Carlos Mazón, del PP, y Javier Gutiérrez, de Cs.ALICANTE. La Diputación de Alicante aprobó hace más de un mes -en concreto, el 13 de enero- los cinco informes de fiscalización de la contabilidad de los grupos políticos de dos ejercicios del mandato anterior, 2015 y 2016. Esos informes vienen a recoger las cantidades que los grupos políticos de entonces -PP, PSOE, Compromís, EU y Cs- deben devolver por no estar debidamente justificadas las cantidades que recibieron por parte de la institución. Sin embargo, la contabilidad del grupo del PP está cuestionada por Compromís, que ha llevado el caso al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía, al considerar que parte del dinero que recibieron durante esos primeros ejercicios -195.000 euros- se transfirieron al partido y no están debidamente justificados con facturas que acrediten su gastos en actos conjuntos. Este miércoles, debía aprobarse el recurso presentado por el grupo valencianista contra esos informes. Y cuando todo parecía que el equipo de gobierno, PP y Cs, iba a rechazar ese recurso al considerar que no tenía fundamento finalmente ha quedado sobre la mesa y no se ha votado. ¿La razón? Ciudadanos tiene dudas sobre los informes técnicos que avalarían rechazar ese acuerdo y ha reclamado que sea la Secretaria de la Corporación la que elabore uno en el que queden despejadas las dudas. "Ante las dudas, tenemos que optar por la opción más transparente, y ésta es que la secretaria haga una informe concluyente", han indicado desde la formación naranja. Ante la postura de Ciudadanos, el PP ha tenido que secundar la iniciativa de Cs para no quedar solo.
En esos informes, la visecretaría de la corporación consideraba que no se debía estimar el recurso de Compromís "por tratarse este acuerdo de un acto de trámite y, por tanto, no susceptible de impugnación". Y que en todo caso, como se trata de informes en los que se concluye que los grupos -en este caso, el PP- deben devolver dinero, "puede considerarse, por tanto, que el acuerdo plenario de 13.01.2021 es un acto que carece de efectos jurídicos directos y cuya aplicación requiere la tramitación de un expediente de reintegro, cuyo inicio se acuerda", indica el dictamen.
En la propuesta de acuerdo, sin embargo, se solicitaba la inadmisión del recurso "por estar conociendo de su objeto el Tribunal de Cuentas".
En los recursos presentados por Compromís, sobre la contabilidad del PP en los ejercicios 2015 y 2016, la coalición había abundado en los argumentos que le han llevado a presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía Provincial de Alicante. Es decir, que durante ese periodo, el grupo del Partido Popular transfirió a la organización provincial de su partido la cantidad de 195.167 euros, y que para ello, "no se acredita el gasto mediante factura alguna ni referencia ni siquiera sucinta de la actividad conjunta", como establece el reglamento orgánico sobre dotación económica de los Grupos Políticos vigente hasta la fecha en la Diputación de Alicante. Añade Compromís que posteriormente se aportaron los certificados de las transferencias, suscritos por el portavoz, Eduardo Dolón, y la tesorera del partido, Yolanda Murcia, "con evidentes contradicciones en su justificación", según han denunciado los valencianistas, y han incluido en la denuncia ante la Fiscalía.
Por ello, insiste la coalición en que la actuación del grupo del PP en la institución "infringe la normativa tanto la estatal que establece que las dotaciones económicas a grupos políticos se harán para su actuación corporativa, así como el Reglamento interno de la propia diputación, que es aún más exhaustivo determinando que, las transferencias del grupo partido al Partido deberán ser para la realización de actuaciones conjuntas" .
La congelación del recurso de Compromís puede tener un inconveniente: y es que se abra la vía contencioso-administrativa si no se rechaza antes de los 30 días en los que lo presentó, que fue el pasado 5 de febrero. "El resultado es que el recurso de Compromís para que el Partido Popular devuelva el dinero no justificado sigue vivo y la Diputación incumplirá el plazo para rechazarlos", ha indicado el portavoz de la coalición, Gerard Fullana.
Ante esta nueva situación, Compromís ya ha anunciado que "no aceptará más demoras que puedan acarrear que el Partido Popular argumente una caducidad de la contabilidad para así evitar la justificación y ya ha anunciado que estudia ampliar su denuncia a Fiscalía con los hechos y informes que se han evitado votar hoy en la comisión".
El grupo popular de la Diputación de Alicante ha informado este miércoles de que Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) ha abierto una investigación al asesor del Grupo Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, para aclarar si ha infringido el Estatuto General de la Abogacía, código deontológico por el que se rigen los letrados por hacer uso presuntamente de forma irregular de los recursos públicos de la Diputación de Alicante y ejercer la abogacía privada sin la preceptiva compatibilidad, según el comunicado remitido por el PP.
Los populares destacan que el Colegio de Abogados informa al portavoz del grupo popular de que, además de la vía deontológica en la que se enmarcan sus funciones, existe una vía judicial “si lo estimara oportuno para exigir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal del letrado en cuestión”.
