ALICANTE. El epicentro de la política autonómica -y quién sabe si nacional- se traslada este sábado a Orihuela. Desde primeros de diciembre, una vez pasadas las elecciones generales del 10N, la Federación de Padres de Alumnos Gabriel Miró convocó una manifestación contra la implantación de la Ley de Plurilingüismo de la Comunitat Valenciana, ahora en Secundaria (en Primaria ya está implantado). La razón que arguye la asociación de padres es que la actual normativa -aprobada por los partidos de izquierda en las Cortes- supone un perjuicio para muchos alumnos de zonas castellano hablantes. La norma exige que el 25% de las asignaturas se imparta en castellano; el 25% en valenciano, y el 15% en inglés. El porcentaje que falta hasta completar el 100% lo decide el consejo escolar, donde están presentes el profesorado y los padres, entre otros. Y aunque la ley habla de un mínimo del valenciano del 25%, como ha explicado Miguel Soler, cada centro puede decidir, de manera autónoma, que en primero se dé un 17%, en segundo un 20%, en tercero un 23% y llegar a lo que marca la ley con el objetivo de que esa promoción de alumnos que va subiendo vaya consolidando ese aprendizaje y el centro consolide esa estructura.
La FAPA Gabriel Miró, sin embargo, reclama que prevalezca el derecho a elegir la lengua vehicular de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, exigen que el programa de educación plurilingüe e intercultural se elabore de acuerdo con las necesidades del contexto socioeducativo y demolingüístico del centro y tenga en cuenta las peculiaridades de la zona en la que se encuentre ubicado el mismo. La protesta cuenta con el respaldo de PP, Ciudadanos y Vox, además de otras organizaciones que defienden la libertad de elección de la lengua vehicular. Y en el fondo de las críticas no sólo está el qué (la normativa), sino el quién está detrás de ella, el conseller Vicent Marzà, su partido, Compromís, y por elevación, el presidente Ximo Puig. A trazo grueso, las comparaciones con el modelo catalán están a la orden del día. En esta cuestión, cuando hablan los políticos, no hay matices.
Tras la convocatoria oficial de la protesta, a mediados de diciembre, la Conselleria de Educación lanzó una serie de medidas con el propósito de flexibilizar la aplicación de la nueva normativa. Así que ofreció a los equipos directivos de los centros la posibilidad de aplicar instrumentos de flexibilización, en función del nivel del valenciano de cada centro, y que ofertaran la posibilidad a los alumnos de poder hacer trabajos experimentales de adaptación.
En todo este debate sobre la implantación progresiva de la Ley de Plurilingüismo hay un elemento esgrimido por todas las partes, y que no ha variado. Ni ahora, ni antes: la exención de la asignatura del valenciano. Los estudiantes de las zonas de predominio del castellano tienen derecho a pedir la exención de la asignatura del valenciano, como recoge la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. En estos momentos, la exención del valenciano tiene uno de los porcentajes más bajos en la Vega Baja: se estima que está entorno al 9% en Primaria y un 16% en Secundaria, donde es más alto porque los alumnos la piden en el último año para que no les perjudique en la nota para Bachillerato y la posterior prueba de Selectividad. Y claro, hay dos planteamientos sobre este particular. Por un lado, la FAPA Gabriel Miró defiende que no se pueden impartir asignatura troncales en valenciano al considerar que el alumnado no está preparado por ello, no es su lengua natal y, por lo tanto, sostienen que están en desventaja respecto a otras zonas. Y por otra, Educación cree que si la exención del valenciano es tan baja, no debería haber problema para impartir más asignaturas en esta lengua.
Pero ello tampoco ha convencido, ni a los convocantes, la FAPA Gabriel Miró, que no han asistido a ninguna de las convocatorias que ha realizado, bien la Conselleria de Educación en la Vega Baja, en diciembre, bien el propio PSOE, el pasado 15 de enero en el Ayuntamiento de Rafal. Ni tampoco a los alcaldes y concejales de PP y Ciudadanos que sí asistieron. Tampoco todos los alcaldes del PSOE se han mojado en la defensa de la aplicación de la iniciativa: no todos asistieron al encuentro con el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler.
En el seno de algunos ediles socialistas hay preocupación, lo reconocen: nadie cuestiona la norma, pero tampoco la defiende con vehemencia en público. Consideran que la protesta no es sólo por el plurilingüismo, que hay más motivaciones, y confían en que cuando los consejos escolares elijan los porcentajes de cada lengua, en marzo, la espuma bajará. Desde las formaciones de la derecha discrepan: consideran que la tensión no bajará e irá a más como no haya rectificación del Gobierno valenciano. Y consideran, además, que la última reunión de Miguel Soler con los alcaldes fue más una provocación que una relajación de la tensión. ¿La razón? Dejó escasas opciones, por no decir, ninguna de modificar la legislación.
