En la izquierda de este país hay, en muchas ocasiones, un desprecio enfermizo e infantil a los procedimientos. De eso parece que también va el auto de una jueza sobre el callejero franquista de Alicante. Del “mal proceder” que ha acabado de poner patas arriba un proceso que empezó mal y que amenaza con eternizarse en los tribunales logrando, de paso, nuevas víctimas, las de aquellas personas cuya memoria se quería honrar y cuya resolución del caso queda ahora aplazada y en tierra de nadie.
ALICANTE. ¿Responsables del desaguisado? Primero y principal el PP, al que sus vasos comunicantes con la memoria del franquismo no le permiten limpiar su casa y su conciencia. Pero aquí hay un segundo responsable del callejón sin aparente salida al que una sentencia tan inesperada como excesiva ha dejado desnudo. Y este no es otro que el tripartito de Alicante, alcalde Gabriel Echávarri incluido, aunque este y a la vista de lo ocurrido quiera ahora cobardemente salirse por la tangente de la hoguera que amenaza con chamuscarle algunas plumas.
En este tema de la Memoria Histórica, como en tantos otros, guste o no guste, los procedimientos son, también, parte del Derecho. Y de la democracia. Y de la convivencia. Sin los procedimientos estamos –todos, y más los ciudadanos de a pie, y más los ciudadanos de izquierdas que los de derechas- desnudos, indefensos y a la intemperie ante la arrogancia de quienes creen que ellos son depositarios del poder y de la gloria y que los otros solo lo ejercen de prestado.
Y eso también, guste más o guste menos, vale para quienes opinan como tú, pero, sobre todo, para quienes opinan lo contrario. Entenderlo es fundamental. Entender que en política y en la administración de la cosa pública el mejor camino no es siempre el más corto, es esencial para no errar demasiado, para no abrir espuertas que luego son difíciles de cerrar. Casi debería ser de manual para quienes entran en las instituciones. Su primera asignatura. Los cementerios políticos están llenos de cargos públicos –nuevos y viejos- que cayeron por un simple error de procedimiento. Si se va demasiado deprisa se corre el riesgo de atropellar a otros. Y eso, a pesar de que los fines sean saludables, necesarios, como lo eran y siguen siendo aquí la desaparición de la memoria franquista en el callejero de la ciudad.
Y no parece que el tripartito de Alicante haya pasado esa pantalla en sus casi dos años de gobierno. Algunas de sus decisiones y polémicas así parecen señalarlo. La que ahora ha provocado la sentencia y el incendio que impide (por el momento, pues un auto se anula con otro auto) que Alicante borre de su paisaje urbano el nombre de fascistas y represores franquistas es una de ellas, pero hay que temerse que esta solo sea una más en el rosario de las que pueden llegar a venir. Abierta la veda es posible que los nuevos disparos procedan de las mismas escopetas.
El PP, decíamos, es el principal responsable. Y puede también que derivado de que aquí en Alicante tiene y ha tenido más y graves problemas que en otros sitios con todo lo que tiene que ver con la Memoria Histórica, la guerra civil y el franquismo. Que se lo pregunten si no a la gente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante que les darán detalles para llenar un libro. Para ellos, para el PP, –las pruebas están ahí, en sus decisiones (¿o debemos decir falta de decisiones?) cuando gobernaron- el franquismo es, sobre todo, un caladero de votos y lo defienden una y otra vez, aunque nunca, claro, explícitamente. Sus condenas son con la boca pequeña y casi siempre, como ahora, buscan una excusa para no posicionarse abiertamente en el lado de la decencia. Eso es conocido. Nada sorprendente. Nada nuevo. No entenderlo y no valorarlo fue el primer error del tripartito en todo este desaguisado.
