Un momento de una de las manifestaciones contra la planta de carburantes organizada por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS). Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los vecinos y representantes de distintas entidades sociales agrupadas en torno a la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) persisten en su oposición al desarrollo de la planta de almacenaje de combustibles promovida por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto para señalar que, en 2019, la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) debió analizar la solvencia económica de la compañía y desestimar el acuerdo que ampara su instalación, en lugar de aceptar su desarrollo con el mero trámite de la presentación de un aval, de 115.719,40 euros.
"La PPS considera que la Autoridad Portuaria es la responsable de haber autorizado la cesión de uso para construir y explotar una instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustibles" a una empresa de la que -según argumentan portavoces del colectivo, a través de un comunicado- no se supervisó su capacidad para desarrollar el proyecto. Y ello, a pesar de que se trataba de una competencia que le correspondía, ya que, según añade el comunicado, así lo apuntó la Abogacía del Estado "en su contestación a la demanda promovida por la PPS" frente a la modificación de la concesión de la que dispone TMS para explotar la terminal de mercancías, con la que se habilitaba la instalación de los depósitos de combustible en una parcela de 14.500 metros cuadrados.
Según las mismas fuentes, habría bastado con contrastar la información disponible en el Registro Mercantil para comprobar que la compañía no había depositado "sus cuentas anuales ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018, (y tampoco el año siguiente presentó las de 2019)". Es más, la PPS apunta que esa omisión se produjo de manera intencionada, "con una voluntad manifiesta de ocultación de su situación patrimonial real y sus actividades".
En segundo término, según argumenta la PPS, esa comprobación también habría permitido comprobar que "en sus últimos estados financieros que había depositado, y por lo tanto son públicos (los del 2013), presentaba unos datos de los que se deduce no solo que tiene muy poco volumen de actividad (que no se corresponde con lo que se pretende desarrollar en el puerto), sino también que estaba en situación de quiebra, es decir que debía más de lo que tenía".
A juicio del colectivo, la APA obvió ese análisis, además, a pesar de que "habían recibido 1.303 alegaciones" frente a la solicitud de modificación de la concesión" y a pesar de que en la gran mayoría de ellas "se hacía referencia a las dudas sobre la solvencia económica de la empresa XC Business 90 S.L. para acometer con garantías un proyecto de este tipo y se insistía en que esta empresa no estaba inscrita en el ROLECE que es el registro de licitadores del sector público que acredita frente a la administración entre otras cosas la solvencia económica y financiera".
Sin embargo, la APA desestimó esas alegaciones al sostener que las dudas sobre la solvencia de la empresa proponente eran "infundadas" en la medida en que el artículo 87.4 de la Ley de Contratos del Sector Público señala que "la solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto contractual de conformidad con lo establecido en el artículo 74.2, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas".
Además, la PPS recalca que la APA arguyó entonces que XC Business había aportado los "documentos y justificantes" requeridos para acreditar su solvencia técnica al referirse a "la presentación de aval bancario depositado a favor de la APA correspondiente a dicha garantía provisional". Ese aval ascendió al 2% del proyecto: los ya citados 115.719,40 euros.
De ahí que el colectivo recrimine que "de todas las opciones que la Ley le daba a la APA para garantizar la solvencia económica y financiera", se utilizase "lo único posible, el depósito del aval bancario (115.719,40 € del 2% de la primera fase del proyecto)". "Eso lo consideraron suficiente", recalca la plataforma, para un proyecto que, según concretó el administrador único de XC Business, Dionisio Díez, en una entrevista concedida a Alicante Plaza, requeriría de "un volumen de inversión" de 25 millones, concluye la PPS.