En cambio, el PP sí que ha intentado ofrecer la imagen de un frente común contra el texto normativo. Gobierna en la mayoría de los municipios de la Vega Baja. Pablo Casado visitó la comarca en diciembre y respaldó las movilizaciones; Isabel Bonig también lo hizo, y los alcaldes han hecho de correa de transmisión con los padres para centrar el foco en el mensaje de la imposición lingüística, más allá de los matices que puedan tener la norma; el poder de decisión del consejo escolar, que requiere dos tercios para aprobar una norma, o que en el pasado, la consellera popular María José Catalá, ya incorporara alguna asignatura troncal en valenciano en Primaria. La propia Catalá ha tenido que defender este viernes su gestión ante las críticas de Ciudadanos, que la sitúa en el origen de las asignaturas troncales en valenciano.
El PP insiste en llevar el plurilingüismo al TC; el PSPV defiende el equilibrio de la actual ley
Y con este caldo de cultivo, lo más probable que la Vega Baja viva este sábado una jornada importante de movilización: la protesta se hace en una comarca en las que las tres formaciones del centro-derecha -PP; Ciudadanos y Vox- son mayoritarias; es decir, juegan en casa: el pasado 10N reunieron unos 79.000 votos frente a los 48.000 de las tres partidos de izquierda (PSOE, Podemos y Más País). En la primera convocatoria de las generales, el pasado 28A, la derecha reunió 82.000 votos frente a los 51.000 papeletas de las tres formaciones de la izquierda. La única salvedad es que en el 28A, el PSOE fue la fuerza más votada en la comarca. En el 10N, Vox se quedó a poco más de 100 votos de superar al PSOE y convertirse en la segunda fuerza política de la Vega Baja.
Los convocantes esperan, cuando menos, unas 10.000 personas en las calles de Orihuela. Se han movilizado unos 50 autobuses de municipios de la Vega Baja, más la gente que acuda a titular individual, y desde otros puntos de la provincia de Alicante y Valencia, más lo que sumen de la vecina Murcia. Hay previsto un dispositivo de seguridad para regular el tráfico y ubicar los autobuses que transporten a los manifestantes.
Aunque desde los partidos del centro derecha se apunta a que el protagonismo de la protesta de este sábado es de los padres, en el trasfondo hay más elementos para la protesta, que, evidentemente, han sido agitados políticamente, no de ahora, pero si desde hace unos meses, incluso de antes de la campaña del 10N. Por mucho que no lo quieran reconocer, hay una especie de tormenta perfecta: varias cuestiones polémicas con un elemento común, los Gobiernos de Madrid y Valencia, cuyos protagonistas ahora coinciden.
No lo dirán públicamente, pero hay otros elementos candentes en el ambiente. El retraso en las ayudas de la Vega Baja. Pese al goteo informativo de la Generalitat de la concesión de ayudas para los afectados de la DANA, los mensajes de que el dinero no llega a los afectados es constante. Agricultores, empresarios y alcaldes lo expresan con bastante asiduidad. Y eso que el Gobierno valenciano, y especialmente, el PSOE se ha volcado en ello: sus consellers ha desfilado por la Vega Baja, se han creado dos comisionados para analizar y establecer una estrategia, pero las críticas no cesan. Con anterioridad, la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura también se llevó palos por todos los lados con la gestión de la postDANA.
Más reciente ha sido la última decisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de conceder un trasvase Tajo-Segura considerado cero; es decir, sólo se concedieron de 7,5 hectómetros que se destinarán exclusivamente al abastecimiento urbano, y no para regadío. Y aunque la Generalitat ha recurrido la decisión -avalada por PSOE y Compromís-, PP, Ciudadanos y Vox han logrado monopolizar las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, en ese momento, todavía estaba en funciones. Y después, ya vino el debate de investidura; la alianza con Podemos, el pacto previo con ERC, la abstención de Bildu y todas las lindezas que salieron a relucir en el Congreso de los Diputados.
Y con estos ingredientes, este sábado se celebra la protesta; se espera masiva, aunque dejará algunos mensajes y matices, pese a que la voz sea única. Lo que se augura difícil es una solución satisfactoria no ya por las dos partes, sino por el posibilismo de las dos partes. Hay demasiada bruma (política).
