Todos a investigar: tres comisiones para fiscalizar contratos de (casi) todos hasta elecciones

ALICANTE. Las cinco formaciones representadas en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís, se enfrentan a los últimos cinco meses de mandato (en realidad, menos, si se descuenta el periodo inhábil de las navidades y de la Semana Santa) a la tarea de fiscalizar a través de las llamadas comisiones de investigación un amplio lote de contrataciones municipales que, de un modo u otro, afectan a todas las siglas que han ejercido responsabilidades de Gobierno. Es decir, todas salvo Ciudadanos (Cs). Por el momento, existen tres comisiones de investigación en cartera por convocar (sin contar todas las comisiones ordinarias para tratar otros asuntos como la relativa a la integración Puerto-ciudad, o la del 80 aniversario del fin de la Guerra Civil, entre otras) cuyos trabajos deberían desarrollarse antes de que lleguen las elecciones municipales, el próximo 26 de mayo.   

Por partes. En el pleno ordinario de diciembre, celebrado este jueves, se aprobó la última de ellas, relacionada con el supuesto fraccionamiento de contratos que pudo haberse cometido en el otoño de 2017 con motivo del encargo de las obras de reforma de un local propiedad del Patronato de Vivienda con el fin de convertirlo en sede provisional de la Concejalía de Juventud, como recoge el interventor municipal en su informe.

Ese nuevo órgano de fiscalización en el que estarán representados todos los grupos políticos (creado a instancias de una propuesta presentada por el equipo de Gobierno, del PP), deberá revisar y, en su caso, depurar responsabilidades sobre el encargo de esos trabajos a través de tres adjudicaciones distintas, por un importe global de 56.758 euros, pese a que podían constituir una misma unidad funcional. En ese supuesto, debían haberse sacado a concurso de manera conjunta, como apunta el interventor en su dictamen ya citado. 

Se trata, precisamente, de un episodio similar al que se registró con hasta 25 contratos de la Concejalía de Comercio, tramitados durante el mes de diciembre de 2016 por una cuantía global de 180.000 euros, que fue analizado en la primera comisión de investigación constituida en el presente mandato. A la postre, los trabajos de esa comisión, y la denuncia presentada por el PP en Fiscalía, concluyeron con la imputación, el procesamiento y la dimisión del socialista Gabriel Echávarri como alcalde. Con todo, curiosamente esa comisión sigue abierta, sin que se haya elevado a pleno las conclusiones sobre sus trabajos, como se preveía en el acuerdo de su constitución. De hecho, no llegó ni a pactarse un texto en común: cada grupo político formuló su propia propuesta, como contó Alicante Plaza.

En la propuesta sobre la comisión de los contratos del Patronato de Vivienda no figuran plazos concretos para su puesta en marcha. En la iniciativa alternativa impulsada por el PSOE y suscrita por Compromís para que se investigasen los mismos hechos -que no llegó a debatirse al no superar el trámite de urgencia por el rechazo de PP y Guanyar- sí se establecía que debía constituirse en un plazo de 15 días. 

Sea como fuere, todo parece indicar que deberán comparecer en ella los técnicos del Patronato que participaron en esa contratación y los concejales que han ejercido la responsabilidad política sobre ese organismo autónomo desde que se encargaron esas obras hasta la actualidad para esclarecer su grado de intervención en el expediente (que sigue abierto, pendiente del pago de las obras). Así, se da por seguro que, como mínimo, se citará al gerente del Patronato, Gaspar Mayor, y a los ediles Julia Angulo (Guanyar), Sofía Morales (PSOE) e Israel Cortés (PP), para que ofrezcan explicaciones, además del interventor municipal que alertó de las presuntas irregularidades. En esas circunstancias, los trabajos de la comisión podrían alargarse durante varias semanas. 

Por lo pronto, el único de esos posibles comparecientes que intervino en el pleno de este jueves fue Angulo, quien volvió a defender que su única participación en ese expediente fue la de autorizar el gasto para que se ejecutasen las obras. De ahí que señalase que Guanyar era el principal interesado en que se aclarase lo sucedido.

Pero es que, además, existen otras dos comisiones de investigación aprobadas con antelación que todavía no se han constituido de manera oficial. La primera es la que tiene que ver con la contratación de las obras de asfaltado de calles de la partida de El Moralet, en las que, al parecer, se habrían producido contrataciones paralelas entre las empresas adjudicatarias y residentes de calles no previstas en el proyecto municipal, sin la preceptiva licencia. La creación de esa comisión se aprobó en el pleno ordinario de septiembre a iniciativa de Guanyar y, pese a que cada grupo político ya ha designado a sus representantes, todavía no se ha reunido ni una sola vez.

La segunda es la impulsada por el grupo municipal de Compromís para fiscalizar los contratos concertados por el equipo de Gobierno con las empresas o las personas vinculadas a su excargo de confianza, Jorge Crespo. Su creación se aprobó en el pleno ordinario de noviembre. Debía constituirse en el plazo de 15 días. Pero ha pasado más de un mes y tampoco se ha celebrado esa reunión inicial.