ALICANTE.El año 2023 ha sido especialmente intenso para el tejido industrial de la Comunitat Valenciana. El año que dejamos ha estado marcada por la incertidumbre en las grandes inversiones, sobre todo, las ligadas a la industria; por la desaceleración en las exportaciones y por la recuperación (casi total) del sector turístico, que presenta cifras como las del 2019, con el aeropuerto de Alicante-Elche marcando récords. Las materias primas siguen con precios altos y el coste de la energía parece estabilizarse. Muchas de las incógnitas que se plantearon en 2023 sí que se han confirmado: como la llegada de la gigafactoría de baterías Volkswagen a Sagunto; la apuesta por el desarrollo de la industria aeroespacial en Elche con el hito de PLD Space;, el inicio de las obras del almacén logístico de la multinacional Dachser y el de las obras de la segunda terminal de mercancías de JSV Logístic en el Puerto, así como el de la consolidación del puerto base de MSC Cruceros en la ciudad de Alicante para sus recorridos por el Mediterráneo.
Pero hay cuestiones que siguen sin resolverse, o que están o estarán condicionadas por los movimientos políticos. Estas y algunas más son las principales incógnitas empresariales que deberían despejarse en los próximos meses.
Uno de los procesos que debe despejarse en el primer tercio de 2024 es el concurso convocado por la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) para contratar los servicios de un equipo gestor profesionalizado para los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz, una vez confirmado su regreso a la actividad para el que fue diseñado. La licitación se ha cerrado provisionalmente con la selección de la estadounidense MBS Group como adjudicataria del contrato, con una duración de cinco años. No obstante, algunas de las compañías que también presentaron oferta han anunciado ya la interposición de recursos al ver desajustes en los informes emitidos por la comisión técnica de evaluación, con lo que todo parece apuntar que la contratación podría quedar bloqueada durante meses.
Otra de las ecuaciones que podrían acabar despejándose durante 2024 es el devenir del proyecto promovido por XC Business para situar una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante.
Se trata de una propuesta planteada a finales de 2018 que sigue pendiente de que se resuelva la concesión de licencia de obra y actividad que ampare su funcionamiento, después de que haya decaído el límite de distancia respecto a núcleo habitado que promovió el anterior Consell del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem EU). El Tribunal Constitucional (TC) admitió el recurso de inconstitucionalidad registrado por el Gobierno por un supuesto de invasión de competencias respecto a la regulación de las actividades autorizadas en el ámbito de la red de Puertos del Estado, con lo que esa disposición quedó anulada. La compañía aspira ahora a desarrollar una planta con hasta tres fases distintas, que comprenderían la instalación de hasta 20 depósitos de distintas dimensiones y capacidad, casi cinco años después de haber logrado que la Autoridad Portuaria de Alicante amparase su encaje en la concesión de la terminal de mercancías que gestiona TMS.
Otro de los elementos pendientes de definición en este 2024 es el del proyecto de remodelación de la red ferroviaria de Alicante de la llamada Variante de Torrellano. No es una incógnita que afecte a una empresa concreta, aunque sí tiene repercusión sobre la capacidad competitiva del eje Alicante-Elche tanto en lo que respecta a las posibilidades para el transporte de mercancías como para el flujo de pasajeros que resulta esencial para el sector turístico.
Hasta ahora, se ha anunciado que la ejecución de ese nuevo trazado por el interior requerirá necesariamente de la electrificación provisional del recorrido actual por el litoral de la línea entre Alicante y Murcia para que pueda producirse el entronque con el Corredor Mediterráneo. Esa decisión ha generado contestación social, además de rechazo institucional y empresarial, hasta el punto de que se ha instado al Ministerio de Transportes a optar por la tramitación urgente para la contratación de las obras de la Variante de Torrellano, con el propósito de acelerar su ejecución y evitar la electrificación que se pretende temporal.
No obstante, por ahora se desconocen plazos concretos en los que se prevé iniciar los trabajos, después de que ya se haya finalizado el estudio informativo de su trazado con la incorporación de los informes que garantizan su rentabilidad económica.
Otra de las grandes incógnitas de este 2024 serán los Presupuestos Generales del Estado y las inversione que incluyan. Pero además de ello, hay otro nudo pendiente de resolver, como es la eliminación del peaje de la segunda circunvalación de Alicante, para el cual ya se dispone de un estudio. Como ha publicado Alicante Plaza, la opción está contemplada; faltaría en todo caso la decisión política. Tendría un coste de 5 millones de euros, que es la cifra que se valora del mantenimiento de la segunda circunvalación y que ahora se financia con los ingresos de los peajes de estos 34 kilómetros de autopista. La eliminación del peaje ayudaría a descongestionar la A-70, que plantea momentos de descongestión en diferentes puntos horarios, como se se ha podido ver en 2023, cuando la ciudad de Alicante acometió las obras del frente litoral. Así que, además de las inversiones -algunas ya conocidas como el tercer carril de la AP7 entre Orihuela-Crevillent y las obras complementarias de la variante de Benissa-, la eliminación del peaje sería una buena noticia para los usuarios de la A-70.
