Las grúas que realizan la actividad de carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Tercera resolución con tercera reprimenda. El Síndic de Greuges vuelve a reprochar la pasividad y la permisividad de la Generalitat en relación al control de la actividad de carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante, en respuesta a una última queja formulada por la Plataforma de Afectados a cuenta de la contaminación que le atribuyen.
En un escrito de recomendación, con fecha de salida de 3 de julio, la institución autonómica equivalente al defensor del pueblo insta a la Conselleria de Medio Ambiente a velar por el cumplimiento de la declaración institucional aprobada por unanimidad en el pleno de las Cortes por la que se emplazaba al Ministerio de Fomento a promover y financiar la construcción de naves cerradas en depresión para que la estiba de materiales pulverulentos se desarrolle a cubierto.
Además, insta al departamento que coordina Elena Cebrián a extremar las medidas de control en esa actividad durante el tiempo en el que se demore la construcción de esas naves cerradas en depresión. Su construcción se encuentra ahora en fase de licitación, a cambio de su explotación por un periodo de 30 años, de acuerdo con el concurso convocado por la Autoridad Portuaria en mayo. En principio, la adjudicación debería quedar resuelta entre los meses de noviembre y diciembre, en el caso de que se presenten inversores interesados.
En su escrito, el Síndic insiste en que la situación generada por los graneles persiste sin que se haya adoptado las medidas necesarias para garantizar los derechos constitucionales a la salud y al medio ambiente hasta ahora. En esta línea, recuerda que la institución ya emitió dos resoluciones previas sobre el mismo asunto en 2009 y 2014 sin que se actuase al respecto para regular la actividad y preservar esos derechos de la ciudadanía. Así, llega a reprochar que no se aprovechase la oportunidad de hacerlo cuando se concedió la autorización de emisiones a la atmósfera, en 2016, e incluso tilda de insulto a la inteligencia algunos de los argumentos esgrimidos por la conselleria o por la Autoridad Portuaria en su descargo.
