ALICANTE. Más madera. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), sube la apuesta en el último trimestre del año con otra propuesta de calado que atañe al funcionamiento municipal: nada menos que el presupuesto del próximo ejercicio. Los populares arrancaron este miércoles la ronda de contactos con los representantes de los grupos políticos de la oposición para dar a conocer un avance de la planificación económica que se pretende elevar a debate y votación en pleno antes de que concluya 2024 para que pueda entrar en vigor con el inicio del año natural. Es decir, el compromiso que viene reiterándose desde hace tres mandatos sin que se haya llegado a conseguir. No lo logró el tripartito progresista (PSOE, Guanyar y Compromís), ni el bipartito formado por PP y Ciudadanos (Cs). Y tampoco lo consiguió el PP en solitario respecto a las cuentas de 2024.
Esos contactos se iniciaron con los dos grupos opositores mayoritarios, el PSOE y Vox, con la previsión de que se extiendan con Compromís y Esquerra Unida Podem el próximo lunes. Y coinciden con otros asuntos de relevancia para los que el PP requiere de respaldo político externo (gobierna en situación de minoría), como la aprobación definitiva de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública (su acuerdo inicial quedó aprobado con el voto favorable de Compromís y la abstención del PSOE; Vox y Esquerra Unida Podem votaron en contra); la ordenanza fiscal de la tasa de la basura, con una subida que llega a cuadruplicar el importe de algunos recibos; y la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Y, lo cierto es que, si el PP manejaba dificultades para que esas iniciativas quedasen avaladas en el pleno (solo tiene garantizado el apoyo de Vox en lo que respecta a la ZBE y, en principio, el de Compromís, a la hora de ratificar la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública), no parece que vaya a encontrar un camino más cómodo para sacar adelante las próximas cuentas. De hecho, el PSOE ya ha criticado que los populares plantean repetir proyectos que se habían prometido en este 2024. Y Vox sostiene que, antes de poder avanzar en un hipotético acuerdo sobre las cuentas del próximo ejercicio, se debe cerrar el cumplimiento de los acuerdos incluidos en el pacto presupuestario alcanzado este enero, sobre el que sostienen que quedaría un alto porcentaje de sus peticiones por ejecutar.
Por partes. La propuesta económica trazada por el PP se eleva a los 349,1 millones, incluyendo una ampliación del préstamo de 5,5 millones, que se añade a los 48 incorporados en 2024, según precisaron fuentes municipales, a través de un comunicado. "A pesar de que las cuentas se verán ajustadas a la baja en torno a los 18 millones de euros en cumplimiento de la regla del gasto impuesta por el Gobierno central, y por la solicitud de un préstamo menor respecto al del año anterior, que fue de 48 millones, el Ayuntamiento mantendrá el esfuerzo inversor previsto en el Plan de Inversiones Plurianuales que se puso en marcha en los presupuestos de 2024 y que alcanzará en este 2025 otros 25,5 millones de euros, de los que 20 se financiarán con fondos propios y 5,5 vía préstamo, siguiendo la planificación prevista en esta materia, que se completará en 2026 con otros 20 millones para cumplir las actuaciones como financiación plurianual", precisan las mismas fuentes.
En esta línea, los populares sostienen que el objetivo "es continuar con el proceso de transformación social y urbana de los barrios, siguiendo el modelo de ciudad presentado por el primer edil y que se ha denominado Alicante 4D, que defiende la ciudad policéntrica que potencie los barrios con unidades funcionales que reúnan todos los servicios". "Hemos abierto la negociación con los grupos de la oposición a los que hemos presentado un borrador no exento de las dificultades que representa el que no se haya aprobado todavía por parte del Gobierno Central el techo de gasto y estemos con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados y con la amenaza de continuar en esta situación habida cuenta de las dificultades del ejecutivo de Pedro Sánchez para recabar los apoyos necesarios de sus socios independentistas", señaló el edil de Hacienda, Toni Gallego.
