El alcalde, Luis Barcala, conversa con los ediles del PSOE ante la presencia de los concejales de Guanyar, en el pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante actúa sin más demoras para cumplir el mandato del pleno y da el primer paso para constituir la comisión de investigación sobre los pagos de particulares, al margen del contrato municipal, en el proyecto de asfaltado en El Moralet. Se trata de la segunda comisión de investigación que se activa en el mandato actual, tras la relacionada con las presuntas irregularidades en los 25 contratos de la Concejalía de Comercio que, a la postre, abocaron al exalcalde socialista Gabriel Echávarri a ser juzgado por un delito de prevaricación administrativa.
En sentido estricto, la constitución de esta comisión no responde al mandato del pleno, sino al mandato impuesto por tres de los grupos de la oposición (PSOE, Guanyar y Compromís) y del concejal no adscrito (ex de Ciudadanos), Fernando Sepulcre, que el PP se ha apresurado a cumplir ahora. Juntos, los tres grupos y Sepulcre sumaron 15 votos en el pleno ordinario de septiembre para aprobar la propuesta presentada por el grupo municipal de Guanyar. Y, juntos, se impusieron al rechazo manifestado por los 14 concejales del propio PP, de Ciudadanos (Cs) y de la segunda edil no asdcrita (ex de Guanyar), Nerea Belmonte.
En el debate de la iniciativa, PP, Cs y Belmonte coincidieron en que las supuestas irregularidades comunicadas por parte de los vecinos de la partida rural debían analizarse en la comisión sobre el seguimiento de la contratación para no dar pie a la creación de una nueva comisión. Primero, porque crear otra podía suponer un retraso en el hallazgo de una solución al problema. Y segundo, porque ya existía una comisión con un fin similar en el que podría revisarse ese contrato.
Se trata de la segunda comisión de investigación de este mandato, tras la que analizó los contratos de la Concejalía de Comercio
Lo cierto es que la comisión sobre el seguimiento de la contratación quedó constituida este mes, pese a que la propuesta impulsada por Cs quedó aprobada en pleno en noviembre de 2017, ya bajo el mandato del PSOE en solitario tras la ruptura del tripartito. Por el momento, los populares sólo han convocado su sesión constitutiva de ese órgano sobre contratación sin llegar a abordar ningún trabajo concreto. Ahora, en el caso de la comisión de investigación sobre el asfaltado de El Moralet, se ha solicitado a los grupos políticos una propuesta de designación de sus futuros representantes, sin que exista una fecha concreta para que se celebre su primera sesión.
¿Cuál será la tarea a desempeñar por esa comisión de investigación? La que se concretó en la moción registrada por Guanyar: la revisión de las obras efectivamente ejecutadas para dilucidar si parte de ellas se desarrollaron sobre viales no previstos en el proyecto original; si esas obras afectaron a caminos de titularidad pública; si se efectuaron sin la preceptiva licencia municipal; y si su pago por parte de propietarios particulares, residentes en la partida rural, tiene o no encaje legal al margen del contrato encomendado por el Ayuntamiento.
Los cinco grupos con representación municipal en el Ayuntamiento coincidieron, en el transcurso del pleno de septiembre, en que existían versiones contradictorias entre los propios residentes de El Moralet sobre la existencia de esos pagos al margen del contrato concertado por el Ayuntamiento. Las obras de asfaltado de algunas calles se adjudicaron a Tizor, de Enrique Ortiz, y las de otras a Involucra. Algunos de los vecinos pusieron de manifiesto que habían sido representantes de las empresas quienes habían solicitado pagos adicionales a los residentes para que se ejecutase el asfaltado de sus calles, no previsto en el contrato municipal. Por lo pronto, según pudo confirmar este diario, al menos Podemos Alicante ya ha presentado una denuncia en Fiscalía para que abra diligencias si lo considera oportuno.
