Un operario del servicio de recogida de la basura de Alicante. Foto: PEPE OLIVARES ALICANTE. No habrá más margen de maniobra para la UTE concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura de Alicante. La Concejalía de Limpieza que coordina el edil Miguel Ángel Pavón (Guanyar) desde hace un mes -cuando tomó las riendas del departamento en sustitución de su compañero de filas, Víctor Domínguez- pretende aplicar a rajatabla las cláusulas del pliego de condiciones por el que se rige el contrato y no autorizará la subcontratación de determinados servicios a la que se da cabida en ese mismo pliego si no responde a los requerimientos de información reiterados el pasado viernes. ¿De qué servicios se trata? El contrato ampara la externalización de hasta 15 tipos de trabajos: el desbroce de los márgenes de los caminos de las Partidas rurales; la recogida de la poda presentada o abandonada juntos a los contenedores; la gestión del ecoparque de la CN 340; el servicio de los ecopuntos; la retirada de algas de la orilla y su amontonamiento fuera de la misma en la zona de baño de San Gabriel; el cribado de la arena de las playas en verano entre las 3:00 y las 8:30 horas; la pala mecánica mixta para la limpieza de vertidos salvajes; la pala mecánica de repaso de playas en verano 2; la minipala mecánica para retirar la arena de los paseos marítimos; las excavaciones, terraplenados y transportes en el centro de tratamiento de residuos; las operaciones rutinarias de mantenimiento de maquinaria; la valorización de los rechazos de los residuos de la planta principal; el tratamiento de los RCDs; el refino del compost de RDs; y la explotación del frente del vertedero de RNP.
La prestación de todos esos servicios a cargo de terceros debe ser autorizada por el concejal delegado. Hasta ahora, según fuentes municipales consultadas, se habría ido concediendo autorizaciones tácitas de forma sucesiva tras confirmar las primeros permisos. Pero el nuevo responsable del departamento, Pavón, pretende ser estricto en el procedimiento y no se concederán esas autorizaciones sin tener acceso a toda la información requerida.
La concesionaria, compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica (de Enrique Ortiz), debe facilitar toda la documentación solicitada en el plazo de diez días desde la recepción de este segundo requerimiento con el propósito -según fuentes de la concejalía-, de que se pueda llevar a cabo un control efectivo de la prestación del servicio. Se trata de información que la UTE no habría llegado a aportar en su contestación al primer requerimiento.
En ese trámite, la concesionaria sí respondió parcialmente a algunos de los asuntos por los que se le cuestionaba. Sostuvo que el Ayuntamiento tenía a su disposición desde el año 2014 un despacho en las instalaciones del centro de tratamiento de residuos, gestionado por la UTE, con un ordenador para poder acceder al listado de mano de obra diaria. También que, desde ese mismo año, se había facilitado las claves de seguimiento vía GPS para controlar los movimientos de la flota de vehículos tanto a los técnicos municipales a cargo del contrato como a los inspectores municipales. Y, por último, aportó un listado de servicios subcontratados a terceras empresas que, en su mayor parte, caducaban este mes de septiembre.
La concejalía alerta de que si no se facilita esa información que se considera esencial para controlar el servicio se incurrirá en incumplimiento grave, motivo de resolución del contrato
Limpieza consideró que esa información era insuficiente y no respondía al objeto del requerimiento. Primero porque se reclamaba poder acceder desde cualquier ordenador al listado de mano de obra operativa, sin que los técnicos a cargo de la supervisión del contrato tuviesen que desplazarse hasta las instalaciones de la UTE. Además, se le reclamaba el listado de la plantilla que ha desempeñado labores de limpieza en los últimos 24 meses. Segundo, porque el acceso al GPS de la flota de vehículos se solicita para los nuevos supervisores del servicio y porque, además, no es cierto que los inspectores municipales hayan tenido nunca acceso a ese sistema de seguimiento. Y tercero, porque junto al listado de empresas subcontratadas no se adjuntaba copia de los contratos suscritos, de modo que no se podía atestiguar que efectivamente se había producido esa subcontratación.
Fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza indicaron que se ha abogado por conceder un nuevo plazo para que se complete la información solicitada, ya que, según las mismas fuentes, el responsable de la UTE, Manuel Docampo, sostuvo, en una reunión de trabajo con el nuevo titular de la concejalía, que se entregaría toda esa documentación sin problema. Esa reunión fue posterior al envío del primer requerimiento por lo que, según las mismas fuentes, Limpieza habría querido interpretar que -a la vista de la información facilitada- se habría producido algún malentendido o falta de comunicación interna en la propia UTE.
Sea como fuere, las mismas fuentes señalaron que no habrá más aplazamientos: si no se entrega la documentación requerida de manera pormenorizada, se aplicarán las sanciones previstas en el pliego. Es más, advirtieron de que la imposibilidad de llevar un control efectivo del servicio por la denegación de esa información supone un incumplimiento grave o muy grave con el que se podría instar la resolución del contrato por causas imputables al adjudicatario.