"Además, seguimos con la aplicación de la regla de gasto que impide utilizar los ahorros de todos alicantinos, los remanentes de tesorería, para las inversiones, al tener que dedicarse a amortización de la deuda, de ahí que tengamos que recurrir a nuevos préstamos para financiar las infraestructuras que necesita la ciudad", añadió. No obstante, tanto Gallego como Villar resaltaron "la importancia de afrontar los presupuestos desde el diálogo" y se mostraron "abiertos a escuchar las propuestas de los grupos de la oposición para mejorar las cuentas de 2025 y poder alcanzar el mayor consenso posible para sacarlas adelante en tiempo y forma, al tratarse de un asunto de ciudad y con el objetivo de que puedan llevarse a aprobación antes de fin de año".
Gallego aseguró que "serán unos presupuestos expansivos cumpliendo con los objetivos de inversión que abogan por la mejora de los servicios públicos, los avances en la transformación social y urbana de los barrios mediante el desarrollo del Plan de Inversiones Plurianuales y los presupuestos participativos y que afrontan los grandes retos a los que se enfrenta la ciudad como el impulso al Plan General Estructural -basado en el modelo de ciudad Alicante 4D- y al desarrollo de infraestructuras estratégicas como la estación central del TRAM, la Intermodal, el Parque Central y la avenida de Aguilera, que marcarán el futuro a medio y largo plazo de desarrollo urbano, la mejora del transporte y las comunicaciones, así como al impulso a la vivienda con nuevos barrios, como el de las Lomas del Garbinet, y al refuerzo de la infraestructura verde".
Así, según el comunicado municipal, entre las actuaciones a financiar mediante préstamo figuran las obras de ampliación del cementerio municipal (presupuestadas en 5,2 millones); la construcción del pabellón deportivo en Tómbola (1,8 millones); la remodelación de la comisaría de la Policía Local en la Playa de San Juan (algo más de tres millones); la construcción del parque inundable de La Almadraba (2,8 millones); la segunda fase de la reurbanización de la avenida de Niza (un millón) y más de cuatro millones en la conservación de aceras y calzadas, renovación de alumbrado y otras mejoras en los barrios.
Otros proyectos contemplados son la reforma integral de la plaza de San Blas y calles adyacentes (4,5 millones); de los antiguos cines Abaseis con una primera inversión cercana a 400.000 euros y del pabellón deportivo Rafael Pastor (1,1 millones); la modernización del Centro de Tecnificación (1,5 millones); la mejora paisajística en varias plazas de la ciudad y de la eficiencia energética en colegios, Parque Tossal, Castillo de San Fernando y polígonos industriales, así como la compra de vehículos para la extinción de incendios (1,1 millones) y la reforma de la pista del estadio de atletismo Joaquín Villar (1,3 millones).
En realidad, parte de esas iniciativas ya se contemplaron en las cuentas de este 2024 con una primera dotación económica con la previsión de que se les diese continuidad en los dos años sucesivos. Y así se habría contemplado, con la salvedad de que, en muchos casos, todavía no se ha llegado a ejecutar la partida inicial asignada a esos proyectos. Se trata, por ejemplo, del polideportivo de Tómbola, de la regeneración de La Almadraba y de la segunda fase de la reurbanización de la avenida de Niza, que se pretenden iniciar en este último trimestre, después de que se acabe de despejar en los últimos días los procesos de contratación de todos los acuerdos previos (planes de salud y dirección de obra). Pero también sucede con otras actuaciones, como la reforma de la pista de atletismo del estadio Joaquín Villar o la comisaría de Policía en Playa de San Juan.
El PSOE alerta del traslado de inversiones ya previstas en 2024 y de la reiteración de proyectos; Vox avisa de que no respaldará las cuentas si no se cumplen los compromisos pactados este año
Así lo expusieron también este miércoles los representantes del grupo municipal socialista, al término del encuentro con Gallego y con el vicealcalde y edil de Contratación, Manuel Villar. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, consideró que la propuesta que se les había trasladado, en un breve encuentro que no duró más de 20 minutos, según explicó, era "un nuevo ejercicio de trilerismo contable impulsado por el alcalde, Luis Barcala, que ha programado 19,4 millones de euros en inversiones para 2025 cuando, en realidad, se trata de proyectos que se habían prometido para 2024 y que no se han ejecutado".
