ALICANTE. El bipartito de Alicante (PP y Cs) trata de responder frente a otra de sus últimas encrucijadas relacionadas con el sector de la hostelería: la que tiene que ver con el compromiso de devolución de las tasas abonadas por los empresarios de la hostelería por la instalación de terrazas (veladores) en la vía pública. La respuesta ha llegado a través de la edil de Hacienda, Comercio y Hostelería, Lidia López, a instancias de la petición de comparecencia registrada por el PSOE.
Lo cierto es que los representantes de las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) han instado a López a explicar en qué situación queda el reintegro de esas tasas, ya recaudadas, después de recriminar los desaciertos y las controversias protagonizadas con el sector, como la difusión de una falsa información sobre la orden de cierre de la hostelería, que concluyó con la reprobación del alcalde, el popular Luis Barcala, o los anuncios formulados por el propio primer edil, sobre la bonificación de todas las tasas abonadas por los empresarios, cuando se ha estado recaudando el importe proporcional de la tasa por la actividad desarrollada desde el final del periodo de confinamiento hasta la actualidad.
Así, López ha iniciado su comparecencia con una defensa de la labor desarrollada por el equipo de Gobierno en apoyo al sector de la hostelería desde que se declaró la crisis sanitaria de la covid-19, con la puesta en marcha de ayudas por importe de 5 millones, además de otro millón destinado a comercio y hostelería. Todo, al margen de otras medidas, como los decretos por los que se ha permitido ampliar la superficie disponible para la instalación de terrazas mediante la ampliación de su espacio incluso en zonas de aparcamiento para que pudiesen situarse más mesas.
Después, ha negado que se haya producido un cobro indebido de las tasas, para rechazar la afirmación contenida en su solicitud de comparecencia. Además, ha señalado que el Ayuntamiento ha procedido a devolver la parte proporcional de la tasa de veladores correspondiente al periodo en el que no se desarrolló la actividad, tras la primera declaración del estado de alarma, el pasado mes de marzo. En este sentido, ha apuntado que el cobro de esas tasas se producen de manera anticipada, habitualmente, por un periodo de dos años y que cada empresario debe renovarlas en un momento diferenciado, en función de la fecha de su primera solicitud.
Después, ha señalado que, al margen de esa situación concreta, "hemos recurrido a distintas herramientas para que las tasas de veladores puedan ser reembolsadas o no cobradas". Así, ha apuntado que han sido los técnicos quienes han definido esos mecanismos concretos y ha recalcado que todas esas fórmulas están avaladas por el departamento de Intervención, ya que, en caso contrario, no se pueden elevar a la consideración de la Junta de Gobierno.
De este modo, ha concretado que desde el 14 de marzo hasta que se posibilitó la instalación de veladores, el 17 de mayo, "no se ha cobrado tasa de veladores, procediéndose a la devolución de las tasas que se habían abonado con antelación". Así, desde el decreto de 30 de noviembre, según López, "se acuerda la modificación de la ordenanza y se dan instrucciones para que se deje de cobrar la tasa". En esta línea, ha concretado que "desde el 14 de marzo al 31 de junio de este año, los importes abonados han sido devueltos de oficio". Después, ha explicado que los importes abonados en el periodo comprendido desde junio hasta el 30 de noviembre, será reembolsado a partir de la línea de subvenciones aprobada este miércoles en Junta de Gobierno, por un importe de 490.000 euros. Y por último, ha sostenido que, en función del decreto de 30 de noviembre, el cobro de las tasas correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de diciembre y junio de 2021, quedan suspendidas y no se pasarán al cobro, después de que se haya aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas para introducir la posibilidad de exención en situaciones excepcionales.
El bipartito de Alicante corrige la norma para eximir de tasas a la hostelería en casos excepcionales
Eso sí, López no ha llegado a responder a parte de las preguntas formuladas por los grupos de la oposición, como cuáles eran las condiciones de esa nueva línea de subvenciones ni a cargo de qué partida concreta o de qué presupuestos se iban a sufragar.
Al término de su comparecencia, el portavoz municipal del PSOE, Paco Sanguino, ha indicado, a través de un comunicado, que la concejala de Hacienda "ha faltado a la verdad en el pleno del Ayuntamiento". "Eso o no se ha leído los decretos que su alcalde firma de puño y letra", ha añadido. En esta línea, ha apuntado que "en el decreto de 22 de abril que firmó el señor Barcala reconocen los ingresos indebidos". El portavoz socialista ha afirmado que "el hecho de que falte a la verdad una concejala que ya ha creado un bulo y se ha tenido que disculpar públicamente, nos da la temperatura del estado del bipartito, sin proyecto, sin propuestas y sin soluciones". "Como único argumento, la mentira, mientras la hostelería y el comercio alicantino siguen sin recibir soluciones por parte del Ayuntamiento de Alicante a la mayor crisis del sector que que han enfrentado jamás", ha añadido.
Por su parte, el concejal de Limpieza, Manuel Villar (PP), ha comparecido con carácter previo para negar las acusaciones de opacidad y de ocultación que le atribuyen los representantes de PSOE, Unides Podem y Compromís en relación a la entrega de documentación solicitada sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos: una de las contratas que suponen un mayor coste para las arcas municipales, en manos de la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, que se encuentra en la recta final de su periodo de concesión.
En una extensa exposición, Villar ha sostenido que se ha atendido las peticiones de información que se han tramitado por el cauce administrativo correcto y ha considerado que no se le puede acusar de opacidad, cuando se ha creado una comisión sobre la prestación del servicio que todavía sigue desarrollando sus trabajos. Además, ha apuntado que, entre tanto, los grupos de la oposición han alentado la creación de plataformas con el interés de denunciar la situación en la que se encuentra la ciudad.
Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Sanguino, también ha apuntado que "el edil Manuel Villar cita el 24.3 del ROP para denegar el derecho de información a la oposición porque recopilar tanta información bloquea la actividad de la concejalía. Como si desde febrero no hubiesen tenido tiempo de reunir una documentación que no requiere elaboración alguna, al ser documentos ya existentes", ha añadido.
"Lo que no dice el concejal de Limpieza, es que el 24.2 del ROP establece que tras 5 días hábiles sin resolución denegatoria, se considera silencio administrativo positivo. Incluso si hubiera algún error en la instancia tienen que remitir la necesidad de subsanación, en lugar de denegarlo tarde y mal. La instancia registrada en junio no fue contestada hasta diciembre. Incluso aceptando que la resolución la emitiesen por error a otro sitio, dicen haberlo hecho en agosto, no 5 días después", ha apuntado.
A juicio de Sanguino, "todo lo que Villar ha hecho hoy en el pleno ha sido ponerse a la defensiva, consciente de que lo está haciendo rematadamente mal, para después enumerar sin ruborizarse la documentación que venimos pidiendo los socialistas a través de la Comisión, del Registro y del Síndic de Greuges. Como si después de ocultarla todo un año a la ciudad, ésta ahora debiera agradecérselo al PP".
Según Sanguino, "el partido de Luis Barcala ha sido condenado por corrupción y ha parasitado esta ciudad durante más de dos décadas. El alcalde debería tener más interés que nadie en que la gestión de la Limpieza sea impecablemente transparente, y no lo es en absoluto. Cuanto más esconde el PP los cadáveres en el armario, más quiere esta ciudad abrir sus puertas", ha concluido.