Generalitat y Sant Joan, en la misma línea: insisten en la creación de un parque público de vivienda

SANT JOAN D'ALACANT. Sant Joan d'Alacant y la Generalitat Valenciana han hecho oficial su acuerdo en materia de vivienda. Durante la reunión entre el alcalde de la localidad, Jaime Albero, y la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, se ha sellado oficialmente la cesión del derecho de tanteo y retracto. Un acuerdo que permite al Consistorio santjoaner ejercer la opción de compra de aquellas viviendas de protección que se pongan a la venta, con el objetivo de "aumentar ese parque público de vivienda tan necesario, más en los tiempos que corren y en los que vienen", ha indicado el primer edil.

Para formalizar este pacto, Azcárraga ha visitado Sant Joan durante la mañana del miércoles 21 de octubre. Una cita a la que también debería haber asistido el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, quien finalmente no ha podido estar presente debido a un cambio de última hora en su agenda. En la reunión se ha explicado la peculiaridad de este derecho de tanteo y retracto, pues el Ayuntamiento solo puede ejercerlo ante determinados tipos de vivienda, como aquellas procedentes de daciones en pago, ejecuciones hipotecarias o propiedades de grandes tenedores de inmuebles, como ya explicó a Alicante Plaza el concejal de Vivienda de Sant Joan, Javier Sánchez, quien también ha acudido a la cita.

La red de ayuntamientos que está tejiendo el gobierno valenciano con la firma de estos acuerdos de cesión fija como objetivo "descentralizar la política de vivienda de la Generalitat y permitir a los ayuntamientos ejercer el derecho que ya ejerce la Generalitat, a través del cual estamos comprando viviendas a precios muy asequibles", ha expuesto la directora general. Una situación que ha ejemplificado con su visita en la misma mañana a Novelda, donde han comunicado al Ayuntamiento que próximamente la administración valenciana comprará cinco viviendas por 65.000 euros.

Durante la firma del acuerdo, Albero ha manifestado que se trata de una "declaración de intenciones que se tendrá que concretar más adelante, tanto con disponibilidad presupuestaria como con el reglamento que permita al Ayuntamiento ejercer ese derecho de tanteo y retracto, el cual, desde este momento, pasa a ser compartido con la Generalitat". En el sentido económico, Azcárraga ha adelantado que el gobierno valenciano lanzará en 2021 una línea de ayudas para cofinanciar la adquisición de viviendas, con la intención de "posibilitar recursos económicos para adquirir viviendas y, sobre todo, ampliar el parque público de viviendas, tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos. Se trata de paliar las emergencias habitacionales que tengan los municipios".

Por su parte, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Sant Joan, Javier Sánchez, ha considerado el derecho de tanteo y retracto como una "herramienta legal que va a permitir que los ayuntamientos puedan generar ese parque público de vivienda tan necesario". Un acuerdo entre ambas administraciones que supone un primer paso de colaboración para "facilitar el acceso a soluciones habitacionales para los vecinos y vecinas de toda la Comunitat y, en nuestro caso, de Sant Joan d'Alacant", ha concretado el edil.

En cuanto a la demanda habitacional de Sant Joan, Albero ha trasladado que desde la empresa municipal Personas y Ciudad "no se encuentra recogida el 100% de la demanda", aunque las informaciones sí permiten hacerse una idea. "Son datos bastante abrumadores", ha señalado, "porque en Sant Joan los alquileres son carísimos y el acceso a la vivienda sigue teniendo unas barreras altas, a pesar de que se está construyendo bastante. Por ello, todo lo que sea mejorar el acceso de nuestros jóvenes -y de nuestros no tan jóvenes también- a la vivienda es positivo".

Sant Joan d'Alacant cuenta con 26 viviendas de protección oficial pública propiedad del Ayuntamiento en Canyaret, mientras que la Generalitat suma 42, ubicadas en la zona de L'Alquería y adjudicadas a una cooperativa en régimen de cesión de uso. Sin embargo, la administración valenciana no cuenta en el municipio con vivienda social propiamente dicha. A este respecto, la directora general de Vivienda ha reivindicado la importancia de conocer los datos que se manejan desde Sant Joan, "porque desde la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha) es habitual que donde no hay parque público autonómico -como es el caso de Sant Joan- no existe lista de espera y no tenemos registro de demandantes. Y sabemos que eso es irreal".