En primer término, señaló que, en la reunión, no se había informado "al principal grupo de la oposición de las inversiones que tiene previsto ejecutar el equipo de gobierno el próximo" aunque sí se había recogido un avance sobre ello en el comunicado de prensa enviado por el equipo de gobierno. Y, según indicó, esa información es la que habría permitido comprobar que "se trasladan" para el próximo año "inversiones como la ampliación del cementerio municipal con un importe de 5,2 M €; remodelación de la comisaría de la Playa de San Juan por 3 M €; el parque de la Almadraba con 2,8 M€; la plaza San Blas con 4,5 M; los antiguos cines ABA6 con una inversión de 0,4 € el pabellón deportivo Rafael Pastor con 1,1 M€; los vehículos para la extinción de incendios por 1,1 M € y la pista de Atletismo Joaquin Villar por 1,3 M €". Así, consideró que "los presupuestos de 2024 han sido por tanto un fraude para todos los alicantinos y alicantinas, puesto que las inversiones prometidas y anunciadas por el equipo de gobierno no se han ejecutado".
Es más, la concejala socialista Silvia Castell señaló, igualmente, que el PSOE ya denunció en julio "que se estaban produciendo bajas en las inversiones comprometidas y ahora hemos conocido que se trasladan a 2025. Sucedió, por ejemplo, con la reforma del Abaseis y la remodelación de la comisaria de playa de San Juan; fueron inversiones que se dieron de baja en la segunda modificación de créditos aprobada el pasado mes de julio", sostuvo.
Esa primera aproximación a los presupuestos no permite augurar que el PSOE pueda decantarse por prestarles apoyo. Y, por ahora, nada parece indicar tampoco que Vox pueda emitir un voto favorable si antes no se formaliza la ejecución de los acuerdos alcanzados con el PP el pasado enero. Al respecto, el portavoz adjunto de los voxistas, Mario Ortolá, ya avisó el martes de que su partido no estaba "satisfecho" por el grado de cumplimiento de ese pacto, después de que se haya celebrado dos últimas reuniones sobre el seguimiento de sus medidas.
Y en esa opinión se ratificó este miércoles después de mantener el encuentro sobre los presupuestos de 2025, que se prolongó durante cerca de dos horas, aunque, según indicó, se centró, precisamente, en el desarrollo de los compromisos asumidos por el PP en su acuerdo bilateral.
"No estamos nada contentos sobre cómo evolucionan esos acuerdos", insistió, para añadir que, "si no se cumple ese pacto, el PP no podrá contar con nosotros para aprobar los próximos presupuestos; de hecho, casi ni hemos hablado sobre su contenido", apuntó.
Por lo pronto, entre esos compromisos conjuntos sí se habría logrado consensuar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la que no se incorporarán limitaciones ni restricciones adicionales respecto a las que ya rigen en el perímetro del Casco Antiguo desde el año 2011. De ahí que el PP sí tenga garantizado el apoyo de Vox para que la ordenanza salga adelante en el pleno extraordinario que ya se habría convocado para el próximo 8 de octubre.
Los votos de Vox serán clave para que la norma prospere, ya que los tres grupos del eje progresista (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) han sido especialmente críticos respecto a esa regulación al considerar que no permitirá cumplir los objetivos de reducción de la contaminación atmosférica. De hecho, los tres anunciaron su intención de presentar enmiendas e, incluso, de dar traslado de su contenido al Ministerio de Transportes y a la Unión Europea (UE).
A priori, se antoja más difícil que el PP acabe sumando apoyos para aprobar la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos: la que fija los importes de los recibos de la basura. Vox ya ha descartado toda posibilidad de respaldar esa propuesta, sin llegar a presentar enmiendas, como ya ha informado este diario. Sí lo hicieron este miércoles PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, que vienen criticando los criterios utilizados por el equipo de gobierno para cumplir con el mandato legal de equiparar la recaudación a los costes del servicio al considerar que perjudican a las rentas más bajas.
El mismo alcalde, Luis Barcala, aseguró este miércoles, en una comparecencia pública posterior al acto institucional con motivo del Día Mundial del Turismo, que se negociaría la posibilidad de incorporar las enmiendas que se considerasen viables y razonables, aunque sostuvo que los criterios que se han aplicado (superficie de las viviendas y valor catastral) son los que se plantean en la propia legislación estatal. Es más, señaló que el equipo de gobierno no hubiese promovido la subida de la tasa si no fuese porque existe la obligación legal de hacerlo, a partir de las decisiones que atribuyó al Gobierno Central.
