Una grúa en plena descarga de graneles, en el Puerto de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Conselleria de Medio Ambiente abre un nuevo expediente sancionador a las empresas dedicadas a la carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante tras constatar otro presunto incumplimiento en las condiciones de su autorización ambiental: un exceso de altura de los montículos de materiales acopiados respecto a las pantallas protectoras que deben evitar la propagación de partículas al ambiente.
Ese expediente está en fase de tramitación y (como los que se abrieron el pasado septiembre por el retraso en la conexión de las estaciones de medición a la red de control de la calidad del aire y por haber superado los niveles máximos de emisiones en fechas concretas) no ha conllevado todavía la imposición efectiva de ninguna multa. No obstante, a diferencia de lo que sucedió entonces, la medida sí se acompaña esta vez de una penalización adicional con efectos inmediatos: la suspensión cautelar de la actividad.
Según pudo confirmar Alicante Plaza, la resolución por la que se ordenó esa paralización entró en vigor el pasado 20 de diciembre. Al menos una de las tres empresas estibadoras afectadas por esa decisión (Bergé Marítima, Alicante Port y Cesa Alicante) y la propia Autoridad Portuaria presentó un recurso contra esa orden, lo que propició que un juzgado levantase puntualmente la suspensión de Medio Ambiente entre el 30 y el 31 de diciembre, cuando se había concertado la llegada de un barco de carga. Sin embargo, la paralización volvió a aplicarse a partir del 1 de enero y seguirá vigente hasta el 2 de febrero, cuando la conselleria debe resolver el expediente, con una propuesta concreta.
La paralización entró en vigor el 20 de diciembre y las estibadoras ya han acudido al juzgado para solicitar que se levante con la promesa de demostrar que se ajusta a los límites
La Abogacía del Estado, en representación de la Autoridad Portuaria, también ha presentado recurso para que esa suspensión de actividad se deje sin efecto de modo definitivo. Para ello, acompañan su petición con un compromiso de facilitar diariamente a Medio Ambiente un alzado topográfico sobre el acopio de materiales para demostrar que no se supera el límite de altura de las pantallas. El juzgado podría decidir sobre esa solicitud en los próximos días.
Como publicó Alicante Plaza, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ya decretó, el pasado noviembre, la suspensión de actividad de las empresas estibadoras hasta que solicitasen la licencia municipal de actividad. Esas órdenes se dictaron justo antes de que el concejal delegado del área, Miguel Ángel Pavón, confirmase su renuncia a las competencias, junto al resto de ediles de Guanyar.
Como también informó este diario, las tres compañías acudieron al juzgado al considerar que se trata de un trámite innecesario puesto que ya habían presentado una declaración responsable. En ese trámite, han logrado que los juzgados avalen con hasta cuatro resoluciones diferentes la carga y descarga de graneles frente a esa orden de paralización, mientras se resuelve el fondo del contencioso.
Al margen de esa disputa legal, la Conselleria de Medio Ambiente debe decidir, el próximo mes de abril, si ratifica la vigencia de la autorización ambiental de emisiones a la atmósfera concedida hace un año a la Autoridad Portuaria sin medidas correctoras adicionales o si exige la construcción de naves cerradas en depresión para renovar ese permiso. Todos los grupos políticos con representación en Les Corts ya han aprobado una proposición no de ley para instar al Ministerio de Fomento a ordenar y financiar su ejecución.
Se da la circunstancia, además, de que la Conselleria de Sanidad ha iniciado un estudio para determinar si la propagación de partículas al ambiente asociada al movimiento de los graneles conlleva impacto sobre la salud de la población que reside en el entorno del recinto portuario.
