Son varias las empresas de alquiler de coches que lo han solicitado ELCHE. Desde 2019 la legislación valenciana de territorio y paisaje, la Lotup, incluye en una disposición transitoria la conocida como 'minimización del impacto territorial'. Con ella se pretende que todas aquellas edificaciones que se construyeron en suelo no urbanizable y que siguen en pie, puedan regularizarse si cumplen algunos criterios urbanísticos que minimicen su impacto ambiental. Que reduzcan su afección al entorno. Una cuestión que no es menor en Elche, donde hay más de 20.000 viviendas en esta situación y al menos 300 empresas. Desde que se hizo un llamamiento desde Urbanismo y la Generalitat para impulsar estos trámites, más de medio centenar de compañías han iniciado el proceso.
A este respecto, algunas de estas construcciones vienen de hace bastantes décadas, cuando no había normativa urbanística muy desarrollada, y otras simplemente porque no ha habido un trabajo profundo de la administración para resolver la cuestión —sí apertura de expedientes, aunque sin ejecutar el recorrido final con posibles sanciones—, o porque las sanciones propuestas eran asumibles y compensaba la edificación. Sobre todo en el caso de viviendas. En el ámbito de las compañías, sea como fuere, son ya más de medio centenar, en torno a las 65 empresas las que han iniciado el proceso para obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para poder regularizar su situación.
Hay muchos casos, desde la regularización de partes de las construcciones para ampliar instalaciones o simplemente legalizar toda la edificación, con bastantes fábricas de calzado o componentes concretos como suelas, marroquinería o caucho, empresas del sector del aglomerado, suministradores de materiales de obra, talleres de vehículos, compañías de alquiler de vehículos —muchas en esta situación al lado del aeropuerto, y por ello tienen un plan específico—, madereras, establecimientos pirotécnicos... Uno de los casos más llamativos es el del Río Safari por ser el más conocido, aunque en su caso, como ya contó este medio, es precisamente porque se trata de una construcción previa a esa legislación urbanística más desarrollada.
Así pues, en menos de dos años, prácticamente un 25% de las empresas detectadas en el Camp d'Elx que se habían calificado como irregulares han presentado su plan para acogerse a esta disposición transitoria. Aún queda camino por recorrer, pero hay un goteo constante con nuevas solicitudes. Cuando se hizo ese llamamiento en enero de 2020 tan solo lo habían pedido 15. Hoy son unas 65. Una especie de 'amnistía urbanística' que defienden desde la Generalitat, un término al que prefieren no recurrir, y que supuso en su momento el cabreo de vecinos del Camp d'Elx por lo que consideran el agravio comparativo al haber cumplido la ley para levantar sus viviendas o tener todo en norma para abrir su negocio.
Por esta situación, y junto a las 20.000 viviendas en Elche en suelo rural sin legalizar, es por la que Política Territorial tomó la decisión de crear en Elche la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), a la que 183 municipios de todo el territorio valenciano se han adherido, para transferirle las competencias en disciplina urbanística y gestionar cuestiones como las más sensibles: las sanciones. Que por otra parte, a nivel local se han solido abrir expedientes pero sin ejecutar finalmente en la parte decisiva. Sea como fuere, estas opciones de minimización para regularizar las construcciones en zona rural exigen condiciones para ser totalmente legales: solucionar vertidos ilegales a través pozos ciegos, integrarse en el paisaje, medidas que mitiguen incendios o inundaciones... Elche es la ciudad de toda la Comunitat con más terreno susceptible de 'minimizar': más de 250 hectáreas.
