El alcalde de Alicante, Luis Barcala (der), junto a la portavoz de Vox, Carmen Robledillo; el edil de Seguridad, Julio Calero, y el comisario principal de la Policía Local, José María Conesa, en la inauguración de la oficina.
26/11/2024 -
ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), da cumplimiento a otro de los compromisos adquiridos con Vox en el pacto alcanzado en enero de este año, por el que se facilitó la aprobación de los presupuestos municipales de este ejercicio, con la puesta en marcha de una oficina de asesoramiento contra la ocupación ilegal de viviendas, en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local del barrio de Babel, que queda activada sin que se haya llegado a facilitar una estadística de casos de ocupación ilegal de vivienda detectados en la ciudad que justificase su creación.
Con el estreno de la nueva oficina contra la ocupación, se daría por satisfecho la mayor parte de los puntos incluidos por Vox en ese pacto bilateral, a la espera de que también se desarrolle otro servicio similar de atención al cuidador; que se celebren los actos conmemorativos de la reconquista de Alicante, el 4 de diciembre; y que se promueva la redacción de una ordenanza específica sobre mercadillos, que habría quedado aplazada hasta el próximo mandato.
El resto de acuerdos habría quedado despejado en el margen de los dos últimos dos meses, después de que Vox hubiese advertido de que no se sentaría a negociar con el PP los presupuestos de 2025 salvo que se diese cumplimiento a la práctica totalidad de los compromisos adquiridos para este ejercicio. Con todo, Barcala no ha entrado a valorar el posible vínculo entre el desarrollo de los compromisos adquiridos con Vox y el proceso de elaboración de las cuentas de 2025, cuyo borrador queda ya sujeto a la fiscalización del departamento de Intervención en parte de su estructura, con la previsión de que pueda quedar aprobado provisionalmente en pleno a lo largo del mes de diciembre, según ha manifestado el mismo primer edil.
En cualquier caso, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha defendido la conveniencia de la puesta en marcha de la oficina al sostener que "cubre las expectativas que teníamos para trabajar contra la ocupación en Alicante y se irá desarrollando, dependiendo del grado de necesidades que se detecte, se irá incrementando la plantilla y el catálogo de ayudas a los ciudadanos". "Nos satisface", ha incidido, para recalcar que, pese a que no se dispongan datos cerrados sobre casos concretos, la ocupación sí sería, a su juicio, un fenómeno "preocupante". "Hemos estado en varios barrios y sabemos que hay ocupación ilegal; la semana pasada estuvimos en el barrio de Pla-Hospital y los vecinos nos trasladaron la preocupación que tienen porque hay dos edificios completamente ocupados; los comercios han tenido que instalar medidas de seguridad adicionales, como el botón del pánico, porque cuando cierran, les da miedo salir a la calle", ha explicado.
En esta línea, ha considerado que "esta oficina va a ayudar a que la convivencia en nuestra ciudad vaya a mejor y que la ocupación ilegal se pueda disuadir y podamos acabar con ella". Y, por último, sí se ha referido a la negociación de los presupuestos para insistir en que "ya dijimos que teníamos que tener el cumplimiento prácticamente total del pacto de presupuestos de 2024 y en ello estamos; estamos terminando de perfilar lo que se ha hecho y lo que falta por hacer", ha concluido.
La nueva oficina prestará información y asesoramiento "sobre buenas prácticas preventivas para evitar la ocupación y detectarla con antelación" y facilitará "asesoramiento jurídico y acompañamiento a las víctimas y coordinación con las autoridades para agilizar la recuperación de los inmuebles ocupados", según detallan fuentes municipales, a través de un comunicado.
Será atendida por cuatro agentes y un auxiliar, en diferentes turnos, las 24 horas del día y los 365 días del año. En concreto, el Servicio de Atención Ciudadana de la Policía Local atenderá de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, en los teléfonos 965 232805/6 y el Servicio de Atestados lo hará de 14 a 7 horas entre semana y todos los sábados, domingos y festivos las 24 horas en el teléfono 965 149501, según las mismas fuentes.
"De manera inmediata, la oficina sirve para informar a los ciudadanos de cómo y dónde denunciar una ocupación, así como las pautas de actuación a seguir", ha explicado Barcala. "Y prestará asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso", ha añadido.
Así, ha precisado que la oficina municipal estará en contacto permanente con el Cuerpo Nacional de Policía cuando la entrada irregular en una vivienda se produzca de manera reciente, en las 24 horas previas, para llevar a cabo una posible intervención inmediata. Y si los ocupantes llevan varios días en el inmueble, la oficina orientará al legítimo propietario sobre cómo agilizar o poner en marcha el proceso legal de desocupación. Entre sus funciones también figura la elaboración de un registro de consultas y denuncias, además de una base de datos de viviendas ocupadas ilegalmente.
"La rapidez en la actuación es clave para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas; y éste es uno de los grandes objetivos de la nueva oficina", ha agregado Barcala. "La legislación española debería establecer un plazo máximo de 24 horas para expulsar a los ocupantes ilegales, tal y como sucede en la gran mayoría de países de nuestro entorno", ha añadido. Además, ha recalcado que la ocupación ilegal no sólo atenta contra los derechos individuales a la propiedad y la intimidad, "sino que también perjudica a las comunidades de vecinos y propietarios y, en muchos casos, genera problemas de convivencia en esas comunidades y contribuye a degradar las zonas urbanas afectadas".
En este sentido, el alcalde ha reiterado que la ocupación ilegal de una propiedad "es un delito flagrante" que permite actuar a la policía en las primeras 24 horas por lo que "el tiempo es muy importante para poder actuar". Barcala también ha anunciado que se va a desarrollar una campaña informativa para que los alicantinos conozcan sus derechos en esta materia, al tiempo que ha resaltado que se va a promover la coordinación del Ayuntamiento con el decanato de los Juzgados para tratar de agilizar la tramitación de las denuncias y demás procedimientos derivados de estas actuaciones.
