Formalización del Consejo de DirecciónELCHE. Este miércoles se constituía el Consejo de Dirección de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), que tendrá como objetivo asumir las competencias de disciplina urbanística —infracciones, regularizaciones, etc.— de los municipios valencianos que se quieran adherir, que en este caso son de momento 183 de todo el territorio. Con todo, sigue quedando la cuestión sobre la ubicación que tendrá. A nivel provisional se ha escogido ya un local municipal que estará en las inmediaciones del Consistorio, aunque para la sede definitiva a medio plazo habrá que esperar dos años, a final de legislatura.
En ese sentido, el gerente de la agencia, Manuel Civera, señala que estas semanas se ha estado priorizando la búsqueda del local, que tenía que entrar dentro de los parámetros administrativos de la Generalitat para poder entrar en el alquiler. Ni desde la administración valenciana ni desde el Ayuntamiento han querido indicar cuál es, tan solo se ha especificado que es un local "totalmente equipado" para uso de oficina, sin necesidad de rehabilitación y muy cercano al Ayuntamiento, dado que la idea era también que los servicios administrativos estén lo más cerca posible del Consistorio. Justamente estos días el Ayuntamiento adjudicaba un contrato de alquiler para las nuevas dependencias de Urbanismo en los Pisos Azules, por lo que sus instalaciones en la calle Uberna quedarían liberadas.
No obstante, el propio Ayuntamiento ofreció a la AVPT un listado de posibles alquiler en locales del centro, así como la propuesta de dos inmuebles para la sede definitiva en la que se tendrá que instalar en un plazo de dos años, calcula Civera, "cuando estén ya a pleno rendimiento la plantilla de 35 funcionarios". Se ofreció como contó este medio la opción de la antigua sede de la ONCE, así como la vieja Tesorería de la Seguridad Social, que también es una de las opciones que maneja Políticas Inclusivas para una de sus futuras sedes. Así, la Generalitat tendrá que buscar el encaje entre estos inmuebles u otros posibles que estén libres. "Tenemos necesidad de encontrar una sede para medio plazo, que tenga unos 500 metros cuadrados", explica el gerente, añadiendo que las agencia tendrá también unas dependencias auxiliares aparte del edificio final. El plazo que se da es un par de años, final de legislatura, ya que hay que licitar el proyecto por posibles reformas o adecuaciones y que encaje con los objetivos de eficacia en la gestión o incluso con otras posibles sedes autonómicas, como la otra mencionada.
Por otra parte, la Agencia tiene la estructura inmediata con la secretaría general y tres jefes de servicio de libre designación que se nombrarán a corto plazo. Se está buscando a funcionarios que tendrán que venir en comisión de servicio, es uno de los posibles obstáculos que mencionó la secretaria autonómica de Política Territorial, Imma Orozco, dado que hay que convencer a una veintena de funcionarios par que se desplacen a Elche y que sean de la zona, ya que asumían que sería difícil que quisieran salir de València. Con todo, Civera apuntaba que "siempre es una opción atractiva para que puedan asumir el reto", al tiempo que explicaba que están trabajando con un panel de candidatos para los cargos de libre designación que ya han manifestado su voluntad de trasladarse al municipio ilicitano. "Tienen años de experiencia en la gestión pública", indica el gerente. Tras ello, quedarían además del grueso de la plantilla, las jefaturas de sección, que espera puedan estar ya disponibles en el próximo mes de enero.
Hasta ahora, se han cumplido cinco hitos con la AVPT, la elaboración de los estatutos, el nombramiento del director, la adhesión de 183 municipios hasta la fecha, la aprobación del presupuesto para 2022, que será de tres millones de euros, y ahora la constitución del Consejo de Dirección. Para el conseller Arcadi España, "la constitución de la Agència es una declaración de intenciones importante por parte del Consell", ya que "la ordenación del territorio es tarea de todos y es fundamental en la lucha contra el cambio climático y el avance hacia la sostenibilidad". Zanjaba su intervención asegurando que tendrá un "impacto positivo" en el empleo, en el entorno y en la ciudadanía "al cumplir la legalidad en el ámbito urbanístico".
