Además, como también avanzó este diario, no se imponen condiciones técnicas concretas sobre el diseño de las instalaciones que resulten necesarias para la construcción de esa terminal (como por ejemplo, límites de altura de los edificios). Ese aspecto queda a la libre disposición de las empresas, lo que también deja abierto el importe que deberá asumir el inversor que opte a su construcción (Compromís anunció este jueves una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se incluya una partida de 13,5 millones para su financiación pública). Eso sí, con una salvedad: las naves cerradas deben disponerse como silos horizontales.
Con todo, en el pliego de condiciones se despejan otras incógnitas trascendentes. Las principales novedades tienen que ver con los plazos de construcción y puesta en funcionamiento; con los requisitos ambientales y con el volumen de materiales que se podrían llegar a canalizar a través de esa terminal.
Sobre los plazos. Las empresas que pujen por la concesión podrán registrar sus ofertas hasta el próximo 12 de julio. A partir de entonces, la comisión técnica evaluará las propuestas presentadas y las clasificará con una puntuación máxima de 100 puntos. La oferta que resulte adjudicataria deber reunir, como mínimo, 60 puntos. En la baremación, primarán tres criterios esenciales: el proyecto técnico, diseño y disposición de las naves, valorado en un máximo de 30 puntos; las mejoras ambientales, a las que se conceden 20 puntos; y el plan de explotación, que se evalúa con otros 20 puntos.
Cuando se haya seleccionado a un adjudicatario, este quedará obligado a depositar un aval por el 5% de la inversión prevista y tendrá cuatro meses para presentar proyecto de construcción. Una vez obtenido el visto bueno definitivo de la Autoridad Portuaria, su ejecución y puesta en marcha deberá producirse 12 meses después. Así, como muy pronto, la construcción de la terminal propiamente dicha podría iniciarse a mediados de 2019, de modo que no estará operativa hasta la segunda mitad de 2020.
Una de las protestas vecinales convocadas para exigir las naves cerradas. Foto: PEPE OLIVARES
Sobre los requisitos ambientales. El pliego de condiciones aprobado por el consejo de administración determina expresamente que "todo operador de graneles sólidos deberá obtener del órgano competente la correspondiente autorización ambiental" a la puesta en marcha de la nueva terminal. Esa condición debería incluir a las empresas que ahora desarrollan esa operativa (Alicante Port, Bergé Marítima y Cesa Alicante) y, sobre todo, a la propia empresa que asuma su explotación: "Se dotará de los medios técnicos y procedimientos operativos necesarios para cumplir con los límites de emisión que le sean de aplicación, y contribuir a cumplir, en su nivel máximo de exigencia, con los objetivos de calidad del aire definidos por la autoridad local o regional competente". Además, remarca que la actividad queda sujeta al cumplimiento de la legislación ambiental en vigor sobre las emisiones a la atmósfera y, por último, exige que la adjudicataria de la concesión implante un sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO14.001.
Y, por último, sobre el volumen de materiales a recibir. El pliego establece que, como mínimo, la terminal debe disponer de capacidad para mover 1,5 millones de toneladas anuales y que debe ser capaz de implantar un sistema de gestión que permita desarrollar la actividad las 24 horas del día. Las bases del concurso también marca unos límites tarifarios: la gestora de la terminal podrá cobrar un máximo de 3 euros por tonelada descargada o por cargar que permanezca hasta cinco días en sus instalaciones y, a partir, del quinto día, podrá percibir un máximo de 6 céntimos por tonelada y día.
¿Qué ingresos percibirá el Puerto por esa concesión? El pliego prevé una tasa mínima de carácter fijo de 286.561 euros por la ocupación de sus 22.000 metros cuadrados de parcela (el 5,5% de su valor) y otra, también fija, de 2,75% a razón de 6,10 euros el metro cuadrado por la superficie de vuelo que se proponga. Además, ingresará otra tasa de tipo variable en función de las toneladas que pasen por la terminal a partir de un mínimo de 0,025 euros la tonelada.
Una grúa en plena descarga de materiales pulverulentos en los muelles en los que ahora se realiza la operativa a cielo abierto. Foto: RAFA MOLINA