El equipo de gobierno defiende que las enmiendas de Vox, PSOE y Esquerra Unida Podem quedan inadmitidas al no guardar relación con la propuesta de revisión de las ordenanzas, como concluye el informe de los técnicos de Hacienda
ALICANTE. Los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante frenan la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal que regula el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) planteada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP). Los representantes de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem han votado en contra del acuerdo en la reunión de la comisión informativa de Hacienda celebrada este lunes después de que se haya descartado la admisión de todas las enmiendas que habían planteado para introducir distintos tipos de bonificaciones en la recaudación de ambos impuestos.
Sí ha prosperado, no obstante, la segunda propuesta de modificación sobre la ordenanza reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) gracias a la abstención del grupo municipal de Vox, ya que tanto PSOE, como Compromís y Esquerra Unida Podem han votado en contra, según han confirmado fuentes municipales consultadas. De este modo, la comisión ha emitido un dictamen desfavorable respecto al ajuste que el PP trataba de promover sobre la ordenanza del IBI y segundo un dictamen, en este caso favorable, respecto a la regulación del conocido como impuesto de circulación, a la espera del desenlace que pueda producirse en la votación de ambas propuestas en el pleno ordinario de octubre, previsto para este próximo jueves, día 26.
¿En qué consistían las modificaciones que trata de promover el PP? Fuentes municipales han incidido en que, en los dos casos, se pretendía introducir ajustes de carácter técnico para adaptar las dos ordenanzas a las últimas modificaciones legales previstas en normativas de rango superior. En concreto, respecto a la ordenanza del IBI se trataba de incorporar aclaraciones respecto a las bonificaciones previstas para familias numerosas, de modo que se confirmase que seguirán acogiéndose a esa reducción impositiva las familias con tres descendientes aunque solo uno de ellos resida en el domicilio familiar.
Por lo que respecta a la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de circulación, la adaptación consistía en la incorporación de lenguaje inclusivo en aspectos como el cambio de denominación de las referencias a los particulares que en el texto hasta ahora vigente quedaban identificados con personas con algún grado de minusvalía sustituyendo esa denominación por personas con diversidad funcional.
No obstante, al menos tres de los cuatro grupos opositores (PSOE, Vox y Esquerra Unida Podem) aprovecharon ese trámite de ajuste técnico planteado sobre las dos ordenanzas fiscales para promover cambios complementarios relacionados con la aplicación de reducciones del tipo impositivo o la implantación de distintas bonificaciones, como ya se había propiciado en otros procesos de adaptación de ordenanzas fiscales con anterioridad. De hecho, es lo que sucedió con la reciente modificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a partir de una enmienda registrada por Vox que acabó siendo transaccionada por el PP para reducir el tipo impositivo general con el que se calcularía la recaudación del impuesto, como informó este diario.
En esta línea, como también avanzó este diario, Vox siguió ese procedimiento y retó al PP con una nueva propuesta por la que planteaba la introducción de una rebaja del 1,5% en el IBI, así como una unificación respecto al IVTM para fijar un coeficiente único para cada tipo de vehículos de en torno al 1,3. Por su parte, PSOE y Esquerra Unida Podem registraron sus propias enmiendas con el fin de introducir mayores bonificaciones para las viviendas que instalasen puntos de recarga para coches eléctricos o distintos porcentajes de recargo para los propietarios de viviendas que permaneciesen vacías, entre otros puntos.
No obstante, ninguna de esas sugerencias ha acabado teniéndose en consideración, a la vista de las conclusiones del informe de valoración de esas enmiendas elaborado por los técnicos de la Concejalía de Hacienda en el que se descarta la viabilidad de su incorporación. En ese informe se resolvía que las enmiendas de la oposición consistían en realidad en propuestas que no guardaban ninguna relación con el objeto real de la modificación promovida por el PP. Así lo ha subrayado, de hecho, el representante de la Secretaría municipal presente en el desarrollo de la comisión.
