El TSJ ampara la negociación sobre la contrata de jardines de Alicante: posible acuerdo hasta marzo

ALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) da margen a la negociación en el conflicto suscitado en torno a la contrata de mantenimiento de zonas verdes de Alicante. Eso sí, con un plazo límite concreto, sin que la búsqueda de ese acuerdo pueda alargarse sine die. Así se constata en el decreto dictado el 17 de enero por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal autonómico, por la que se acepta la petición presentada por el Ayuntamiento de Alicante y por la empresa Geamur y se suspenden los plazos para la ejecución de la sentencia favorable a la compañía. 

Se trata de una decisión justificada en la voluntad de alcanzar un entendimiento que las dos partes manifestaron en su petición a la hora de resolver cuál es la fórmula más indicada para zanjar la controversia sobre la prestación del contrato objeto de controversia, que se adjudicó en 2020 a STV Gestión, después de que se excluyese la propuesta de Geamur de forma indebida (como concluyó el propio TSJ en julio de 2022, en sentencia ya ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2023).

En ese decreto, el TSJ determina que el aplazamiento de la ejecución de la sentencia se prolongará durante 60 días. Es decir, el plazo solicitado por ambas partes, al tratarse del tiempo máximo de suspensión establecido en el artículo 19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Dicho plazo finalizaría, en consecuencia, el próximo 17 de marzo, sin que hasta el momento se haya registrado avances significativos en un posible acuerdo extrajudicial.

En principio, la fórmula que el Ayuntamiento de Alicante habría planteado para zanjar el litigio sería la de la determinación de una compensación económica para resarcir el posible perjuicio generado a Geamur por su exclusión del concurso: una decisión que se adoptó a partir de los informes técnicos en los que se concluía que su oferta presentaba una baja anormalmente desproporcionada no justificada. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) aceptó el recurso de Geamur frente a esa exclusión y concluyó justo lo contrario: que su propuesta económica sí estaba debidamente fundamentada.

Imposibilidad de readjudicar

Los servicios jurídicos municipales elevaron esa propuesta de indemnización al TSJ como solución alternativa para el cumplimiento de su sentencia al considerar que no podía ejecutarse en sentido estricto toda vez que la duración del contrato al que optaba Geamur ya ha quedado vencida. Y se añadía que, además, esa prestación la sigue asumiendo ahora STV Gestión a través de una prórroga, después de que se haya modificado hasta en dos ocasiones tanto el alcance del servicio a prestar (con la ioncorporación de nuevas zonas verdes no contempladas en la propuesta de Geamur), como el coste de ejecución del contrato (tampoco previsto en la oferta de esta compañía). 

De ahí que plantease la vía de la compensación económica y de que se organizase un primer encuentro de aproximación con los responsables de Geamur para explorar esa posibilidad. Con todo, todavía no se ha propuesto una cantidad concreta sobre la que podría sustanciarse esa indemnización. 

Así lo confirmó, de hecho, el vicealcalde y edil de Contratación, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno. Al respecto, solo apuntó que se preveía convocar una nueva reunión con los representantes de Geamur para tratar de avanzar en esa posible solución, sin que la propia compañía hubiese cifrado tampoco un posible importe con el que se cuantificase el perjuicio ocasionado. Entre tanto, los representantes de Geamur ya han manifestado hasta ahora, incluso antes de que se produjese la primera reunión, que se solicitará la ejecución de sentencia para que se retrotraiga el concurso al momento de la valoración de las ofertas en el caso de que no se llegue a un posible acuerdo extrajudicial satisfactorio.