ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), desacelera en la aplicación de dos de las medidas controvertidas que había decidido impulsar con la reapertura del nuevo curso político: la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la implantación de dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) en el Centro Tradicional y Casco Antiguo. Las dos continúan sin fecha de aprobación o de implantación, a pesar de que los populares no tendrían que superar ningún obstáculo para promover su aprobación.
La regulación de la ZBE ya cuenta con el respaldo mayoritario garantizado tras el pacto alcanzado con los cuatro ediles del grupo municipal de Vox, por el que se aboga por un modelo sin nuevas limitaciones para la circulación de vehículos (y, por tanto, sin sanciones adicionales), al margen de las que ya vienen aplicándose en el perímetro del Casco Antiguo desde 2011. De hecho, la propuesta ya ha quedado dictaminada favorablemente en comisión informativa, en un acuerdo en el que se descartó todas las enmiendas formuladas por los tres grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
El trámite incluyó la desestimación de la única de sus sugerencias que sí había sido aceptada en el informe de resolución de enmiendas elaborado por los técnicos municipales: la que aludía a la necesidad de que la normativa se revisase a los tres años de su aprobación y, en lo sucesivo, con una periodicidad cuatrienal. Todo, a pesar de que se trata de uno de los requisitos legales de obligado cumplimiento introducidos en el Real Decreto que regula la implantación de las ZBE.
En principio, la ordenanza debía aprobarse en un pleno extraordinario previsto para el 7 de octubre. No obstante, no llegó a promoverse su convocatoria. Y, por el momento, no se ha dado a conocer una posible nueva fecha para que la propuesta se debate en pleno, según ha admitido este martes el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local. Una comparecencia en la que ha sostenido que el plazo de preaviso pactado con Vox para que la ciudadanía pueda adaptarse a la implantación de esa ZBE no conllevará una suspensión generalizada de las sanciones por accesos indebidos en el perímetro del Casco Antiguo, sino que tan solo se prevé dar un tiempo para que aquellos conductores que sí tengan reconocida la posibilidad de acceso, puedan darse de alta y registrarse en la plataforma de control. Solo en esos casos se dejará sin efecto la imposición de sanciones, ha señalado.
Sea como fuere, la indefinición respecto al pleno para aprobar la ordenanza reguladora ha suscitado las primeras reacciones por parte de Vox. Su portavoz municipal adjunto, Mario Ortolá, ha apremiado al equipo de gobierno, también este martes, a no demorar la aprobación de esa ordenanza, sin que pueda quedar sujeta a otras posibles negociaciones paralelas respecto a otros acuerdos en fase de tramitación, como los presupuestos municipales o la revisión de la ordenanza de residuos. "No vamos a tolerar que se retrase esa regulación, en la que Vox ha trabajado para evitar que se apliquen nuevas sanciones, con el propósito de que pueda utilizarse como moneda de cambio", ha sostenido.
Lo cierto es que, además, el equipo de gobierno tampoco ha precisado el momento en el que se prevé aprobar las medidas de control del ruido en el entorno de la calle Castaños y de la Plaza de Quijano. La batería de medidas a incorporar en esas dos ZAS anunciadas antes del periodo estival siguen pendientes de validación en Junta de Gobierno, a la espera de que pueda completarse el último informe interno que, según se ha venido sosteniendo hasta ahora, se requiere para su aprobación.
En principio, no debería de existir ningún otro impedimento político ni administrativo para que las ZAS puedan quedar validadas, toda vez que el PP sigue sosteniendo que su aprobación depende de la Junta Local, sin que deban pasar por pleno. Por lo tanto, los populares no necesitarían del respaldo de ningún otro grupo político para que las medidas cobrasen eficacia. Según el PP, ni tan solo haría falta el visto bueno posterior de la Generalitat, tras su evaluación por parte de la Conselleria de Agua y Medio Ambiente.
Pese a todo, Vox también ha fijado posiciones sobre esa propuesta de regulación sobre los establecimientos hosteleros hasta el punto de reclamar que se promuevan modificaciones concretas. Entre las esenciales, que no se restrinja el horario de funcionamiento en el interior de los establecimientos y que se rebaje el recorte de la superficie destinada a veladores desde el 50% anunciado hasta ahora al 20%.
Entre tanto, tampoco se ha producido ningún encuentro con los representantes empresariales del sector del ocio y la hostelería con el propósito de abordar fórmulas de implantación de esas ZAS, como ha llegado a solicitar la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa) de forma reiterada en las últimas semanas, tras advertir de la posibilidad de que esas limitaciones puedan extenderse hasta otros puntos del término municipal.
Por lo pronto, los residentes del Centro Tradicional y del Casco Antiguo persisten en que ya existen argumentos suficientes para que se apliquen las restricciones de funcionamiento de los establecimientos de ocio y restauración sin más aplazamientos. E incluso han solicitado la ampliación del perímetro de afectación a puntos como la Plaza de San Cristóbal.