Los acuerdos de gestión de las concesiones sanitarias de la Comunitat Valenciana van finalizándose. El próximo mes de abril volverá a manos públicas el departamento de salud de Dénia. Mientras, en Manises será en el mes de mayo. Sin embargo, no acaba de quedar claro si el último de los departamentos bajo este modelo, el del Vinalopó, será revertido en 2025 o si se prolongará con la prórroga. En todo caso, será en 2024 cuando la Conselleria de Sanidad debería comunicarle a Grupo Ribera la decisión.
No obstante, en los últimos años, la compañía liderada por Alberto de Rosa ha ido tomando posiciones en el ámbito privado de cara a la finalización de las concesiones. De hecho, ha sido en el último tramo del 2023 cuando decidió adquirir el Hospital Imske de traumatología a los hermanos Muñoz Criado, lo que supone su primer centro en la ciudad de València. Un espacio que se une a los que ya gestiona en otras autonomías como Galicia o Murcia.
La Conselleria de Innovación que desde el pasado mes de julio dirige Nuria Montes está repensando la estrategia de Distrito Digital, proyecto estrella del anterior Consell para favorecer un cambio de modelo productivo en la Comunitat hacia la nueva economía, pero cuya principal función hasta la fecha ha sido alquilar espacios de trabajo a empresas del sector tecnológico y startups a precios por debajo de mercado. Montes ya dejó entrever en su reunión con la CEV el pasado septiembre que quería huir del coworking en el que se ha convertido el proyecto, pero queda ver cómo.
Fuentes de la Conselleria indican que, al menos hasta el próximo mes de mayo, el funcionamiento del Distrito Digital seguirá más o menos inalterado. Hasta esa fecha tiene vigencia el contrato (muy importante en volumen) que se firmó en 2022 con una consultora especializada en captar empresas internacionales, con el objetivo de atraer firmas hacia las instalaciones del proyecto en Alicante. Una vez que finalice dicha relación contractual, llegará el momento de decidir si se mantiene la estrategia o se le da un giro. En la actualidad, las instalaciones de Distrito Digital (en Ciudad de la Luz, el puerto de Alicante y subsedes) se encuentran ocupadas en estos momentos en torno al 50% de su capacidad.
En el marco de la Generalitat Valenciana, una de las incógnitas que se cierne para el mundo empresarial es, ¿qué va a pasar con el Ivace y la Agencia Valenciana de la Innovación? Muchas especulaciones se han respecto al tema, desde una posible integración de la AVI en el Ivace, a una desaparición de ésta o una fusión. Sin embargo, desde la Conselleria de Innovación, Industria y Turismo insisten en que es una cuestión que se sigue estudiando, y que por el momento no se ha tomado una decisión.
Por lo pronto, el presupuesto de 2024 presenta un fuerte ajuste en sus políticas de apoyo a la innovación. En concreto el presupuesto de la AVI se reduce en un 16,80% y hay una bajada generalizada en todas las líneas de innovación del Ivace que afecta a empresas, centros tecnológicos y otras entidades. Por lo pronto, el Consell todavía no ha nombrado a nadie para la vicepresidencia ejecutiva de la AVI, por lo que habrá que ver cómo termina por resolverse.
Uno de los asuntos que más polémica han alzado en el territorio de la Comunitat en el año 2023, y especialmente en la provincia de Alicante, es la implantación de plantas de energías renovables, fundamentalmente fotovoltaicas. La ubicación en tierras del interior, algunas de ellas con actividad agraria centenaria, ha hecho que diversos colectivos vecinales y ecologistas, así como diferentes ayuntamientos, hayan mostrado su rechazo a la implantación. Esto, unido a una tramitación compleja, en ocasiones lastrada por la burocracia autonómica y estatal, hace que sea difícil prever cuántas plantas van a ver avanzar los proyectos.
Las pequeñas instalaciones parece que tienen garantizado su futuro, pero entre las grandes son varias ya las que han visto cómo se quedaban por el camino. Entre las mayores, hay muchas incógnitas por resolver. Algunos proyectos han sido rechazados, tanto por la Generalitat como por el Gobierno, pero hay colectivos y ayuntamientos que mantienen un lucha contra plantas de más de 100 Mw que amenanza con causar un importante impacto visual, paisajístico y económico en determinadas comarcas, como el Vinalopó, como 1.000 Mw proyectados.
A mediados de este pasado mes de diciembre el Gobierno daba finalmente luz verde a las obras de la terminal de contenedores en la zona norte del Puerto de Valencia, tras un largo periplo burocrático y judicial. Tras esa aprobación, rápidamente el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) sacaba el pliego con las condiciones jurídico-económicas para licitar la obra por un presupuesto base de 660 millones de euros (IVA incluido). A este montante hay que añadir la inversión que realizará la naviera suiza MSC, adjudicataria de la concesión, que rozará los 1.300 millones.
