EL CAMPELLO. El grupo municipal de Podemos en El Campello critica al equipo de gobierno (PP, Ciudadanos y Vox) tildando su gestión de "nefasta" en cuanto a los recursos municipales. En esta ocasión, la formación de izquierdas pone el foco en las subvenciones que "ha perdido" el Ayuntamiento de lo localidad en los últimos meses, todas ellas relacionadas con la transición ecológica y el medioambiente, un tema que la formación considera "importante".
En concreto, se trata de tres subvenciones denegadas y una a la que no opta por no haber subsanado ciertos aspectos que se le requerían. En el primer grupo -las denegadas-, el Ayuntamiento solicitó tres actuaciones, una para mejorar la eficiencia energética de la climatización del Auditorio de la Casa de la Cultura y otras dos destinadas al edificio de Urbanismo, centrada una en la mejora de la eficiencia energética de la iluminación y la otra, de la climatización.
El motivo de este rechazo en materia de ahorro y eficiencia energética en la edificación reside en el incumplimiento de la Ley general de derechos de las personas con diversidad funcional y de su inclusión social. Es decir, el Consistorio campellero "no alcanza el porcentaje mínimo de trabajadores contratados con diversidad funcional exigidos por Ley", traslada la Generalitat. E informa de que en la administración municipal "únicamente hay un 0,75% de personas contratadas con discapacidad funcional en un total de 265 trabajadores".
En este sentido, el portavoz municipal de Podemos, Eric Quiles, insta al Ayuntamiento a "proteger y favorecer la incorporación laboral de colectivos y personas en riesgo de exclusión. Podemos El Campello no puede mirar para otro lado". Es por ello que la formación política exige "que se tomen las medidas desde el departamento de Recursos Humanos para cumplir con la Ley y favorecer la contratación de personas con diversidad funcional".
Por su parte, para poder continuar con el trámite de la subvención relativa a la instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos, la Generalitat requería al Ayuntamiento que le enviase una serie de documentos en un plazo máximo de diez días. Una documentación que el Consistorio nunca llegó a remitir a la Generalitat, quedando, por tanto, fuera de la posibilidad de optar a la subvención. Al no haber subsanado la solicitud, la administración valenciana declaró el desistimiento del Consistorio para esta ayuda.