Y más aún, si también ahí y en ese mismo lado del tablero municipal tienes a un grupo como el de Ciudadanos, de quienes solo cabe decir y esperar que algún día decidan a qué lado de la línea que marcó la dictadura se ubican. Estar contra Franco pero no renegar de sus señas cuando hay que tomar decisiones que afectan al espacio público, es hacer trampas, nadar y guardar la ropa. Contra el fascismo se está siempre y no solo de palabra, también de obra. Creer, como muchos de sus dirigentes nacionales afirman una y otra vez, que el olvido y mirar (solo) al futuro, y dejar a los muertos (¿qué muertos?) en paz, es la mejor receta y prueba de que comparten con el PP parte de su ADN. Que son conocedores de que ahí hay votos que repescar.
Franco fue un dictador y su memoria y la de sus generales y colaboradores necesarios no pueden (no deben) blasonar el callejero de ciudad alguna de este país y la lista, repasen, repasen, es sencillamente interminable. Que eso pase, como así sucede en tantos y tantos lugares; que seamos tras Camboya el país con más victimas de la barbarie sin identificar; que, oiga, ni las condenas de la ONU por los crímenes del franquismo muevan conciencias... es una (otra más) de las anomalía democráticas de este país que nace de una Transición con demasiadas zonas oscuras y a las que muchos, también desde la izquierda, parecen empeñados en que no entre ni un rayo de luz distinta a la por ellos decidida.
Decir eso –que Franco fue un dictador y que su memoria no puede ocupar ni un centímetro del espacio de todos- no debería ser un problema para quienes se dicen demócratas. Pero sabemos, guste más o guste menos, que eso no pasa en Alicante, como no pasa en casi ningún sitio de España si hablamos del PP y, en parte, de Ciudadanos. Al menos no sucede cuando se trata de hacer pedagogía y de tomar decisiones que afectan al callejero, a los reconocimientos institucionales, a la memoria. Y veremos si sucede alguna vez.
Y todo esto deberían saberlo también ellos, la gente del Tripartito y de forma muy especial los concejales Daniel Simón y María José Espuch, máximos adalides de una decisión –la de cambiar el callejero- que es impecable en sus intenciones, pero puede que no tanto en sus formas. Y, sobre todo, en lo que afecta a los procedimientos para llevarla a cabo. Decidir hacerlo a través de una comisión o junta de gobierno hurtando el debate público al pleno municipal puede que sea legal (o no), en todo caso es discutible, pero hacerlo así fue claramente un error. Otro más.
Seguir adelante con el plan tras el recurso a la justicia del PP que pedía la cautelar, otro error de bulto. No reconocerlo ahora y enfrascarse en una ristra de acusaciones contra el portavoz municipal del Partido Popular, Luis Barcala, acusándole de querer retrotraernos a 1939 (María José Espuch sic), de ser partidario de la División Azul, y no sé de cuantás cosas más, no solo es muestra de escasa fineza política y de querer apagar el fuego con gasolina, sino, y más grave aún, es, o parece, fruto de la obcecación que, además, puede conducir a que el proceso se alargue eternamente.
¿Quiere el tripartito utilizar este conflicto para fortalece sus debilidades internas al estilo de lo que ha venido haciendo el PP con el terrorismo de forma sistemática? ¿Busca una colección de me gustan en Facebook, incendiar las redes sociales con este tema, recabar el apoyo de organizaciones políticas de izquierdas afines? ¿Es esa toda su estrategia? Hacerlo pueden hacerlo, de hecho están montados en ese tren y parece que ese es el camino por el que apuestan. Esto, además, es lo más fácil, pero si el objetivo era el de retirar del callejero la memoria, el vestigio y los rastros de los asesinos y represores, la imagen de quienes personificaron de alguna manera el dolor causado, entonces puede que, posiblemente, logren efectivamente salir más unidos de aquí, pero, eso sí, a costa de no aminorar un gramo el dolor de las verdaderas víctimas. Las primeras, las del franquismo y sus familiares, las segundas, las de ahora. Muchas de ellas vecinas y vecinos de Alicante con méritos sobrados para tener ese reconocimiento en el callejero de la ciudad, y que se arriesgan a ver cómo sus nombres son utilizados en un quita y pon sin sentido. Y todo por un elemental y básico error de no entender que los procedimientos, a veces, son tan importantes como las mismas leyes a las que sirven. A veces, incluso, más.
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