Un momento de la presentación de la oficina.
Barcala ha subrayado además la necesidad de que los agentes de la Policía Local cuenten con "protocolos seguros" para poder actuar dentro del marco legal con la mayor eficacia y rapidez, al tiempo que ha adelantado que el Ayuntamiento seguirá organizando jornadas informativas para funcionarios y policías locales con el fin de que dispongan de la información jurídica y práctica lo más actualizada posible sobre el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas.
Críticas del eje progresista
Entre tanto, como ya sucedió con la apertura de la oficina de asistencia a la maternidad, la puesta en marcha de la oficina contra la ocupación ilegal también ha suscitado las críticas de los grupos opositores del eje progresista quienes han acusado a Barcala de ceder ante los postulados de Vox con tal de poder aprobar los presupuestos, sin llegar a impulsar políticas de promoción de vivienda pública o adoptar medidas que puedan contribuir a frenar la escalada de precios de compra y de alquiler, que vienen atribuyendo a la proliferación de pisos turísticos, entre otros puntos.
En este sentido, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha acusado al alcalde de "generar una alarma innecesaria al poner el foco en la ocupación ilegal de viviendas para contentar a Vox y, de esta forma, tratar de aprobar los próximos presupuestos". "No existen datos que avalen que Alicante necesita esta oficina. Lo que sí se necesitan son medidas para facilitar el acceso a la vivienda. El alcalde no ha construido ni una sola vivienda en seis años, se niega a declarar la ciudad tensionada para contener los precios del alquiler y el descontrol de los apartamentos turísticos ilegales es absoluto. La política de vivienda no existe en Alicante y eso sí es responsabilidad del señor Barcala", ha manifestado.
En este sentido, ha considerado que el alcalde no puede permanecer "en el inmovilismo en un momento en el que los alicantinos y alicantinas exigen medidas para tener acceso al mercado de la vivienda, y mientras cada vez son más voces las que reclaman que se persiga a los apartamentos turísticos ilegales y se regule el sector". "El PSOE ha ofrecido al gobierno local un pacto por la vivienda, ha propuesto prohibir los apartamentos turísticos en bloques residenciales y ha defendido la necesidad de topar los precios del alquiler declarando Alicante ciudad tensionada. Sin embargo, Barcala parece estar ocupado exclusivamente en contentar a la ultraderecha en lugar de atender las necesidades sociales de los alicantinos y alicantinas", ha concluido.
En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que su intención es "conocer el detalle" del funcionamiento de la oficina. "Hemos hablado con los sindicatos policiales y están sorprendidos. Nos preguntamos ¿es una nueva área o se ha dado competencias a la Policía Local? No entendemos exactamente qué es esa oficina, más aún con los limitados recursos de la Policía, que están como están, bajo mínimo; no cumplimos ni la estructura mínima de policía y crean la oficina".
Al tiempo, ha incidido en que "los coches de la Policía se caen a pedazos, se desmontan, se han reventado, no tienen vestuarios, ni chalecos, casi nada para trabajar. Entonces, exactamente, ¿qué es eso de la oficina antiocupa? Obviamente, estamos en contra de la ocupación ilegal, de la real, pero también estamos en contra de toda la planificación de pisos turísticos ilegales. Aún no han creado el área para perseguir los pisos turísticos ilegales, como establece el decreto autonómico que aprueba que los ayuntamientos tengan competencia para cerrar los pisos turísticos ilegales", ha considerado. "Aquí no sabemos cuántos pisos de alquiler ilegales, ni construyen vivienda pública en seis años. Como digo, la especulación en cuanto al turismo no se ataja, en definitiva, nos parece que esta oficina anti ocupa tiene más de postureo político", ha concluido.
Por último, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha apuntado que "cada día que pasa hay más familias amenazadas por desahucios en la ciudad. Cada semana se ejecutan desahucios. Los alquileres no paran de subir y esto va a ir más porque no hay viviendas púbicas a precios razonables ni alquileres asequibles para las familias que demandan una vivienda en Alicante". Así, ha sostenido que "la situación del acceso a la vivienda se ha agravado. Los fondos buitre no renuevan los contratos y el PP en lugar de tomar medidas urgentes y concretas para paliar la necesidad de viviendas para atender la emergencia crea una oficina 24 horas para hacer frente la ocupación ilegal".
"¿Tiene sentido que haya viviendas públicas vacías, mientras hay familias enteras que se están quedando en la calle o que se tienen que atrincherar en una pensión? El incremento de desahucios continúa y no podemos consentir que haya gente sin casa y casas sin gente. Hay que evitar desde la administración local que haya familias que no pueden vivir en su propia ciudad. ¿Y esto no se soluciona con esta pseudo oficina?", se ha cuestionado.
De igual modo, ha insistido en que "no existen datos sobre ocupación en Alicante, lo que sí existen son datos de que Alicante acabó el año 2023 siendo la primera ciudad de la comunidad en desahucios ejecutados (368 al trimestre en toda la provincia) y la cuarta de España. Esos datos sí son ciertos. Barcala debe ponerse gobernar para quienes tienen dificultades reales para acceder a la vivienda en esta ciudad. Más de 5.000 familias solicitan vivienda porque no pueden afrontar el pago. Este es el verdadero drama y la verdadera necesidad. Y no una ideológica oficina totalmente innecesaria", ha concluido.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala (der), junto a la portavoz de Vox, Carmen Robledillo; el edil de Seguridad, Julio Calero, y el comisario principal de la Policía Local, José María Conesa, en la inauguración de la oficina.