Un movimiento que pone la maquinaria en marcha para iniciar la construcción de una infraestructura que lleva años de parálisis. Tanto es así que el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, exigía que su tramitación fuera por la vía de la urgencia para acelera plazos y "ganar el futuro por el que tanto se ha luchado". Un desarrollo cuyos avances se vislumbrarán este próximo 2024.
La crisis de Ford Almussafes ha provocado un fuerte terremeto en la industria auxiliar valenciana. En los últimos meses se han conocido el fin de la actividad de SAS, proveedor de salpicaderos a Ford, y el de Lear, fabricante de asientos, que esta semana cerraba un ERE que afectará a sus 159 trabajadores. "Lear cesa su actividad productiva definitivamente con motivo de la finalización de la producción de la furgoneta Ford Transit Connect y la incertidumbre de nuevos modelos a futuro", explicaba la firma en un comunicado.
También, Rhenus Automotive, proveedora de Ford, ha anunciado el cierre de su fábrica y un ERE sobre sus 118 trabajadores, tras haber perdido las áreas asignadas por Ford para la furgoneta Transit, que dejará de fabricarse en la planta valenciana. Además, la multinacional prevé llevarse a otra empresa los trabajos que realiza ahora para el modelo Kuga.
La compañía alemana ThyssenKrupp anunciaba a mediados de noviembre su decisión de cerrar su planta Galmed en Sagunto, de acero galvanizado, y el despido del centenar de trabajadores de la factoría. Una historia que se repetía, ya que en 2013 decretó el cierre de la planta por los malos resultados del grupo metalúrgico alemán. Sin embargo, reabrió en 2016 con 82 trabajadores, momento en el que el grupo alemán acababa de alcanzar un acuerdo para quedarse una de las dos plantas de Thyssen Ros Casares dentro de la liquidación ordenada de los bienes del grupo Ros Casares.
Ahora, la situación es distinta, pero la Generalitat Valenciana ha abierto un proceso de negociación para intentar retener a la compañía y evitar el cierre. Un diálogo cuyos frutos se conocerán este 2024 con la decisión final de la compañía.
El azulejo y sus industrias hermanas, las fritas y esmaltes y la maquinaria cerámica, atraviesan en los últimos años una de las peores crisis de su historia reciente. Los desmesurados costes del gas, en un principio, y la falta de demanda derivada de la situación económica global, unida a la cada vez mayor competencia internacional, posteriormente, han provocado una ralentización en las ventas y en la actividad productiva de la principal industria castellonense.
Sin un apoyo de la Administración claro, esto se ha traducido en infinidad de medidas laborales, que han adoptado la mayoría de las compañías. Asimismo, los cierres y concursos de acreedores comienzan a ser habituales entre los fabricantes de revestimiento y comienzan a extenderse a los sectores vinculados.
A raíz de cada crisis, el sector cerámico castellonense cambia, como ya pudo verse en la surgida del crack inmobiliario de 2008. Ahora falta por ver cuándo puede comenzar a reactivarse la actividad azulejera (los más optimistas hablan del próximo verano, a raíz de la bajada de tipos de interés que devuelva a la vida a la construcción local e internacional) y cuál es el impacto definitivo en un sector económico clave para la Comunitat Valenciana y España.
Marie Claire, con más de 125 años de historia, se debate estos días en la cuerda floja. La centenaria textil de Vilafranca busca como agua de mayo un inversor que le ayude a mantener una actividad, aunque esta sea mucho menor a la de los últimos años. La llegada de los nuevos propietarios, la compañía A2D Business Retail, hace ya más de dos años y medio, no ha surgido el efecto esperado, como tampoco el balón de oxígeno que le insufló el Institut Valencià de Finances (IVF) en forma de dos préstamos por 21 millones de euros.
En el concurso de acreedores abierto, el último paso ha sido la solicitud para prorrogar el expediente de regulación temporal de empleo que afecta a los 72 empleados que todavía están en nómina en la empresa (aunque ahora la cobren de la Seguridad Social) a la espera de materializar la llegada de un inversor que le aporte el músculo financiero que necesita una compañía clave para la supervivencia de una comarca.
Las recientes declaraciones de la consellera de Industria, Nuria Montes, que ha calificado a la firma de "muerto viviente" y ha negado la posibilidad de seguir prestándole ayuda le han hecho un flaco favor. Habrá que ver cuál es la orientación definitiva.
Una de las infraestructuras clave de la provincia de Castellón, la plataforma logística vinculada al aeropuerto ubicado entre Benlloch y Vilanova d'Alcolea, tiene que acabar de definir su futuro. Impulsada por el anterior Gobierno autonómico, la zona de actividades complementarias ha pasado a depender ahora directamente de Presidencia de la Generalitat y ha perdido la consignación presupuestaria que tenía prevista para este 2024.
El nuevo equipo directivo del recinto aeroportuario castellonense debe decidir si da el empujón definitivo a la instalación, que ya tiene el plan especial aprobado y el proyecto de urbanización de la primera fase redactado. Para este paso solo se necesita una consignación económica... pero esto a veces es lo más complicado.