ALICANTE. El perito de la empresa Taxo Valoración elegido por designación judicial que elaboró el informe de tasación sobre el coste de los viajes a Ibiza de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el yate del empresario Enrique Ortiz, ratificó este jueves, en el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General investigado en el caso Brugal que esos desplazamientos tendrían un valor de 241.000 euros: 131.000 el primero de ellos, en el verano de 2008, y 110.000 el segundo, un año después. En ese importe se incluiría el gasto del alquiler, así como el importe del combustible y de la tripulación que resulta necesaria para la navegación.
Según el sumario, esos viajes serían una de las supuestas prebendas con las que el empresario obsequió a Castedo a cambio de lograr un trato preferente en el que debía convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, durante su fase de redacción, entre los años 2007 y 2010. No obstante, ese planeamiento -que llegó a aprobarse de manera inicial en dos ocasiones para la presentación de alegaciones- no llegó a entrar en vigor: el equipo de Gobierno desistió de su tramitación en 2015, meses después de que se produjese la dimisión de Castedo.
El perito -que compareció por el sistema de videoconferencia- confirmó, así, las valoraciones del estudio aportado a petición de la Fiscalía Anticorrupción durante la fase de instrucción de las diligencias. No obstante, en esa misma fase, la defensa de Castedo aportó un segundo informe de peritaje con una conclusión muy distinta. En él, se valoraba el precio de esos viajes en poco más de 4.000 euros. Entre otros puntos, porque ese segundo estudio descontaba el coste que hubiese supuesto el arrendamiento de la embarcación, ya que se consideraba que no se produjo tal alquiler, sino una invitación.
Dos expertos de la Policía Científica atribuyen a José Luis Castedo la autoría de unas anotaciones manuscritas halladas en un documento de alegaciones
Por lo pronto, el letrado de la exedil, Ignacio Gally, cuestionó precisamente al perito autor del informe sobre su experiencia en el ámbito de las embarcaciones de alquiler, a lo que respondió que él asumió la elaboración de la tasación solicitada porque era el especialista de la empresa dedicado al alquiler de inmuebles.
En segundo término, durante la sesión del juicio también comparecieron dos especialistas de la Policía Científica, un facultativo y un inspector jefe, que también ratificaron sus informes de peritaje sobre las anotaciones manuscritas halladas en un documento de alegaciones que se intervino en el registro del bufete Salvetti Abogados. Ambos aseguraron que, del análisis de esa escritura, podía confirmarse sin género de duda que existía una identificación palmaria con la caligrafía del abogado José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa y también procesado.
La Fiscalía considera que Castedo y su socio en Salvetti, el abogado Javier Gutiérrez, participaron simultáneamente en la elaboración y en la resolución de las alegaciones al PGOU bajo sospecha. No obstante, en este caso, la defensa de José Luis Castedo también dispondría de una segunda pericial caligráfica en la que se concluye que la autoría de esas anotaciones no se le podía atribuir a él.