ALICANTE. El concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Alicante para desarrollar un muelle específico para la carga y descarga de graneles en naves cerradas en depresión no caerá en saco roto. Como se preveía desde que trascendió la convocatoria del proceso, al menos un inversor interesado ha presentado oferta para optar a la construcción de esas instalaciones, a cambio de su explotación por un periodo de 30 años. Se trata de la multinacional de origen francés, Eifagge Infraestructuras, que ha presentado su propuesta en el registro de entrada de la Autoridad Portuaria este mismo jueves. Otras empresas interesadas en optar a la explotación también podrían haber confirmado sus aspiraciones para optar a la concesión en otros registros oficiales, como se establece en las bases reguladoras del concurso. Es más, en esas bases se preveía un periodo adicional de 10 días más a partir de la fecha límite prevista en la licitación como medida extraordinaria para la recepción de ofertas.
Como viene informando Alicante Plaza, el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó poner en marcha el proceso de licitación el pasado mes de abril, después de las reiteradas advertencias emitidas por parte de la Conselleria de Medio Ambiente para que se activase la construcción de esas instalaciones, ya previstas desde 2016, cuando se concedió la autorización de emisiones a la atmósfera en el supuesto de que el resto de medidas correctoras (muros pantalla dispuestos en forma de U, dispersores de agua y máquinas de lavado para las ruedas de los camiones, entre otras) no resultasen suficientes para evitar la propagación de partículas en el entorno del recinto portuario. La construcción de esas naves cerradas es una reivindicación histórica de los residentes del entorno del Puerto que también ha motivado varios reproches de instituciones como el Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges, como se detalla en su última resolución al respecto en la que también recomienda la ejecución de esos silos para que la estiba de materiales pulverulentos dejase de realizarse a cielo abierto.
La comprobación sobre si las medidas correctoras reclamadas por Medio Ambiente resultaban o no suficientes para garantizar el cumplimiento de los límites de carácter ambiental fijados por ley quedaba supeditada a la elaboración de un estudio de una duración anual sobre las mediciones captadas en hasta cuatro estaciones de control distribuidas en el entorno del recinto portuario. Ese estudio se encomendó al Instituto Universitario de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante (UA), quien concluyó que no se superaban los límites previstos en la normativa ambiental. Con todo, el Puerto siguió con la hoja de ruta trazada y convocó el concurso para promover la construcción de esas naves cerradas.
Ahora, tras el cierre de plazo para el registro de propuestas, la Autoridad Portuaria deberá evaluar si se cumplen los requisitos establecidos en el pliego tanto en la oferta presentada por Eifagge como en el resto de aspirantes que puedan haber dado el paso. Entre esos requisitos, como también detalló este diario, figura la obligación de que el futuro concesionario consiga los permisos ambientales requeridos para poder operar. Así, en el pliego se determina expresamente que "todo operador de graneles sólidos deberá obtener del órgano competente la correspondiente autorización ambiental" a la puesta en marcha de la nueva terminal.
Como también ha venido informando este diario, en el caso de que el concurso se resuelva con un resultado de adjudicación, las naves cerradas se construirán en el muelle 17, sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados, en la que se agrupará la actividad de los operadores actuales (Bergé Marítima, Alicante Port y Cesa Alicante) y de otros que pudiesen estar interesados en sumarse a la estiba de materiales pulverulentos en esas futuras instalaciones. En las bases del concurso no se ponen condiciones ni límites de altura sobre esas naves, aunque sí se especifica que deben disponerse a modo de silos horizontales.
El Grupo Eiffage ejerce su actividad en cuatro líneas de negocios: Construcción, Concesiones, Infraestructuras y Energía, según informa su propia página web corporativa. Cuenta con más de 64.000 trabajadores y tiene una facturación superior a 14.000 millones de euros, según las mismas fuentes. Aunque la multinacional nació en Francia, desarrolla varias de sus líneas de negocio en España a través de compañías filiales que forman parte del grupo, como la constructora de origen ilicitano Los Serrano, adquirida entre los años 2008 y 2013.