Una de las protestas organizadas por la plataforma de afectados por los graneles. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Autoridad Portuaria da su honor por restituido en la polémica sobre la carga y descarga de graneles y los decretos de cese de actividad que la Conselleria de Medio Ambiente llegó a dictar el pasado diciembre, a partir de las conclusiones del informe elaborado por el Instituto Universitario de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante (UA), dado a conocer este martes en el transcurso del consejo de administración del mes de abril.
Ese estudio, elaborado tras un año de registro de datos sobre las emisiones captadas en cuatro estaciones de control, concluye que en el periodo comprendido entre los meses de febrero de 2017 y 2018 no se habría superado en ningún caso el umbral límite de emisiones de partículas que recoge la legislación ambiental sobre la materia. Es más, tampoco se habría excedido el techo más restrictivo fijado por la Conselleria de Medio Ambiente en el denominado Plan de Mejora de la Calidad del Aire para el área de l'Alacantí.
En concreto, en las conclusiones de ese dictamen se determina que -en ese periodo estudiado- los niveles de partículas difundidas a la atmósfera para el valor promedio anual de partículas PM10 no alcanza las 30 µg/m3,, cuando el límite legal es de 40. Además, tampoco se rebasa el promedio diario permitido, de 50 µg/m3,, y que sólo en la estación de medición situada en el denominado Tinglado Frutero se han alcanzado valores próximos a ese límite en 32 ocasiones.
Por último, como tercera conclusión relevante, el informe (cuya elaboración fue una de las exigencias incluidas en la autorización de emisiones a la atmósfera concedida por la Conselleria de Medio Ambiente en noviembre de 2016, y en el que también han tomado parte investigadores de la Universidad Miguel Hernández) refleja que las emisiones de partículas a la atmósfera no tienen su origen únicamente en la estiba de materiales pulverulentos que se desarrolla en los muelles de Poniente. También se identifican otras fuentes de propagación como el tráfico rodado o la misma influencia marina (aerosoles marinos que arrastran partículas de sal, por ejemplo).
Sea como fuere, el informe sostiene que existe margen de maniobra y capacidad de mejora para que esos niveles se reduzcan. Entre ellas, la obvia es la construcción de naves cerradas para que toda la operativa de carga y descarga de graneles deje de practicarse a cielo abierto. De hecho, en el mismo consejo de administración en el que se dio cuenta del contenido del informe, se aprobó el pliego de condiciones para sacar a concurso la construcción de esas instalaciones, después de haber incorporado las últimas indicaciones de la Abogacía del Estado y de Puertos del Estado.
Como viene informando Alicante Plaza, con esa licitación se abrirá un proceso para que cualquier inversor interesado asuma el coste de construcción de esas naves cerradas en el muelle 17 a cambio de su explotación comercial durante un periodo de 30 años. Se trata de un plazo largo para que el concesionario pueda rentabilizar su desembolso. El plazo para presentar ofertas se abrirá tras la publicación del pliego en boletines oficiales. La previsión es que el concurso pueda estar adjudicado a finales de este año o principios de 2019. El traslado de la operativa a esas futuras naves dependerá de las fórmulas constructivas que proponga el futuro adjudicatario.
Ese acuerdo ya motivó este martes las primeras reacciones políticas por parte de Compromís. Su portavoz municipal, Natxo Bellido, sostuvo que la convocatoria de ese concurso permite dar una solución aun problema enquistado durante demasiados años; "una solución que se ajusta a las medidas reclamadas por la Conselleria de Medio Ambiente por las que Compromís ha trabajado", concluyó.
En el mismo consejo de administración también se dio cuenta de la evolución de la cuenta de resultados al finalizar el mes de febrero que "se eleva a 361.000 euros; tres veces más que en el mismo periodo de 2017". Según fuentes de la Autoridad Portuaria, igualmente se abordó la evolución del tráfico portuario durante el primer trimestre del año. "El de mercancías ha ascendido a 783.000 toneladas, lo que representa un aumento del 3,4%. Sin embargo, el de pasajeros ha tenido un comportamiento dispar. De una parte, cabe señalar que el tráfico del ferry con Argelia ha disminuido casi un 20 %, confirmando así la tendencia iniciada hace dos años de un cambio de comportamiento de los usuarios, que utilizan más el avión que el barco. Por el contrario, el número de pasajeros de los buques de crucero se ha duplicado respecto al primer trimestre de 2017, contabilizándose un total de 17.000 cruceristas", apuntaron las mismas fuentes.
El consejo también acordó la convocatoria de una subasta pública para enajenar el buque Santísima Trinidad y autorizar el inicio de la tramitación de una modificación en el Plan Especial del Puerto, con la finalidad de convocar un concurso público para otorgar concesiones en la denominada Zona Volvo que permita dar uso a ese frente portuario durante todo el año, convirtiéndolo en una especie de Race Village permanente.
