ALICANTE. Dos informes técnicos emitidos por el jefe de Patrimonio de la Concejalía de Cultura de Alicante detallan, negro sobre blanco, cuáles deben las prioridades en la gestión pública para garantizar la conservación de los elementos arquitectónicos, históricos y culturales reconocidos con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Sobre todo, por lo que respecta a los 13 BIC de titularidad municipal, entre otros 30 que existen en toda la ciudad y de los que el ayuntamiento solo puede ejercer como "custodio a través de la inspección que desarrolla el departamento de Conservación de Inmuebles", como concretó el edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), durante su comparecencia ante la comisión municipal sobre la protección y puesta en valor de esos BIC.
El contenido de esos informes se dio a conocer, precisamente, este lunes durante la segunda reunión de esa comisión, creada a iniciativa del PSOE. El primero de ellos, ya anticipado por Alicante Plaza, enumera de manera pormenorizada esos 43 BIC, concreta cuál es su estado de conservación actual y apunta cuáles son sus principales necesidades. En esta línea, el informe considera imprescindible que se planifiquen medidas específicas para definir y coordinar la protección y recuperación de algunos de ellos mediante la elaboración de su correspondiente Plan Director.
Se trata, en particular, del edificio del Ayuntamiento de Alicante, pendiente de rehabilitación y con dos plantas en desuso (como subrayó el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, durante el desarrollo de la comisión); del conjunto histórico de Nueva Tabarca y, sobre todo, del Castillo de Santa Bárbara. El informe de Patrimonio incide sobre este último, que su futuro Plan Director debe incluir también "un plan de usos y gestión", lo que "debería contribuir a tener una visión clara integral de toda la problemática estructural que tiene en su conjunto, así como puntualmente algunas de sus dependencias internas".
Esa conclusión cobra un valor especial a la vista de un segundo informe del mismo departamento (también compartido con el conjunto de grupos políticos durante el desarrollo de la comisión), en el que se analiza el traspaso de competencias del baluarte desde la Concejalía de Cultura hasta la Concejalía de Turismo, en la línea adelantada por Alicante Plaza. En esta línea, ese segundo dictamen no solo confirma que Cultura seguirá asumiendo las riendas sobre la labor de conservación de la fortaleza, así como del Museo de la Ciudad de Alicante (MUSA), al que quedan afectados varias de sus dependencias (el aljibe renacentista, los calabozos, la Taberna, el Antiguo Hospital, la conocida como Sala Larga o la Casa del Gobernador). Al margen de ello, el informe también apunta alguna de las claves sobre cómo debería procederse en ese nuevo régimen de responsabilidades compartidas.
Así, en primer lugar, el informe expone la necesidad de que se mantengan los proyectos ya iniciados desde Cultura "como pueden ser la supresión del mal llamado parking del Castillo (Baluarte de Santa Ana)", en el que ya no se permite el estacionamiento de vehículos. En segundo término, el informe también reivindica que continúe "la suspensión del acceso general al tráfico rodado (salvo excepciones puntuales y contempladas)" y la puesta en marcha de "un servicio de lanzadera para acceder de forma cómoda a la fortaleza para la ciudadanía en general", que sigue paralizado al no existir disponibilidad de fondos, a la espera de que pueda incorporarse en la nueva licitación del servicio, ahora en fase de redacción de los pliegos del concurso.
No obstante, el informe de Patrimonio va incluso un paso más allá y, además de abogar por la recuperación del uso del ascensor -en cuanto la evolución de la pandemia del coronavirus lo permita-, plantea que debería impulsarse la elaboración de "una ordenanza de cobro para la entrada al Castillo", con cuya recaudación se pudiese contribuir a desarrollar actuaciones de restauración u otras actividades organizadas por Cultura.
De igual modo, el informe de Patrimonio sobre los 43 BIC de la ciudad subraya de manera específica la situación de la Torre Cabo de las Huertas o Alcodra. Como ya apuntó este diario, el informe concreta que los "posibles restos" de esa torre "están embebidos por el faro de Cabo de las Huertas", propiedad de Puertos del Estado, a través del Puerto de Alicante. E incide en que el análisis de esos restos se encuentran pendientes "de un informe destinado a conocer si efectivamente persisten restos de la torre histórica", que en su caso deberían quedar documentados. El dictamen apunta al respecto, que para llevar a cabo esa inspección, se debería solicitar autorización a la "Autoridad Portuaria de Alicante, como titular del inmueble". Es más, según fuentes de la Concejalía de Cultura, el departamento autonómico de ese área ya habría iniciado los trámites para pedir ese permiso con el propósito de realizar esa inspección.
Como viene informando este diario, se da la circunstancia de que la Autoridad Portuaria aprobó en octubre la solicitud de concesión del faro para su rehabilitación y transformación en restaurante, lo que propició que se desatase un movimiento de contestación social conformado por colectivos ecologistas, vecinos y partidos políticos. Varios de ellos presentaron alegaciones contra el acuerdo de concesión, e incluso recursos de reposición, que también fueron desestimados en el consejo de administración del Puerto celebrado el pasado viernes.
Ahora, con la publicación de ese acuerdo de desestimación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), este lunes, se abre un plazo de dos meses en el que podrán presentarse recursos en la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Por el momento, la Plataforma Salvem el Far y el grupo municipal de Unides Podem ya han anunciado estudios para emprender acciones legales.