De ahí que, en el transcurso de la reunión de ese órgano político, el grupo municipal de Vox haya solicitado la elaboración de un informe jurídico en el que se precise cuál es el alcance y el ámbito de maniobra del que disponen los grupos de la oposición para presentar enmiendas en cada caso, con el fin de evitar que puedan existir márgenes para la discrecionalidad, según ha defendido su portavoz adjunto, Mario Ortolá, tras incidir en que en propuestas de revisión de otras ordenanzas similares sí se han incorporado sugerencias de los grupos de la oposición a pesar de que no estuviesen directamente relacionadas con el acuerdo defendido en la propuesta inicial. La petición, por lo pronto, sí ha sido asumida por el equipo de gobierno, a través del edil de Hacienda, Toni Gallego, quien ha considerado oportuno que se precise en qué circunstancias y bajo que premisas pueden presentarse enmiendas.
Entre tanto, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha valorado el resultado deparado en la reunión de la comisión para apuntar que "el gobierno de Barcala se ha vuelto a quedar solo porque rechaza mantener una actitud de diálogo. Desde el grupo municipal socialista defendemos que si se inicia un proceso para reformar la ordenanza del IBI, es imprescindible escuchar las aportaciones del principal grupo de la oposición. Y no se ha hecho. De esta forma, se ha desaprovechado una estupenda oportunidad para introducir modificaciones para avanzar hacia una ciudad más verde y sostenible, incentivando la apuesta por las energías renovables", ha explicado Barceló tras la comisión.
En ese sentido, la portavoz ha recordado que en la modificación de la ordenanza del ICIO sí se permitió a los grupos de la oposición presentar y debatir enmiendas al texto del gobierno municipal, pero, esta vez se ha impedido. "Se han aplicado dos varas de medir y no se ha permitido el debate por haber sido inadmitidas las propuestas. Por ello, el PP se ha quedado solo", ha destacado la portavoz.
En concreto, los socialistas proponían ampliar las bonificaciones destinadas a inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. De igual forma, se había propuesto la reducción del 50% de la cuota sobre los inmuebles en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos. Igualmente, se propone incluir un recargo del 30% en la cuota del impuesto a las viviendas que se encuentren desocupadas de forma permanente para incentivar el mercado del alquiler; siempre que se reúnan los requisitos fijados en la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.
Barceló ha criticado asimismo que la modificación de ordenanzas haya sido tramitada por urgencia. "Es un síntoma más de la falta de planificación de Barcala. Se sabe de antemano cuándo son los plenos y, por tanto, no tiene ningún sentido que se aborde como una urgencia. Al final, esa es una práctica habitual del gobierno del PP, que vemos como cada semana lleva más puntos por urgencia a la junta de gobierno que a través del trámite ordinario. Van dando tumbos por falta de organización", ha añadido.
Por otro lado, y con relación al IVTM, los socialistas proponían que los usuarios de vehículos eléctricos y sin emisiones que no sean nuevos también puedan disfrutar de beneficios fiscales, una cuestión que contribuirá a incentivar la reutilización de vehículos eléctricos de segunda mano, una realidad que, previsiblemente, crecerá en los próximos años.
Las alegaciones presentadas por el principal grupo de la oposición detallan que son mayoría los municipios que garantizan la bonificación máxima (75%) y de forma permanente a los vehículos eléctricos. "Alicante lo hace de forma decreciente y tan sólo durante los tres primeros años, algo que no facilita la implantación de la movilidad eléctrica. Entendemos que garantizar una bonificación fija y permanente para los vehículos eléctricos y sin emisiones es mucho más eficiente para el fin que busca la bonificación", ha explicado la concejala Silvia Castell.
En concreto, la bonificación de los tres primeros años planteada actualmente se reduce tan solo a los vehículos eléctricos de nueva matriculación y bajas emisiones. Eso es algo que reduce esta medida fiscal a los tres primeros años de vida del vehículo, en el mejor de los casos. "Aquellos que se adquirieron al principio de la nueva ola de movilidad sostenible no pueden disponer de este beneficio fiscal, que consideramos que es igualmente justo para quienes adquieren un vehículo como para quienes son usuarios, puesto que contribuyen en beneficio del medioambiente y la salud pública", ha señalado Castell. "Debemos, por tanto, garantizar que los usuarios de vehículos eléctricos y sin emisiones que no sean nuevos, puedan disfrutar de este beneficio fiscal, porque contribuirá a incentivar la reutilización de vehículos eléctricos de segunda mano que crecerá en los próximos años", ha concluido.
