ALICANTE. La polémica desencadenada a cuenta del a cuenta del acuerdo de transformación del faro del Cabo de las Huertas en un restaurante aboca al bipartito de Alicante (compuesto por PP y Cs) a tratar de resarcirse con la puesta en marcha de un proyecto que permita gestionar dos de los edificios más emblemáticos de la Isla de Tabarca: el edificio del faro marítimo y la Torre de San José.
Los dos partidos aliados al frente del Ayuntamiento pretenden recabar la implicación del Gobierno central y del Consell para conseguir la cesión de uso de los dos inmuebles con el propósito de convertirlos en centros de interpretación de la reserva marina y de las singularidades de la propia isla. En realidad, el planteamiento sobre el edificio del faro ya comenzó a gestarse en el mandato comprendido entre 2011 y 2015, como recordó el propio alcalde, Luis Barcala (PP), el pasado jueves, durante el desarrollo del pleno ordinario de octubre. El departamento municipal de Medio Ambiente ya dispondría de una propuesta con la que se comenzó a trabajar después de que, a finales de 2014, una empresa vinculada a la familia Castillo solicitase su concesión ante la Autoridad Portuaria con la intención de convertir el edificio en un hotel de siete habitaciones.
Tanto colectivos conservacionistas como el propio Ayuntamiento presentaron alegaciones contra esa solicitud de concesión, en las que alertaba sobre el impacto ambiental que esa actividad generaría sobre la isla. En esencia, en esas objeciones se advertía de que la conversión del edificio en un establecimiento destinado al alojamiento turístico requería de la ejecución de trabajos para dotarlo de servicios básicos, como el suministro eléctrico o el sistema de saneamiento. Así, finalmente el consejo de administración del Puerto acabó rechazando la petición en 2016.
Ya entonces, la Concejalía de Medio Ambiente trazó las bases de una propuesta alternativa que planteaba reservar el faro para uso público, con el desarrollo de un centro dedicado a ilustrar a los visitantes sobre la riqueza de la reserva marina de Tabarca. Ese es el proyecto que se pretende impulsar ahora, con la participación de la Conselleria de Transición Ecológica y del ministerio del mismo ramo, como se acordó en el pleno de octubre, en respuesta a una propuesta formulada por el PSOE complementada por el bipartito.
PP y Cs buscan la cesión de uso de la torre militar de la isla, después de que no haya quedado incluida en la permuta por el suelo de la comandancia de la Guardia Civil
En principio, la solicitud tendría el camino despejado, ya que, según fuentes portuarias, el faro también se encuentra sujeto al programa Faros de España de Puertos del Estado, con el que se persigue una vía de financiación complementaria para el mantenimiento y restauración de los faros y de sus instalaciones anexas. Eso sí, de registrarse esa solicitud de concesión apoyada en un proyecto de gestión público, el Puerto debería seguir los mismos pasos que se pusieron en marcha en el caso del faro del Cabo: se abriría un proceso público para que cualquier otro interesado también pudiese optar a esa concesión. Y finalmente se escogería la alternativa que se considerase más ventajosa entre el conjunto de las propuestas que se presentasen. En cualquier caso, fuentes municipales indicaron que, dadas las restricciones ambientales que rigen sobre la isla, cualquier proyecto que tratase de fomentar una explotación turística de carácter invasivo quedaría prácticamente descartada de antemano.
Al margen de ese proyecto de gestión del faro, el bipartito también pretende solicitar una cesión de uso sobre la Torre de San José: la estructura defensiva construida en 1790 que se utilizó como emplazamiento militar y como cuartel de la Guardia Civil. Lo cierto es que el Ayuntamiento ya había tratado de conseguir la titularidad de la torre en la operación de permuta pactada con el Ministerio del Interior para que se pueda construir la nueva comandancia de la Guardia Civil en una parcela de titularidad municipal situada en la partida de Rabasa. Sin embargo, el ministerio solo habría accedido a transferir las instalaciones de la comandancia actual, situadas en la calle San Vicente, sobre las dependencias del antiguo Hospital del Rey, sin incluir la torre en el intercambio de propiedades.
Así, la pretensión del bipartito sería tratar de negociar ahora un acuerdo paralelo con el ministerio para que autorizase al menos el uso del edificio con fines culturales y de promoción del medio ambiente vinculados al proyecto del centro de interpretación ambiental del faro. Según fuentes consultadas, el propósito del alcalde es concertar un próximo encuentro con los responsables de Interior para trasladarles esa petición.