Así que el futuro de la tasa dependerá de la admisión de esas enmiendas: una oportunidad que el eje progresista pretende aprovechar para introducir lo que consideran nuevos parámetros racionales que aminoren la carga fiscal a la ciudadanía, aprovechando la presión a la que se enfrenta el PP al tener que aprobar esa nueva tasa antes de 31 de diciembre. En esta línea, el PSOE plantea una batería de enmiendas con la que, según fuentes del partido, se aspira a lograr "una fiscalidad más progresiva, es decir, que grave en menor medida a las clases medias y a los propietarios de viviendas con menor poder adquisitivo, que se beneficiarían de un ahorro de un 20%".
Su propuesta incluiría "una mayor redistribución del recibo que pagan los alicantinos y alicantinas por este servicio, aplicando como parámetros el tamaño y el valor catastral de los inmuebles", a pesar de que son dos criterios que ya se utilizan en la propuesta del PP. "El paquete de enmiendas a la ordenanza incluye, además, que los apartamentos turísticos paguen el doble de tasa que las viviendas residenciales; beneficiar al pequeño comercio; bonificar el uso de ecoparques y equiparar la tarifa de inmuebles con actividad religiosa a la de museos y equipamientos culturales", añadieron fuentes del PSOE.
En concreto, la propuesta socialista prevé "una tarificación de vivienda residencial que se divide en cinco tramos, frente a los tres tramos que incluye la propuesta de Barcala. De esta forma, se diferencia entre viviendas de hasta 60 metros cuadrados, 90 m2, 120 m2, 150 m2 y más de 150 m2 de superficie construida. Así, se carga buena parte del peso la subida tarifaria a las viviendas más grandes y la tasa, en su globalidad, se situaría en una horquilla de entre 68 euros y 159 euros", detallaron las mismas fuentes.
"Por contra, la propuesta del gobierno del PP, el tasazo de Barcala, sólo diferencia entre viviendas de hasta 60 m2, hasta 90 m2 y más de 90m2 de superficie construida. De esa forma, un piso de 91 m2 tributaría lo mismo que un chalé de 300 m2, y la tarificación general se situaría entre 83 y 131 euros", apuntaron. Además, se plantea "una tarificación que beneficie al pequeño y mediano comercio, de forma que la tasa se aplique por metros construidos en lugar de por fracciones de 400 m2. Por ejemplo, una agencia de viajes de 100m2 pasaría a pagar 54 euros frente a los 73 euros que pretende aplicar el gobierno municipal", recalcaron.
Compromís, por su parte, incide en su petición de retirada de la ordenanza al persistir en la aplicación de cálculos erróneos en la distribución de costes al atribuir el 82% de la generación de los residuos a los hogares. Además, solicita que se grave la tasa a los apartamentos turísticos incrementándola en un 200% respecto a la que correspondería a una vivienda.
De igual modo, sugiere que se aumenten las bonificaciones hasta el 50% por la contribución de los ciudadanos en la separación del residuo orgánico, frente al máximo del 20% que se establece ahora. Y que se bonifique hasta el 90% de la tasa a los hogares en los que residan beneficiarios de la renta valenciana de inclusión o el ingreso mínimo vital. Por último, también plantea una nueva tarificación, en la que se tenga en cuenta el número de personas empadronadas en cada hogar para que se aplique el principio de que que pague más el que más residuos genere.
Por último, Esquerra Unida Podem, además de registrar una enmienda a la totalidad al creer que la propuesta no se adecúa a los objetivos de la legislación estatal, plantea una batería de propuestas entre las que se incluye que se incremente la tasa a los titulares de dos o más viviendas y una nueva graduación de los cuotas a aplicar en función de los metros cuadrados de la vivienda y de su valor catastral con una mayor progresividad en función del nivel de renta asociado a las características de los inmuebles.
Además, sugiere que se bonifique el 95% de la tasa a las actividades económicas que se dediquen a reciclar y reducir sus residuos o para aquellas dedicadas a la restauración o a la distribución de alimentos que colaboren con proyectos sociales. Y, entre otros puntos, también plantean ampliar la bonificación al 50% para los hogares que colaboren en la separación del residuo orgánico.