SAN VICENTE DEL RASPEIG. El PP de San Vicente del Raspeig ha presentado una moción para crear una comisión informativa con la intención de esclarecer los hechos que rodean a la denuncia del abogado municipal contra el alcalde sobre una presunta prevaricación administrativa. La propuesta no ha salido adelante al contar con 10 votos a favor de PP, Cs y VOX, la abstención de Compromís y los 12 votos en contra del equipo de Gobierno (PSOE y EU) y Podemos.
De hecho, antes de que el grupo proponente pasara a exponer la moción, la portavoz del PSOE, Asun París, ha pedido que se retire al haber revisado las fechas de los hechos que fundamentan y "no concordar con la realidad y, por lo tanto, la base resulta incorrecta. Además, ha instado al PP a que "tenga un poco de paciencia y deje trabajar a la justicia. Que observe el devenir de la justicia y, si todavía lo necesita, la lleve a la reunión de portavoces y la abordamos con la reflexión y la serenidad que debe guiar la buena política".
No contemplando la opción de retirarla del orden del día, el portavoz popular, Óscar Lillo, ha explicado que "lo único que pide la moción es transparencia" frente a un hecho que ha tildado de "muy grave". "Queremos saber exactamente qué ha pasado ante la sistemática negativa, tras varias solicitudes de nuestro grupo, de que el alcalde diera explicaciones de lo sucedido". En este sentido, ha insistido en que la petición se hubiera podido evitar "si el alcalde no hubiera dado la callada por respuesta, hubiera dado la información y nos hubieran explicado la situación de forma adecuada" y ha criticado que hayan "tardado diez días en darnos acceso al expediente desde que lo pedimos".
El propio alcalde, Jesús Villar (PSOE), se ha dirigido a Lillo para asegurarle su desconocimiento de por qué se le ha denunciado: "El único papel referente a la denuncia del letrado municipal que ha entrado en el Ayuntamiento es el que vosotros -la oposición- habéis tenido acceso, que es que el abogado municipal me ha denunciado y la justicia requiere información al Ayuntamiento". Y le ha afeado que "lo único que pretende es hacer un juicio paralelo y la oportunidad de seguir sacando notas de prensa".
En su segunda intervención, la portavoz del Grupo Municipal Socialista ha acusado a Lillo de "impaciencia por postularse como alcalde" y ha resumido la situación por la que se pedía una comisión de investigación: "Hay un contrato que finaliza, se saca a licitación y, hasta que se adjudica, se realiza una prórroga forzosa, informada favorablemente por Medioambiente al tratarse de un servicio esencial que no podemos dejar de prestar. Un funcionario valora este acto como posible prevaricación, lo lleva al juzgado y la jueza solicita al Ayuntamiento que aporte documentación al respecto, que así empieza a colaborar con la justicia en aras de la verdad. Deje que el poder judicial cumpla con sus funciones y deje de fomentar juicios paralelos".
El socio de gobierno del PSOE, Esquerra Unida, ha apoyado que "cuando un asunto está en los juzgados -como es este- será la justicia quien decida si nos inhabilita a seguir como cargos públicos o todo queda en nada. Por lo que la comisión que solicita no tiene sentido", ha considerado el portavoz de izquierdas, Alberto Beviá, quien ha instado a Lillo a ser "valiente", buscar apoyos y presentar una moción de censura "si cree que tan mal lo está haciendo este equipo de Gobierno".
En cuanto a la oposición, Ramón Leyda ha manifestado que Compromís está "totalmente convencido de que las dudas sobre la denuncia tomarán sentido a medida que vaya pasando el tiempo. Entendemos que esa comisión de investigación es paralela a un proceso que ya ha abierto la justicia, quien mejor puede esclarecer la cuestión, y no queremos suplantar el papel del juez". Si bien el portavoz sí ha contemplado "que se convoque un foro donde se pueda hablar tranquilamente sobre aquello que está pasando en los juzgados".
Por su parte, David Navarro, representante de Podemos, ha justificado su voto en contra por dos razones: "El objetivo de una comisión de este tipo es recopilar toda la información sobre un asunto para averiguar si ha habido una mala praxis; toda la documentación consta en un correspondiente expediente al que tenemos acceso, por lo que esta premisa ya está cumplida. Y una comisión también pretende obtener los correspondientes dictámenes de cada grupo municipal, pero ya existe un procedimiento judicial abierto".
Aunque Pachi Pascual, portavoz de Ciudadanos, ha recurrido a la presunción de inocencia, también ha razonado que "los cargos públicos tenemos que trabajar por la transparencia y la ejemplaridad. Para ello, una de las principales necesidades es dar explicaciones y si el alcalde las hubiera dado, se habría ahorrado todo lo que viene después". Un planteamiento que ha secundado David García, desde VOX, quien ha culpado directamente a Villar: "Si se hubiera reunido con los portavoces y hubiera explicado que ha habido un requerimiento de información se hubiera acabado. Pero se ha callado".
