ELCHE. La Conselleria de Política Territorial junto a la concejalía de Urbanismo han abierto la puerta a normalizar la situación de irregularidad en la que están instaladas tanto viviendas como empresas en suelo no urbanizable, es decir, en el Camp d'Elx. De acuerdo a una ley aprobada a nivel autonómico en 2014, los propietarios de las mismas pueden acogerse a esta para regularizar su situación, que viene desde hace décadas. En ese sentido, en lo referente a las firmas, son en torno a 300 las que se encuentran en situación irregular a lo largo de las pedanías al estar en suelo no urbanizable, según ha calculado la concejalía de Urbanismo en base a denuncias de la Policía Local o del Seprona. Según indicó el director general de Urbanismo, Vicente García Nebot, en el servicio territorial de Alicante se han acogido una quincena que han pedido ya la Declaración de Interés Comunitario (DIC) extraordinaria para regularizar.
En lo referente a las viviendas, la edil del área, Ana Arabid, apunta que se está trabajando desde la sección de Disciplina Urbanística de la concejalía para ver cuántas son y hacer una base de datos, "aunque el trabajo está bastante avanzado", por lo que se espera que en breve se conozcan cuántas son. Eso sí, señala que están repartidas por todas las zonas del campo, y serán bastantes puesto que en Elche hay gran cantidad de viviendas unifamiliares. De hecho, en toda la Comunitat son un total de 350.000 las casas de este tipo que están fuera de ordenamiento. Según apuntó García Nebot, muchas de ellas se deben a la explosión urbanística durante los finales de los 80 y 90 por la mejora económica. Eran principalmente huertos que luego evolucionaron de una inicial casa de aperos de labranza y que tuvieron un crecimiento progresivo, "al final acabando con una piscina y auténticos chalets". U otros casos en los que sin necesidad de hipotecarse, por el boom inmobiliario, se construyeron los chalets directamente.
La edil de Urbanismo junto al alcalde y el director general Vicente García NebotActualmente, en la ciudad existen muchos expedientes de infracción urbanística abiertos a estas viviendas por su situación irregular. No obstante, que esté abierto no significa que se haya ejecutado hasta el final del proceso, lo que supone la demolición. Eso sí, la apertura del expediente sí que implica una sanción económica según tramos y dependiendo del valor de la obra construida. "En los últimos años no se ha llegado a demoliciones salvo casos extremos", puntualiza la concejal, quien añade que acogiéndose a esta norma y al plan de minimización para reducir el impacto ambiental, se constituye un expediente de restablecimiento. Con él se paralizan los expedientes en curso hasta que se tramite esa 'minimización' y se resuelva, a no ser que la demolición ya esté en curso.
Respecto a las compañías, la otra cara de la legislación son los planes especiales en suelo no urbanizable. A ciencia cierta en Elche son 300, aunque puede que sean más, porque estás son solo las que han recibido alguna denuncia. Por el momento, tan solo se han presentado 15 para su regulación, una de ellas una compañía de áridos, por ejemplo. La situación viene de los años 70 y 80 "por diferentes factores", apunta Arabid, entre los que destaca la falta de suelo industrial en esa época o la propia carestía del suelo para adquirirlo, ya que en muchas ocasiones se trata de pequeños almacenes o talleres. En cuanto a cómo se ha llegado a estas cifras, asevera que aunque pudieran tener licencia de obra, en aquella época la legislación urbanística era más laxa que ahora, "por lo que no había una previsión legal a largo plazo". Ahora que esa legislación está más desarrollada y es más dura, se abre la puerta a la regulación de estas situaciones. Con todo, también añade que no se ha actuado en otras ocasiones por falta de medios; "los hay para abrir el expediente pero no para la demolición".
Sobre estas cuestiones, el director general de Urbanismo apuntaba que con estos procesos de minimización de impacto, "una oportunidad para aquellas construcciones ilegales", los propietarios también pueden poner en su patrimonio la misma, sea para hipotecar, dejar en herencia o declarae la obra nueva. Mientras tanto, son aspectos que ahora no se podrían hacer si no se entra en este procedimiento y que pueden generar problemas en servicios básicos como el alcantarillado u otros suministros.
Con todo, García Nebot considera que esta decisión es una suerte de mal menor, ya que estas viviendas "no tuvieron la autorización porque no podían tenerla y no podían cumplir las condiciones, ni nadie se preocupó de haberlo hecho en su momento, pero esa situación ha hecho que se consoliden y no se puede hacer de otra forma que a través de este sistema, y con esto minimizamos ese impacto medioambiental". De lo contrario, habría que iniciar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística y derribar. Por último, resaltaba que las condiciones para edificar vivienda y que se cumplan las condiciones de superficie apenas se cumplen, puesto que hace falta una hectárea de suelo —10.000 m2— o 12 anegadas valencianas. "Se cumple muy poco, salvo excepciones".
