ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante cuenta los días para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que conmina a procurar un entorno de conservación adecuado al monumento de Torre Placia: una de las edificaciones incluidas en el Bien de Interés Cultural (BIC) de las Torres de la Huerta. La fórmula con la que se pretende ejecutar esa resolución no es otra que su desmontaje y traslado a un emplazamiento próximo a su ubicación actual, con el fin de no tener que demoler once de las cuarenta viviendas de la urbanización Azalea Golf que se construyeron invadiendo el perímetro de su entorno de protección.
El inicio de los trabajos cuenta ya con todas los acuerdos administrativos y presupuestarios requeridos, así como con todas las autorizaciones necesarias, después de un proceso burocrático que se ha prolongado durante los últimos siete años desde que el consejo de ministros autorizase la propuesta de reubicación de la torre: la opción planteada por el ayuntamiento como alternativa a la demolición de las viviendas situadas literalmente junto a la torre protegida.
El último de esos acuerdos previos quedó aprobado en la reunión semanal de la Junta Local, este martes. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), validó entonces la modificación del proyecto que resultaba imprescindible para incorporar los últimos ajustes requeridos por el Ministerio de Cultura para dar su beneplácito a la operación.
Se trataba de un trámite que implicaba un incremento de precio del contrato de 281.000 euros respecto al importe de adjudicación por el que quedó encomendado a la empresa especializada en la rehabilitación de patrimonio Estudio Métodos de la Restauración, en el año 2021. Con ello, su precio definitivo quedó delimitado en más de 1,7 millones (1.769.777 euros, impuestos incluidos), que se suman al importe equivalente que se destinó para formalizar su adquisición a sus antiguos propietarios.
Y ahora, la ejecución del traslado propiamente dicha solo quedaría pendiente de la disponibilidad de la propia empresa, que se encontraría inmersa en la realización de otro proyecto previo, según precisaron fuentes municipales. Con todo, se prevé que el proyecto se aborde de forma inminente -20 años después de que el TSJ dictase sentencia, aunque todavía sin fecha definitiva- con el objetivo de que pueda completarse en un plazo de seis meses.
Cuando menos, esa es la duración estipulada en el pliego de condiciones del concurso, aunque podría verse ampliada en el supuesto de que resultase necesaria dada la complejidad de la operación, en la que se acometerá el desmontaje de la estructura de la torre pieza por pieza para proceder a su reconstrucción en una parcela de zona verde de titularidad municipal situada entre las Avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Abaladejo y la calle Juana Francés.