ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la propuesta presentada por el grupo municipal del PP para que se constituya una comisión de análisis sobre los contratos acordados en el Patronato de la Vivienda para la reforma de un local de su propiedad como sede provisional de la Concejalía de Juventud a la vista del informe emitido por el interventor municipal en el que se expresaba la posibilidad de que se hubiese cometido un supuesto fraccionamiento de contratos en la adjudicación de esa reforma. En ese dictamen, se ponía de manifiesto que podían haberse realizado tres adjudicaciones distintas relacionadas con un mismo fin por un importe global de 56.768 euros.
En principio, la propuesta planteaba circunscribir el análisis a los meses de septiembre y noviembre de 2017. Sin embargo, la iniciativa ha sido enmendada por el grupo municipal de Guanyar para que se ampliase el horizonte temporal de ese análisis. La enmienda, con tres puntos, ha sido respaldada por PP, Ciudadanos y los no adscritos, con la abstención de PSOE y Compromís, que han presentado una propuesta paralela para constituir una comisión de investigación sobre esos mismos hechos, aunque con variaciones en su objeto.
En el debate, el edil de Hacienda y Patrimonio, el popular Carlos Castillo, ha defendido la necesidad del análisis de esos contratos por la gravedad de los hechos expuestos en el informe del interventor, incluso más de los que se trataron en el llamado caso Comercio, según ha apuntado. Además, ha señalado que la única participación que ha tenido el PP en este asunto ha sido la de tener que cerrar el expediente para que se produzca el pago de los trabajos efectivamente realizados por las empresas que ejecutaron la reforma para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto. En este sentido, ha apuntado que en la Junta General del Patronato de Vivienda, se aprobó por unanimidad el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para que se abonasen esas obras, por lo que ha dicho no entender, después, por qué en la Comisión de Hacienda los grupos de la oposición optaron por bloquear su pago. En realidad, PSOE, Guanyar y Compromís alegaron entonces que necesitaban conocer con profundidad el expediente completo que se les había facilitado poco antes de la comisión.
La edil no adscrita, Nerea Belmonte, ha señalado, con ironía, que finalmente va a ser la única responsable del área de Vivienda que no va a ser investigada por su papel en esa concejalía.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha replicado que nadie se opuso a que se pagasen las obras realizadas, sino que se debía tener la seguridad sobre lo que había pasado con esos contratos una vez acordado el abono de los trabajos. Además, ha puntualizado que fue el PP quien dijo que no trataba de politizar el asunto y, después, fue quien anunció la moción objeto de debate este jueves para tratar de buscar responsabilidades. Después, ha señalado que el alcance del análisis o de la investigación debe ser el del expediente completo, sin prejuzgar a nadie, para conocer realmente el papel que jugaron todos los que han intervenido en él.
La propuesta alternativa presentada por el PSOE con apoyo de Compromís queda bloqueada sin llegar a debatirse
La líder de Cs, Yaneth Giraldo, ha ratificado la necesidad de que se aclarasen las irregularidades y ha recordado que probablemente este tipo de circunstancias podrían haberse evitado si el entonces tripartito hubiese tenido en cuenta su propuesta de protocolo para todas las contrataciones menores que efectuase el Ayuntamiento.
La exconcejal de Vivienda por Guanyar, Julia Angulo, ha reiterado que su participación en el expediente se limitó a habilitar el presupuesto necesario para que se contratasen las obras, pero no firmó ninguna de las facturas que sí se firmaron en enero de 2018, cuando ella ya no ejercía competencias de gobierno (Guanyar abandonó sus delegaciones el 15 de noviembre de 2017).
La portavoz del PSOE, Eva Montesinos, ha corregido la crítica previa de Castillo para sostener que los socialistas no temen la investigación, ya que, de hecho, su propuesta de comisión de investigación es más amplia de la presentada por el PP para que se evalúe todo el proceso, que sigue abierto, incluida la firma del actual edil de Vivienda por el PP, Israel Cortés. Ha recordado, además, que el PSOE planteó la petición de comparecencia de Angulo y de Cortés y que fue rechazada al considerarse que no podía solicitarse fuera de plazo como asunto de urgencia. Por último, ha lamentado que la propuesta del PP tratase de limitar la posible responsabilidad de estos hechos a concejales de PSOE (Sofía Morales, como edil de Vivienda, y Carlos Giménez, como responsable de Juventud) y Guanyar (la citada Angulo y su compañera de filas, Marisol Moreno).
En el debate de la propuesta se ha reproducido el enfrentamiento político sobre la idoneidad de los términos de la propuesta y su alcance. Finalmente, en el turno de votación, ha sido respaldada por PP, Guanyar, Cs y los dos ediles no adscritos. PSOE y Compromís han votado en contra.
Acto seguido, debía debatirse la propuesta paralela presentada por PSOE y avalada por Compromís. Sin embargo, no ha superado el trámite de urgencia con los votos en contra de PP y Guanyar, por lo que la iniciativa ha sido rechazada.
