ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), trata de poner en marcha un nuevo paquete de inversiones, una vez concluidas las obras de reurbanización asociadas al proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Se trata de una nueva batería de obras cuyo importe global se acercaría a los 15 millones para los que se pretende habilitar fondos a través de una nueva modificación de crédito: la segunda que se plantea respecto al presupuesto municipal de este ejercicio, tras la que se acordó para proveer los fondos destinados a las subvenciones de las comisiones de las fiestas de Fogueres y suplementar la partida económica para acometer el traslado del monumento de Torre Placia.
Esa nueva propuesta de variación contable está en su última fase de evaluación, con el ajuste de los cálculos sobre los ahorros generados en las licitaciones cerradas hasta ahora, a partir de las bajas ofertadas por las empresas que han resultado adjudicatarias de esos concursos previos. Es lo que habría sucedido, por ejemplo, con el encargo del proyecto de ampliación del cementerio municipal, que se acabó adjudicando por más de un millón menos respecto al precio que se había planteado como presupuesto de partida en la convocatoria del concurso.
El cálculo de esos ahorros o economías es el que determinará qué otra cuantía resulta necesaria incorporar respecto la financiación todavía disponible a partir de los préstamos bancarios suscritos entre 2022 y 2023 por 9,7 y 19,7 millones cuyo saldo no se ha llegado a agotar, bien porque también se dispuso de otros ahorros previos, o bien porque todavía no se ha llegado a promover las obras que se preveía desarrollar con esos fondos.
El estudio del cambio presupuestario está tan avanzado que el acuerdo se pretende elevar a la consideración del conjunto de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) a principios del próximo mes de julio. Puede que incluso se abogue por convocar un pleno extraordinario en torno a la primera quincena del mes, sin esperar a la fecha prevista para la celebración del pleno ordinario para adelantar los procesos de contratación de las actuaciones que se pretende ejecutar que no se hayan licitado ya de forma anticipada.
Hasta ahora, no se ha concretado qué inversiones concretas se pretende poner en marcha con el impulso de esa segunda modificación de crédito. No obstante, todo parece indicar que se incluirán proyectos como la segunda fase de la reurbanización de la avenida de Niza, ahora en fase de contratación por un importe de 4,5 millones, o la construcción del Tómbola Arena, ya adjudicado a Abala Infraestructuras por 5 millones. De hecho, la intención del equipo de gobierno era acometer las obras del paseo de Playa de San Juan a la conclusión de este verano para que puedan quedar prácticamente terminadas en la próxima campaña estival, ya que parten con un plazo de ejecución de un año.
En cualquier caso, para que ese segundo movimiento de partidas pueda quedar aprobado, los populares tendrán que volver a sumar el respaldo de alguno de los cuatro grupos opositores. Tanto el presupuesto como su primera modificación salieron adelante con los votos a favor de los cuatro ediles de Vox, después de que, el pasado enero, se alcanzase un pacto presupuestario vinculado al cumplimiento de una batería de propuestas que el partido de Santiago Abascal planteó como condición ineludible.
Entre ellas, al margen de medidas como el refuerzo de los medios de la Policía Local, figuró el compromiso de que la ordenanza reguladora del funcionamiento de la ZBE no incluiría la imposición de restricciones a la circulación, ni multas en caso de posibles incumplimientos, así como la creación de una oficina de asistencia a la maternidad y otra destinada a asesorar frente a la okupación ilegal de viviendas.
Lo cierto es que los representantes de Vox vienen advirtiendo sobre el retraso en la materialización de esos acuerdos, después de haber mantenido distintos encuentros con representantes del equipo de gobierno. La última vez que formularon esa advertencia fue, esta misma semana, tras la reunión de trabajo celebrada con la edil de Derechos Públicos y Bienestar, Begoña León, a la que apremiaron a poner en marcha la oficina de asistencia a la maternidad.
Al término de esa cita, Vox volvió a lanzar otro aviso al PP al anticipar que un incumplimiento del acuerdo presupuestario conllevaría que no se volviese a contar con su apoyo para la negociación de las próximas cuentas. Sea como fuere, puede que la oportunidad de comprobar la vigencia de esa advertencia no se demore demasiado toda vez que el equipo de gobierno ya habría comenzado a trabajar en la planificación de las cuentas de 2025 con el reto de lograr que puedan aprobarse en tiempo y forma, antes de que concluya este año. Como mínimo, el departamento de Hacienda ya ha emplazado al conjunto de áreas municipales para que precisen la solicitud de peticiones de necesidades, según precisaron fuentes consultadas.