Chalet en el Camp d'ElxELCHE. Un día después de que se hiciera público que la conselleria de Política Territorial y Urbanismo plantea regularizar 350.000 viviendas ilegales en todo el territorio valenciano, lo cual presentó en Elche en una reunión junto al equipo de gobierno y los técnicos por la situación de irregularidad de empresas y chalets en el municipio, las reacciones no se han hecho esperar. Entre ellas, de algunos integrantes de la Associació per al Desenvolupament del Camp d'Elx (ADR), que no descartan ir al Síndic de Greuges después de estudiar la situación, por el agravio comparativo por quien sí cumplió con la legalidad urbanística, o lo intentó con nuevas actividades.
En ese sentido, como señalaba el jueves este medio, a lo largo de las pedanías hay al menos 300 empresas en situación irregular en suelo no urbanizable, de las que por el momento tan solo 15 han tocado a la puerta de Conselleria para regularizar su situación. Como indican algunas de las fuentes consultadas en ADR, "mucha gente en el campo lleva sufriendo las consecuencias" de no poder haber desarrollado actividades propias del campo por obstáculos legales o burocráticos. Entre algunos casos, bodegas que se han tenido que instalar en el Polígono de Carrús, al igual que productoras de zumo de granada o incluso otras que se han desplazado a Catral porque no se les permitía desarrollar esa actividad en el campo.
Ahora no entienden por qué se les permite regularizar su situación a quienes no han cumplido con la ley, cuando otros han 'sufrido' las consecuencias de intentar legalizar su actividad. Y apuntan que "en algunos restaurantes que llevan activos 50 años se han tenido que hacer obras espectaculares, con instalación de depuradoras y otros acondicionamientos a la normativa urbanística". Lamentan que en su momento desde Urbanismo se les llevó a instalarse en los polígonos porque su actividad era industrial: "¿qué sentido tiene instalar en Carrús una actividad de transformación agrícola?", reflexionan.
Actividad agrícola en el Camp d'Elx / ADRCritican que estos años se ha gastado bastante dinero en sacar adelante negocios de casas rurales o albergues "y se han tenido que abandonar por intentar hacerlos legales y sostenibles, mientras que ahora se puede legalizar cualquier chalet mal hecho y sin depuradora". Una de las actuaciones que lleva años pidiendo la asociación para introducir en el Plan General, que a su juicio, el gobierno modifica según le interese, una coyuntura que indigna en el campo, aseveran, ya que hay gente que vive en él y que tiene que seguir haciendo agricultura en el Camp d'Elx, y sienten que les puede denunciar cualquiera que se haya hecho un chalet al lado, "que en muchas ocasiones es de gente que vive en la ciudad". Así pues, defienden que en otros municipios se trabajan estas situaciones de otra forma, por lo que no entienden la 'amnistía' urbanística de la Generalitat: "¿Y todos los que hemos cumplido con la legalidad?", sentencian.
Así pues, se trata de un asunto que puede traer cola y que no ha hecho más que empezar por esa tabla rasa que anunció el jueves el director general de Urbanismo, Antonio García Nebot. Por una parte defiende que con los planes de minimización se puede mejorar ambientalmente si se cumplen unas normas por la reducción del impacto en el medio, pero por otra muestra las costuras de un modelo urbanístico de los últimos treinta años en los que se ha permitido de todo en el sector inmobiliario, connivencia de las administraciones mediante, que en su momento no hicieron nada.
Ahora, como defendió García Nebot, muchas de esas actividades o viviendas se han consolidado, por lo que no se pueden demoler, lo que abre una situación contradictoria que frustra a quienes tuvieron que buscar alternativas para cumplir la legislación. En las pedanías, en viviendas alegales en algún azarbe del Vinalopó o el barranco de San Antón afectadas por el Patricova que se inundan constantemente... Son muchas las situaciones que habrá que estudiar. En lo municipal, la responsable de Urbanismo Ana Arabid señaló que en algunas situaciones no se actúa por falta de medios, que en otras se construyó hace décadas en terrenos no urbanizables por una legalidad laxa y que hay muchos expedientes abiertos.
