BENIDORM. El Sindicato de Policías y Bomberos de Benidorm (SPPLB) sigue a vueltas con la petición de anulación de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por parte de la Subdelegación de Gobierno. Para el sindicato mayoritario del Consistorio, la decisión está basada en cuestiones políticas que obedecen a que el PP gobierna en Benidorm y es el responsable del documento que permitirá la subida de sueldo de muchos de los funcionarios. Para ello, mencionan la anterior RPT elaborada por el Consistorio bajo el mandato del PSOE en 2010.
En este sentido, recuerdan que por aquel entonces la subdelegada del Gobierno en Alicante era la socialista Encarna Llinares. El sindicato reclamó que intervinieran sobre la aprobación en pleno de la RPT por lo que consideraban que podía suponer un incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado incrementando la masa salarial en 4,5 millones de euros. Así, señalan que mientras su salarios se reducían un 5% por la situación económica del país, algunos "se subían los sueldos y se colocaban productividades desorbitadas hasta ganar más que el alcalde".
Como resultado, tal y como manifiesta el sindicato, Subdelegación les respondió que el Ayuntamiento tenía su capacidad de organizarse y que si había alguna duda ejercieran las acciones judiciales pertinentes ante la jurisdicción correspondiente.
Desde que se hizo pública la nueva decisión de anular la VPT, dicho sindicato se ha puesto en guardia ante lo que ellos opinan que podría "poner en tela de juicio" a sus compañeros técnicos y habilitados nacionales. El requerimiento de Subdelegación señalaba que se infringían varios preceptos legales, entre los que apuntaba a que preveía un aumento del complemento de destino en 214 puestos de trabajo, un 27,57% de los puestos totales. En cuanto al complemento específico, el aumento afectaba a 268 puestos, el 30,45% del total. Mientras que la norma establece un incremento de retribuciones con carácter general del 2%, salvo excepciones que resulten "imprescindibles", que no consiguieron acreditar.
"A nuestro parecer, estaría siguiendo directrices políticas para bombardear, paralizar, obstaculizar y reventar la VPT de Benidorm, porque no interesa políticamente que un gobierno de signo contrario cumpla las promesas adquiridas con la mayoría de las centrales sindicales", asegura el SPPLB en un comunicado.
Además, afirman que es incomprensible que una “chapuza sin precedente alguno” como la que dice fue la de 2010, "con informes en contra de la Intervención Municipal y sin informes completos del Departamento de Personal, pasara todos los filtros por la puerta grande de la Subdelegación de Alicante, con todas las presuntas ilegalidades que se cometieron y, por el contrario, la realizada ahora, que viene avalada por los informes de Secretaria General, Intervención Municipal y resto de técnicos de Personal, se encuentre constantemente en el punto de mira cuando los técnicos de esta casa no han observado ilegalidad alguna y el expediente fue aprobado en pleno con los votos a favor del PP, Cs y la abstención del PSOE". Por último, recordó que el portavoz socialista, Rubén Martínez, presentó una moción para que la VPT se aplicara de forma inmediata a partir de enero de 2021.