El Consorcio Terra prevé expropiar el vertedero de Xixona; se creará una comisión de seguimiento

XIXONA. Xixona experimentó el pasado mes de julio un cambio en el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Pese que el PSPV-PSOE era la formación política que se encontraba al frente del Consistorio desde 2019, los socialistas llegaron a un acuerdo con Ciudadanos para compartir el gobierno municipal. Un pacto hacia el que, en su momento, Compromís mostró insatisfacción, valorando negativamente que el PSOE negociara con un "partido de derechas y no con su socio natural, Compromís".

Tres meses después, el portavoz del grupo municipal valencianista, Joan Arques, ha preguntado en el pleno de octubre por el programa del nuevo gobierno xixonenc. "Entiendo lo que me transmitisteis de que la pandemia ha modificado los tiempos", expone en relación a una consulta relativa con anterioridad, "pero insisto en que, con la mayor brevedad, nos hagáis llegar los puntos del acuerdo de gobierno".

El concejal ha vuelto a trasladar la cuestión debido a unas declaraciones que realizó el edil de Urbanismo, Javier Gutiérrez (Cs), a un medio local con relación al PAI del Vergeret. Un asunto sobre el que Compromís busca saber el posicionamiento del nuevo gobierno, pues se trata de un "tema preocupante", lo califica el portavoz. Un "megaproyecto urbanístico al que está abriendo las puertas el equipo de gobierno, pero al que Xixona ya dio un no rotundo hace 15 años", declara Arques.

A este respecto, Gutiérrez recuerda que urbanísticamente el tema estaba aprobado con anterioridad y es ahora cuando la promotora se ha interesado en que la primera fase del proyecto salga adelante. En este sentido, ya se han llevado a cabo dos reuniones -una interna del Ayuntamiento y una segunda con la promotora- "para conocer las intenciones de la iniciativa privada al arrancar este proyecto. No se trata de si se está a favor o no; se trata de cumplir con las premisas administrativas, porque el proyecto ya está en marcha", explica.

Planta de residuos Piedra Negra

Por su parte, la alcaldesa de Xixona, Isabel López (PSOE), anunció durante el pleno del mes de septiembre su intención de convocar una comisión de seguimiento de la planta de residuos Piedra Negra para "dedicar una sesión monográfica a este tema", justificó. Es decir, para tratar el asunto del vertedero exclusivamente y fuera de las sesiones plenarias o de cualquier otro órgano.

Es por ello que la formación de izquierdas también ha transmitido la urgencia de poner en marcha esta comisión y poder aclarar ciertas cuestiones relativas, como si proceden las alegaciones presentadas ante la Generalitat en las que la corporación al completo se oponía a la ampliación de las instalaciones, así como los tiempos marcados para las inversiones de la planta y las pertinentes "molestias" que puedan ocasionar.

Y es que la situación del vertedero cambiará, pues el Consorcio Terra tiene previsto expropiarlo a la empresa gestora con la intención de "poner fin y orden a toda la problemática de la basura. No es una compra, sino una una expropiación forzosa necesaria para ser los propietarios y, de esta manera, tener el control total de la planta", justifica la alcaldesa y presidenta del Consorcio. "Esto supone una cantidad elevada de dinero, pero no podemos continuar en la situación en la que estamos ahora mismo", justifica los casi 18 millones de euros que se invertirán en su expropiación.

Para la gestión correcta de los residuos, López argumenta la necesidad de instalaciones, apartado en el que entra en juego la inversión para modernizar la planta y el cerramiento de la misma para que no haya olores. "Tendremos que pagarlo entre todos los municipios, la Generalitat y Diputación", concreta. E informa de que el proyecto se ha presentado a los Fondos de Recuperación que está organizando en Gobierno -en colaboración con las autonomías- para aprovechar el dinero procedente de Europa. "Ponerle solución a la gestión de residuos es prioritario. Por tanto, esperamos que una parte de esa cantidad venga subvencionada por el Ministerio, por Conselleria y por Diputación. Todo esto amortizado en 20 años, que es el tiempo que permite la Ley".