Una de las concentraciones de protesta organizada por los sindicatos para reclamar la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Alicante. ALICANTE. Un paquete de reivindicaciones laborales por parte de la delegación municipal del Sindicado de Empleados Públicos (SEP-CV) puede acabar lastrando la entrada en vigor del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante para este ejercicio. Ese paquete de peticiones ha quedado plasmado ya en forma de alegaciones a las cuentas, aprobadas de forma provisional tras el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP) y Vox, lo que motivará que los técnicos de la Concejalía de Hacienda las sometan a evaluación para plantear una propuesta de resolución que quedaría expuesta a debate y votación en comisión, primero, y pleno, después. Eso sí, siempre que se admita su validez desde el punto de vista formal, una vez que se compruebe que las objeciones planteadas se ajustan a los supuestos previstos en la tramitación de las cuentas.
¿La consecuencia? En el caso de que se acepten como válidas, cierto retraso en la disponibilidad de las previsiones presupuestarias que, en la hipótesis de que no se hubiesen registrado alegaciones, quedarían automáticamente en vigor a partir del 12 de febrero: la fecha en la que, según fuentes del equipo de gobierno, concluía el plazo de exposición al público del proyecto. Por el momento, eso sí, no ha trascendido todavía que se haya registrado ningún otro paquete de alegaciones al margen del promovido por el SEP, aunque todo parece indicar que otras delegaciones sindicales representadas en el ayuntamiento (CCOO, UGT, FESEP y CSIF) también podrían plantear sus propias objeciones, previsiblemente, con peticiones similares.
¿Qué se plantea en concreto en ellas? Básicamente, medidas relacionadas con las condiciones laborales de los funcionarios. Como reivindicaciones fundamentales, se solicita que se incremente la partida de personal para dar cabida a la convocatoria de nuevas plazas que refuercen la plantilla municipal, después de que se haya acordado la amortización de 66 puestos, según apunta el sindicato. Entre esas nuevas plazas, además de agentes de Policía Local, se subrayaría la necesidad de incorporar a los trabajadores sociales que ahora están contratados a través de la subvención autonómica que se reguló en el contrato programa suscrito con la extinta Conselleria de Políticas Inclusivas durante la pasada legislatura autonómica.
Además, el sindicato también reivindica que se amplíe hasta 2,5 millones la partida inicial de un millón prevista para el desarrollo de la llamada carrera profesional, en el que se contemplan mejoras retributivas para los trabajadores municipales y un sistema de promoción a partir del cumplimiento de determinados requisitos (antigüedad, formación, etc.). De igual modo, el SEP solicita que se cree una partida de 250.000 euros para financiar la redacción de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT); que se provean sendas partidas de 150.000 y 50.000 euros para renovación de vestuario de los trabajadores municipales; o que se recupere la cantidad asignada al fondo de pensiones de los empleados (más de 335.000 euros en 2010).
En esta línea, también solicita que se recuperen otras medidas que también se cancelaron tras la aplicación del plan de ajuste, como las indemnizaciones por jubilaciones voluntarias, los premios de antigüedad y hasta la cesta de Navidad, así como una nueva partida adecuada para la adquisición de vehículos eléctricos para renovar la flota municipal. Asimismo, demanda que se habilite otra partida de 100.000 euros para propiciar el desarrollo del teletrabajo con la adquisición de los equipos que resulten necesarios.
¿Cómo se cubrirían esas partidas de nueva creación o que deberían quedar suplementadas? El SEP no llega a concretar de qué órganos concretos se detraerían las cantidades necesarias para disponer de esos recursos adicionales ajustados a sus pretensiones. No obstante, sí plantea que podría recurrirse a la partida de más de 1,1 millones (1.167.474,70 euros) habilitada para cubrir los emolumentos de los nuevos cargos directivos previstos en el decreto de reestructuración municipal, firmado por Alcaldía en septiembre, toda vez que el equipo de gobierno ya ha manifestado que no se prevé dar cobertura por ahora a todas las direcciones generales amparadas en esa reorganización (quince puestos en total). Por el momento, como ha informado este diario, solo se ha producido el nombramiento de dos coordinadores generales y de la directora general de Planeamiento y PGOU.
