hace un mes se ha conseguido que en cada barrio se aplique bien un barrido con máquinas sopladoras o bien un baldeo con agua cada 22 días.
La contratación de la auditoría sobre el servicio de limpieza fue, en realidad, una de las únicas novedades que deparó el pleno, al margen del rechazo del tripartito (con el apoyo de la edil no adscrita Nerea Belmonte) a la comparecencia del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), para informar sobre las herramientas que se barajan para facilitar la llegada de Ikea (se convocará la comisión específica en enero); del rechazo a la petición del PP para instar al conseller de Educación, Vicente Marzà, a dimitir por el desarrollo del programa Xarxa Llibres; de la declaración institucional para exigir a la Diputación criterios objetivos en el reparto de subvenciones (aprobada por el tripartito y C's, con el voto en contra de PP y del diputado que les presta apoyo en la institución provincial, el también edil no adscrito, Fernando Sepulcre); o del apoyo a los trabajadores de AFEMA frente al retraso en el pago de subvenciones de la Conselleria de Políticas Inclusivas (que prosperó con la abstención de Compromís, desde donde se defendió que esas transferencias se estaban regularizando). Como avanzó este diario, la declaración institucional sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica no llegó a debatirse, ya que el tripartito decidió retirarla el miércoles.
