El empresario Enrique Ortiz, a su llegada a la Audiencia, en una de las sesiones del juicio. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. No está todo dicho en la causa sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante investigada en el marco del caso Brugal. Serán finalmente dos los recursos que forzarán al Tribunal Supremo (TS) a revisar la sentencia dictada por la Audiencia el pasado julio para decidir si mantiene o revoca sus conclusiones, después de que así lo hayan anunciado formalmente tanto la defensa del exalcalde Luis Díaz Alperi, ejercida por el letrado Vicente Grima, como los delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones y Pablo Romero.
El resto de partes del proceso han acabado renunciando a esa posible impugnación. Como mínimo, a cierre del plazo establecido para hacerlo (las 15:00 horas de este jueves) nadie más había comunicado su intención de recurrir. En realidad, ya nadie esperaba que el Ayuntamiento de Alicante, que ejerció la acusación particular, pudiese dar el paso de registrar su propio recurso, toda vez que el propio alcalde, el popular Luis Barcala, ya había anunciado, el mismo día en el que se notificó la sentencia, que se acataría la resolución judicial sin solicitar su casación.
También había quedado descartada la posibilidad de que lo hiciese la agrupación local de Esquerra Unida (EU), que ejerció la acusación popular, puesto que su comité ejecutivo comunicó hace menos de dos semanas que se limitaría a respaldar el previsible recurso de la Fiscalía ante el riesgo de tener que asumir costes económicos.
No obstante, el empresario Enrique Ortiz -condenado como Díaz Alperi a pena de multa por un delito de cohecho impropio- no había desvelado todavía cuál iba a ser su posición. Así, este jueves, con el cierre del plazo para anunciar la casación, quedó confirmada su renuncia a recurrir, después de haber analizado y meditado durante las últimas semanas la posibilidad de hacerlo con su defensa, dirigida por el abogado Francisco Ruiz Marco.
Con esa decisión, salvo que el TS modifique el sentido de la resolución de la Audiencia, el promotor queda abocado a asumir el pago de los 18.000 euros de la condena impuesta por haber obsequiado a la exalcaldesa Sonia Castedo con una chaqueta de la marca Carolina Herrera con motivo de su cumpleaños, según el tribunal, sin que su entrega le hubiese procurado ningún rédito en la redacción del que iba a convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de la capital. Además, según la sentencia, ese regalo no tendría consecuencias para Castedo, puesto que el delito de cohecho impropio pasivo con el que podría haber sido condenada ya habría prescrito.
A partir de ahora, tanto la defensa de Alperi como la Fiscalía Anticorrupción deben formalizar la presentación del recurso propiamente dicho. Por el momento, no ha trascendido cuál será la argumentación en la que podrían basarse cada uno de ellos, en busca de una exoneración completa, en el caso del exregidor, o de una condena para el conjunto de los procesados, en el caso de la Fiscalía. No obstante, como mínimo la acusación pública sí ha anticipado cuáles son los motivos en los que se fundamentará su recurso de casación: infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento de forma e infracción de ley.
Eso sí, la interposición del recurso propiamente dicho quedará en manos de la Fiscalía del TS, previa propuesta de Briones y Romero, como ya sucedió con el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia absolutoria sobre la causa matriz de Brugal, sobre la adjudicación del servicio de recogida de la basura del municipio de Orihuela.
