ALICANTE. El nuevo Gobierno del PP comienza a desgranar algunas de sus iniciativas por lo que concierne a la gestión económica del Ayuntamiento de Alicante. Y como detalló este miércoles el edil de Hacienda, Carlos Castillo, al dar a conocer el informe de liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, no parece que vayan a faltar recursos. El gabinete que coordina Luis Barcala llega al poder con un superávit de 43 millones, un remanente de tesorería de 56 y hasta 83 millones en caja para poder afrontar gastos e inversiones. Como ya ha contado este diario, Castillo se felicitó de poder contar con ese músculo financiero, aunque atribuyó esas cifras a la ineficacia del anterior equipo de Gobierno en la ejecución de su propia planificación económica.
De hecho, según informaron fuentes municipales a través de un comunicado, el informe de intervención detalla que sólo se habría dispuesto del 19,98% de los fondos previstos para inversiones en las cuentas de 2017. Y, como también ha publicado este diario, su antecesora en la concejalía, Sofía Morales, justificó la existencia de ese superávit en las limitaciones introducidas por el Gobierno central sobre la gestión de los ayuntamientos, en aspectos como la regla de gasto, la tasa de reposición de personal o la infrafinanciación. Además, añadió que "si el PP considera que dejar 43 millones de superávit supone una mala gestión, cabría preguntarse si no lo es que el PP nos dejase a nosotros una deuda de más de 140 millones; sobre todo sabiendo que una gran parte de esa deuda no fue para ayudar a la ciudadanía sino para otras cosas que todos sabemos o sospechamos". En esta línea, instó a los populares a gestionar bien "lo que ya les hemos dejado preparado y que en las próximas elecciones no nos encontremos con alguna que otra sorpresa desagradable cómo pasó en el 2015", apostilló.
Morales deslizó, así, el gran interrogante que se le presenta al PP: ¿qué destino va a tener esos fondos? En principio, la directriz es la que se viene reiterando como un mantra desde el pleno de investidura del pasado 19 de abril: continuidad en los proyectos que ya están encarrilados para no ralentizar la gestión municipal en el año que resta para finalizar el mandato. Como el propio Barcala subrayó, "no queda tiempo para milagros". Así que lo evidente es que se impulsarán las inversiones ordinarias comprometidas en el presupuesto de 2018 -entre las que se incluyen las actuaciones previstas en el programa de reurbanización del área de Las Cigarreras-, y las inversiones sostenibles financiadas con el superávit arrastrado desde 2016. Todo pese a que el PP llegó a presentar una enmienda a la totalidad frente a ese presupuesto de 2018 presentado por el PSOE que ahora tendrá que desarrollar.
En todo caso, al nuevo equipo de Gobierno sí le quedará la decisión de definir qué inversiones sostenibles podrían ejecutarse entre este 2018 y 2019 con esos 43 millones de superávit. Según el propio edil de Hacienda, se da por seguro que parte de esa suma se destinará a amortizar deuda. Eso sí, en principio, no se pretende cancelar las cantidades pendientes de los créditos suscritos con motivo del plan de pago a proveedores con los que el Ministerio de Hacienda acabó forzando al Ayuntamiento a someterse a un plan de ajuste.
La idea es reducir la deuda global que arrastra el Ayuntamiento, sin llegar a extinguirla puesto que, en ese caso, se estaría restando posibilidades de inversión a la ciudad, según Castillo. Máxime si se tiene en cuenta que en estos momentos el nivel de endeudamiento municipal es del 23% cuando se permite que ese indicador llegue hasta el 75%.
Otra de las actuaciones que se desarrollarán a corto o medio plazo, según detalló Castillo, será el traslado del Bien de Interés Cultural (BIC) de Torre Placia, en cumplimiento de la sentencia firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en 2004. Se trata de una cuestión en la que ya venía trabajando el anterior equipo de Gobierno, del PSOE, al diseñar una modificación de crédito con la que ampliar la partida necesaria para poder licitar los trabajos.
En tercer y, de momento, último lugar, Castillo también se refirió al impulso del convenio para la rehabilitación de viviendas del barrio de Juan XXIII, reactivado por el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Obras Públicas. El regidor del PP precisó que se deberá acordar "una modificación presupuestaria para dotar de fondos" al desarrollo de ese convenio "que el anterior equipo de Gobierno no había incorporado al presupuesto municipal".
Morales se refirió a ese mismo convenio para asegurar que el diseño de esa primera modificación de crédito fue uno de las últimas tareas que desempeñó al frente de la Concejalía de Hacienda y que ya estaba preparada. En esta línea, detalló que la provisión de fondos resulta necesaria para que el Ayuntamiento anticipe los costes que deben asumir, después, los propietarios de esas viviendas.
En cualquier caso, ni Castillo ni Morales llegaron a cuantificar a cuánto ascendería esa próxima modificación presupuestaria, en la que, al parecer, se incluirían otras iniciativas. Por el momento, se desconoce si el PP asumirá el desarrollo de los compromisos políticos incorporados como anexo al presupuesto de 2018 como documento número 25. En ese documento se incluían los proyectos y medidas reclamados por el grupo municipal de Guanyar como condición para dar su apoyo a las cuentas.