Un perito reduce a una cesión gratuita los viajes de Castedo a Ibiza en el yate de Ortiz

ALICANTE. Nueva jornada de periciales en el juicio por el supuesto amaño del PGOU de Alicante, una de las veinte piezas en las que se dividió el caso Brugal. Este miércoles, con el turno de las propuestas presentadas por las defensas de los nueve procesados, con las que han tratado de desmontar el relato de las acusaciones. En concreto, un economista propuesto como perito por la defensa de la exalcaldesa, Sonia Castedo, ha ratificado el contenido de su informe de valoración alternativa al elaborado por un perito escogido por designación judicial respecto al coste de los viajes a Ibiza realizados en el yate de Ortiz: una de las supuestas prebendas ofrecidas por el empresario a cambio de conseguir un trato preferente en la redacción del nuevo planeamiento de la ciudad, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, 

En esta línea, el perito ha sostenido que, según su criterio profesional, esos desplazamientos debían considerarse como una cesión gratuita de uso temporal y no como un arrendamiento en la medida en que se trataba de viajes programados de manera anticipada en los que también participó el propietario de la embarcación. Según ha explicado, no hubo arrendador, ni arrendatario, ni pago por el uso del barco, ni intermediario que hubiese percibido una comisión de al menos un 30% del alquiler, puesto que, según su experiencia profesional, esos desplazamientos debían considerarse como "una invitación con un grupo de amigos" en un viaje que el empresario ya tenía previsto. Cuando menos, el experto ha apuntado que esos son los hechos que le trasladó la representación legal de la exalcaldesa como base para la confección de su estudio.

Así, al contrario de lo sostenido en el informe pericial elaborado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el perito propuesto por la defensa de Castedo ha considerado que, en realidad, esos viajes tuvieron "un valor cero" en lugar de los 241.000 euros reflejados por el peritaje encargado por la acusación pública, aunque ha apuntado que él trató de darles una valoración alternativa encajando la naturaleza de los desplazamientos en alguna de las fórmulas legales existentes para tratar de asignarles un posible coste. En esta línea, ha ratificado que, según sus cálculos, cada viaje pudo tener un precio de 1.944 euros para dos personas (la exalcaldesa y su marido).

Para realizar ese cálculo, se habría considerado el 2% del 75% del valor del bien cedido, dividido entre 365 días. El resultado se habría dividido, a su vez, entre el número de personas que participó en cada uno de esos viajes: una circunstancia que, según ha remarcado, no se tuvo en cuenta en el peritaje realizado a instancias de la Fiscalía. Según ha explicado el perito, a él le detallaron que en el primero de esos desplazamientos participaron diez personas, y en el segundo, cuatro. Respecto al valor del yate, ha precisado que el precio que se computó fue de 9,5 millones. Además, ha señalado que, valorando los costes de desplazamiento y estancia, el coste de esos viajes habría ascendido a 2.795 euros, a los que se debería sumar 533 euros por persona y día en concepto de dietas.

Tanto el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, como los letrados del Ayuntamiento de Alicante y de la agrupación local de Esquerra Unida (que ejercen la acusación particular y la acusación popular, respectivamente) han incidido en señalar que los hechos que había utilizado como base para considerar que el viaje estaba programado por anticipado se los había aportado la defensa de Castedo, sin que él tuviese ninguna constancia objetivo de que fuese así. En esta línea, han tratado de sostener que esas invitaciones fueron en realidad regalos de los que Castedo y el resto de participantes no pudieron haber disfrutado a no ser que hubiesen recurrido al arrendamiento de una embarcación. Así, Briones ha llegado a apuntar que el yate de Ortiz se ofrece en alquiler por un precio de 132.000 euros en agosto.

Un segundo perito declara que encontró 157 indicios de manipulación en la grabación captada por Ángel Fenoll que dio inicio a la veintena de piezas separadas en las que se dividió la investigación sobre el 'caso Brugal'

Con carácter previo, también ha comparecido un primer perito propuesto por la defensa de Ortiz que también ha ratificado las conclusiones de un informe sobre la grabación de la conversación captada por el empresario oriolano Ángel Fenoll sobre el supuesto amaño de la adjudicación irregular del contrato de recogida de residuos de Orihuela: la conversación que dio inicio a las investigaciones del caso Brugal. El perito, técnico superior de Sonido, ha explicado que en el análisis de esa grabación elaborado por su empresa se detectaron hasta 157 anomalías que podían considerarse indicios de manipulación y que, de ellas, entre 20 y 25 eran anomalías muy claras. 

A preguntas de los abogados de las defensas, el experto ha sostenido que, según su experiencia, esas manipulaciones eran "muy burdas", no elaboradas por un profesional, y que se trataba de hacer coincidir los golpes realizados en el aparato de grabación con la aplicación de cortes. Con todo, a preguntas de las acusaciones, el perito ha admitido que él no pudo cotejar nunca el CD que le facilitaron para elaborar su informe con la grabación original. Tampoco pudo compararlo con las grabaciones que figurasen en ninguna de las causas judiciales abiertas a partir de esas conversaciones. Igualmente, ha señalado que ese CD se lo entregó un abogado y que desconocía cuál era su origen, aunque ha señalado que le comentaron que se las había facilitado la Policía.