TORREVIEJA. A una semana para hacerse efectiva la reversión del departamento de salud de Torrevieja, la transición parece no desarrollarse de forma “ordenada y tranquila”, o no tanto, como tenía previsto la Conselleria de Sanidad. Las normas de reversión comunicadas hace ahora un año siguen sin cumplirse. La empresa concesionaria, Ribera, no ha proporcionado la información requerida en cuanto a personal y equipamiento, a lo que se une a la merma de plantilla de hasta 200 sanitarios que han denunciado varios sindicatos.
“No nos han facilitado todos los aspectos necesarios para una transición ordenada y segura” señalaba la consellera de Sanidad, Ana Barceló, este jueves en su visita al equipo permanente instalado en Torrevieja. Entre esos aspectos se encuentran las claves de acceso para los sistemas informáticos. En una amplia sala diáfana de un edificio de oficinas junto al polígono industrial de Torrevieja, ocho técnicos y técnicas informáticas están preparando todos los sistemas para que en el momento en el que la empresa facilite las claves, preparar todo el entorno GVA y volcar la información. Según Barceló, la empresa no ha alegado nada porqué no ha facilitado las claves y pone como ejemplo que Ribera ha judicializado desde el primer momento las decisiones de la conselleria, “tanto la notificación de la finalización del contrato como las normas de reversión, y que tenían que haber cumplido desde hace casi un año”. El TSJCV ha desestimado hasta en cinco ocasiones los recursos presentados por la mercantil. Hace un mes se constituyó un equipo de trabajo permanente en Torrevieja para realizar todos los trabajos, sobre todo en plano técnico e informático de cara a la transición de la reversión.
Barceló ha calificado de “desmantelamiento” una de las últimas acciones de la empresa. Esta fijó los contratos eventuales de unos 200 sanitarios para el 30 de septiembre, dejando bajo mínimos el departamento pero en especial al hospital durante los 15 días restantes hasta la reversión, según han denunciado varios sindicatos. También se han cerrado más de 40 camas: 30 de cirugía, tres de UCI y unas diez de maternidad.
En cuanto al aspecto asistencial, fisioterapia ha pasado de 14 a 7 profesionales en todo el departamento y en Urgencias denuncian que están bajo mínimos. También se han cerrado agendas y cancelado cirugías programadas. Barceló ha asegurado que este “desmantelamiento” tendrá consecuencias “porque el contrato dice que no solo se entregan las instalaciones, sino también a pleno funcionamiento”. “Veremos las carencias con las que nos encontramos en el momento en el que entremos” añadía.
En julio,a la Subsecretaría de Sanidad adjudicó a una empresa por 43.439 euros la elaboración de una auditoría. Esta debe recoger un inventario del material, verificar el funcionamiento de los equipos e instalaciones de todo el departamento de salud de Torrevieja. Hasta el momento, no se ha concluido ningún informe al no estar completada hasta el momento la información que se requiere.
Ribera tenía externalizados una serie de servicios, como lavandería, catering, seguridad o limpieza. Este verano Sanidad sacaba a licitación la contratación del servicio de vigilancia y el de logística de almacenaje y distribución del material sanitario. Ambos han sido paralizados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). El primero por un recurso interpuesto por el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana, y el segundo por la empresa B2B Salud, mercantil de Ribera. La secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria de la Conselleria de Sanidad, Concha Andrés, ya anunció hace un mes que ante esta situación la ley de contratos de las administraciones públicas permite instrumentos para resolver estas cuestiones cuando afecta a servicios esenciales. Barceló ha adelantado este jueves que se están manteniendo contacto con las empresas externalizadas para abordar la situación y ver la forma de llevar a cabo contrataciones de emergencia.
El convenio colectivo firmado entre la empresa y el comité ha estado envuelto en polémica en este último tramo de la concesión. En un escrito firmado por la consellera, pedía a Ribera que denunciara el convenio antes del 30 de septiembre, ya que, como recoge uno de sus artículos, de no hacerlo ninguna de las dos partes –empresa y comité- hasta tres meses antes de su finalización -31 de diciembre de 2021- se prorrogaría de forma automática. Contemplaba una cláusula de incremento retributivo para todas las categorías profesionales de hasta un 5% a partir de enero de 2022. Esta cláusula supondría graves perjuicios para la administración, esgrimía la consellera.
Sin embargo ese convenio recibió el visto bueno de Valencia, de las consellerias competentes, cuando se firmó sin poner ninguna objeción ni alegación. Barceló ha explicado este jueves que solicitó a la empresa que lo retirara porque habían esperado a los informes preceptivos de la abogacía de la Generalitat. Estos informes revelaban que el convenio es lesivo porque se alcanza un acuerdo con los trabajadores cuando en la entrada en vigor de ese incremento salarial estarían subrogados por la conselleria. “No podemos asumir unas condiciones que no han sido fruto del acuerdo de negociación entre los trabajadores y la conselleria. No nos pueden poner las reglas de juego quienes van a dejar de gestionar este departamento. Es lesivo para la administración pública” ha explicado Barceló.
Al ver que corría el tiempo, la conselleria, en un escrito firmado por Barceló, denunciaba el convenio sin ser parte. Sin embargo, en el último momento, la empresa dio marcha atrás decidió denunciar como parte firmante. En el requerimiento que le hizo Sanidad le adevertía que de no hacerlo, le haría responsable de los perjuicios que ocasionara el incremento salarial en la administración.
La consellera de Sanidad ha mantenido este jueves una reunión en Torrevieja con el comisionado y el futuro equipo directivo del departamento para analizar la situación asistencial después de que se hayan denunciado despidos y una reducción de la actividad, con citas postpuestas o anuladas, justo antes de la reversión. En este sentido, la consellera ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, puesto que “se va a analizar la situación con el objetivo de desplegar un plan estratégico que permita normalizar la actividad en el menor tiempo posible”. También ha mantenido un encuentro con la presidenta del comité de empresa, Ana Linares, y con un representante de la Junta de Personal, Juan Mañogil, para conocer de primera mano la situación de los trabajadores en el tramo final del proceso de reversión.
La Generalitat se subrogará los contratos vigentes a fecha 15 de octubre, tanto temporales como indefinidos. Por lo tanto, el personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal laboral a extinguir y, para adquirir la condición de personal empleado público, deberá superar los procesos normativamente establecidos.
Las retribuciones de ese personal, según establece el decreto que aprueba este viernes el Consell, serán las correspondientes al convenio colectivo en el momento de operar la subrogación, así como las que se deriven de su contrato de trabajo, sin perjuicio de su posterior modificación en los supuestos legalmente establecidos, y siempre que sean compatibles con el principio de estabilidad presupuestaria.
En el plazo máximo de tres meses a partir del día 16 de octubre de 2021, el personal estatutario fijo que, en su momento, fue declarado en la situación administrativa de servicios bajo otro régimen jurídico a tenor de lo dispuesto en el art 65 del Estatuto Marco, o en la situación administrativa de excedencia por prestación de servicios en el sector público, de conformidad con el art. 66 de la misma ley, deberá manifestar si opta por continuar con la condición de personal laboral a extinguir, o por reingresar en la condición de personal estatutario fijo.