ELCHE. La rescisión del contrato firmado Aparcisa para el futuro Mercado Centralempieza a moverse en los tribunales y cada actor empieza a tomar posición. En el caso del Partido Popular, por ejemplo, ha podido personarse como parte interesada en el procedimiento judicial, a pesar de que el Ayuntamiento intentó impedirlo. Desde el Ejecutivo se les conminó a personarse si querían recibir la información sobre el caso, y después de solicitar personarse, el Ayuntamiento interpuso un recurso de reposición contra la diligencia planteada por el PP. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Elche ha desestimado el recurso presentado por el Consistorio.
De esta forma, el juzgado da la razón al grupo municipal, que se personará en el caso como interesado a través de su edil Francisco Javier García Mora, que es procurador, aunque solicita la personación como miembro de la corporación municipal. En este caso, obviamente, por el PP. García Mora defiende que tienen derecho a personarse como partido de la oposición para su labor fiscalizadora, y sostiene que la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen derecho a hacerlo. Cosa que los tribunales les han reconocido.
El PP podrá seguir cada paso del proceso
Así, con la desestimación del recurso presentado por el gobierno municipal, en las filas del PP tendrán constancia de cada notificación en el proceso judicial que ahora empieza por la ruptura del contrato del Mercado Central. Desde el equipo de gobierno justifican que el recurso se presentó por la interpretación de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, "en este caso la personación debía ser en calidad de demandante o demandado en todo caso", decía el portavoz Héctor Díez. Una tesis por la cual el PP no podría personarse. Sin embargo, el Contencioso-Administrativo sí ha permitido esa personación de terceros.
Ruz y García Mora
En este sentido, no es la primera vez que le ocurre algo similar al equipo de gobierno, además con el caso del Mercado Central: en mayo de 2020, una magistrada de este mismo juzgado instó al Ayuntamiento a entregar el informe de Cuatrecasas sobre la rescisión del Mercado a la oposición. El equipo de gobierno se había negado alegando que podía dañar los intereses del Ayuntamiento en el caso, en pro del 'interés general', tesis por la que se ha rescindido el contrato con Aparcisa.
El partido denuncia trabas del bipartito para fiscalizar
Con este nuevo 'revés' judicial, García Mora apela a los obstáculos que se han encontrado para acceder a estas informaciones municipales: "En cuanto hacemos peticiones de información en los registros de entrada en los procesos judiciales, nos dicen que nos personemos para poder tener acceso al contenido de ese procedimiento. Y cuando lo hacemos nos dicen que no". Arguye el edil que se trata de una estrategia para que su partido no tenga conocimiento en la tramitación judicial. "Con la personación podemos tener constancia de si el juzgado si toma alguna decisión que repercute en los ciudadanos, por ejemplo si la adjudicataria tiene derecho a ser recompensada económicamente por la ruptura de la relación contractual", justifica.
Por su parte, el portavoz del grupo, Pablo Ruz, calificaba este decreto como un "varapalo judicial" al Ayuntamiento, y denunciaba que el recurso contra la personación de su formación "es otro intento de amordazar a la oposición y otro ejercicio para intentar obstruir la fiscalización de la oposición. Ya está bien". Ruz sacaba pecho de la labor, esgrimiendo que hacen una labor incómoda para el equipo de gobierno, para acabar calificando al alcalde como un "cacique". En definitiva, salvo sorpresas de última hora, serán los únicos terceros que se personen en el procedimiento, porque los placeros lo han descartado.
De forma paradójica, en el mismo día en que los populares daban a conocer este decreto, el Ayuntamiento daba a conocer que ha recibido el sello Infoparticipa por tercera vez consecutiva por la transparencia de su web municipal. Una web que está al margen del os tirones de orejas que el Consistorio ha recibido del Síndic por no tratar con las diligencias exigidas por ley a la oposición.
Mercado Central / PEPE OLIVARES 
