ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), toma posiciones respecto a la primera ronda de declaraciones acordada por el Juzgado de Instrucción número 3 en las diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa seguidas en relación a la cesión de uso del edificio del antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia para la instalación del Centro de Inteligencia del Agua (CIA), y de un centro de promoción del emprendimiento y de formación sobre la digitalización asociado a la estrategia municipal Alicante Futura.
En realidad, esa postura se ciñe a los mensajes de "plena confianza en la justicia" y de "colaboración" que los populares han venido apuntando desde el pasado mandato, cuando se inició la investigación sobre otro supuesto delito de prevaricación por fraccionamiento de contratos vinculado a la ejecución de tres mejoras urbanísticas distintas en la partida de La Alcoraya, en las que se vieron involucrados los ya exconcejales de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, y de Infraestructuras, José Ramón González.
Así lo verbalizó este martes el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, al sostener que se prestaría toda la cooperación que estuviese al alcance del ayuntamiento "en lo que se nos solicite" por parte del juzgado. "No hay más valoración que la línea que venimos marcando cada vez que se plantea un asunto judicializado", explicó en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno.
En esta ocasión, Villar no llegó ni a defender la corrección del proceso seguido a la hora de acordar la nueva adscripción del inmueble, de titularidad municipal, con la que se produjo su puesta a disposición de la Agencia Local de Desarrollo para que pudiesen desarrollarse los dos proyectos vinculados a la iniciativa Alicante Futura: el CIA, a cargo de Aguas de Alicante, en su planta baja, y el centro dedicado a la promoción del emprendimiento digital y las nuevas tecnologías en sus plantas superiores.
Hasta ahora, el equipo de gobierno sí había descartado toda anomalía en esa decisión al argumentar que el nuevo destino del inmueble sí estaba ligado a la formación y que, por tanto, quedaba encuadrado en el uso docente que rige sobre su parcela en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Además, también se ha venido apuntando que el propio planeamiento permite la adscripción de una parcela a un uso distinto al que tiene asignado siempre que se lleve a cabo una modificación puntual para regular esa nueva finalidad en el plazo de cuatro años, como así ha acabado sucediendo, con el impulso de un cambio por el que se suprime el uso educativo del solar sobre el que se levanta el edificio, así como de otras tres parcelas que también tenían esa misma consideración.
Sin embargo, todo parece indicar que no se facilitarán más explicaciones al respecto hasta que no se produzcan las comparecencias en el juzgado de los nueve primeros investigados y dos testigos, distribuidas entre los días 13, 15 y 25 de noviembre, según confirmaron fuentes consultadas. Entre los citados figuran la actual edil de Empleo, Mari Carmen de España (PP), y el exconcejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), en función de la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
En todo caso, la denuncia se dirige contra cerca de una veintena de personas entre las que se incluyen los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno durante el pasado mandato, cuando se aprobó la nueva adscripción de uso del inmueble, y los que la integran en la actualidad. Entre ellos se incluye al mismo alcalde, Luis Barcala. Y no se descarta que puedan producirse nuevas citaciones, en función del contenido de las manifestaciones que puedan formular los primeros investigados: al margen de los dos políticos, técnicos municipales y representantes de Aguas de Alicante y de la empresa que ejecutó la reforma de la planta baja del edificio.
Sea como fuere, lo cierto es que la investigación en torno a la cesión de uso del inmueble público no es la única que gira en torno a la gestión desarrollada por el equipo de gobierno en este nuevo mandato. Descontadas las diligencias por el supuesto fraccionamiento de contratos en la contratación de azafatas y montadores en el Teatro Principal, del que el Ayuntamiento es copropietario junto al Sabadell y la Generalitat, también se investiga el funcionamiento presuntamente irregular del centro de tratamiento de residuos, de titularidad municipal, a instancias de otra denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente.
En este caso, las diligencias se instruyen en el Juzgado número 7 por un supuesto delito contra el medio ambiente después de que la Fiscalía apreciase indicios suficientes de que la planta estaba recibiendo residuos por encima de su capacidad y de que no se estaba procurando el tratamiento debido, con la consiguiente generación de lixiviados. Esa conclusión se habría alcanzado a la vista de los informes de atestado policial, con recopilación de fotografías sobre el estado de la planta, según fuentes consultadas.
De ahí que la Fiscalía decidiese interponer denuncia y emplazar al juzgado instructor a que se encargase la elaboración de un informe pericial sobre el estado de las instalaciones y sobre el volumen de residuos que se depositan, al margen de los datos recogidos en el dossier presentado por la Coordinadora Alicante Limpio (CAL) y de las indagaciones realizadas por la propia Fiscalía. Por el momento, no ha trascendido que ese informe independiente se haya completado. Y tampoco que se haya producido ninguna citación.
Eso sí, el equipo de gobierno sí defendió el trabajo desempeñado en la gestión y eliminación de residuos cuando se conoció la interposición de la denuncia para reivindicar las inversiones planificadas para mejorar el funcionamiento de la planta y descartar que se estuviese recibiendo basuras por encima de su capacidad, a pesar del traslado de desechos procedentes de municipios de la Vega Baja.
Por el momento, está por ver cuál puede ser el avance de las dos investigaciones y si pueden llegar a tener consecuencias como el posible procesamiento de responsables políticos que derive en alguna hipotética inhabilitación para el desempeño de cargo público como las que se acabaron imponiendo al exalcalde socialista Gabriel Echávarri tras la denuncia por los contratos del caso Comercio que interpuso el PP.
El precedente para el PP durante el mandato pasado relacionado con los contratos para la adecuación de la plaza de Manuel Giménez de La Alcoraya acabó diluido en un sobreseimiento ya declarado firme por la Audiencia después de que no se apreciase la existencia de ninguna de las anomalías apuntadas por la Fiscalía.