Gallego: "La oposición en bloque pone trabas al acceso de las familias numerosas a la bonificación del IBI"
En segundo término, la edil de Compromís, Sara Llobell, también se ha pronunciado sobre el resultado de la comisión para señalar que "una vez más el gobierno municipal cierra la puerta para poder modificar impuestos municipales, ahora el IBI y el impuesto de circulación. Continúa actuando de espaldas a la oposición ¿Cómo? Al margen de enviar la documentación con horas de antelación, tampoco plantea cambios que repercutan por ejemplo en los barrios con menos rentas. Es decir, no trabajan una modificación real de los impuestos en tiempo de crisis. Es un gobierno que vive de espaldas a la ciudadanía alicantina y sus necesidades", ha sostenido.
Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem EU, Manolo Copé, ha señalado que, a su juicio, "no es serio que se mande la convocatoria" de la comisión de Hacienda "un viernes a las 15,15h para el lunes a las 9 de la mañana". "La falta de previsión otra vez del equipo de gobierno empieza a ser una cuestión vergonzosa", ha añadido. Y al tiempo ha apuntado que "no tiene sentido abordar una reforma de los impuestos y que no se puedan presentar las enmiendas que se ajusten a la legislación. Todas las enmiendas han sido inadmitidas por lo que la oposición ha decidido que no pase a pleno el tratamiento del IBI", ha apuntado.
"La Secretaría municipal ha establecido la inadmisión de todas las enmiendas cuando el procedimiento ha sido el mismo que con la reforma del ICIO, por ejemplo. La arbitrariedad se está convirtiendo en una constante, pero no vamos a consentir este ninguneo. Se ha perdido una oportunidad de oro para abordar una reforma fiscal de calado que garantice ingresos suficientes de cara a abordar los retos que tiene la ciudad y que no se abordan", ha concluido.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha señalado que "es incongruente e ilógico que la izquierda se oponga a una iniciativa para introducir lenguaje inclusivo", tras insistir en que ese había sido el motivo esgrimido por los técnicos del área en su informe para inadmitir las alegaciones del resto de grupos políticos al no tener relación con el objeto de la propuesta.
En esta línea, fuentes del equipo de gobierno han insistido en que la modificación planteada en la ordenanza del IVTM, que ha quedado dictaminada favorablemente con el voto del PP y la abstención de Vox, frente al voto contrario de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, plantea únicamente sustituir los términos "minusválido" por "diversidad funcional" y "minusvalía" por "discapacidad", en cumplimiento de una sentencia para fomentar el lenguaje inclusivo.
También se introducen otros cambios específicos meramente técnicos sobre aspectos relacionados con resoluciones o certificados oficiales expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y los ministerios de Economía y Hacienda, y Defensa, que "en ningún caso alteran ningún contenido esencial de las ordenanzas y únicamente se actualizan por imperativo legal", ha subrayado Gallego.
En cuanto a la modificación en la ordenanza del IBI, que queda en el aire hasta el pleno de este jueves al no recibir el apoyo del conjunto de la oposición, Gallego ha explicado que "tan solo se pretende introducir aclaraciones sobre las bonificaciones por ser familia numerosa, concretamente, para que se entienda que aquellas que mantengan solo uno de los hijos en el domicilio dentro de la edad legal establecida tienen derecho de solicitar las bonificaciones fiscales municipales, ya que con la redacción actual no queda claro".
La modificación propuesta plantea cambiar en la tabla de bonificaciones de familias numerosas donde pone "2-3 hijos" por "hasta 3 hijos", además de aclarar en el apartado de Bonificación de actividades económicas de especial interés aquello que ya se aplica: "Desestimación por silencio administrativo a los 6 meses".
Gallego ha reiterado que "los cambios que conlleva la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales de IBI e IVTM son ajustes de norma o sentencia que estamos obligados a realizar y que, de hecho, se están aplicando, como es de ley, pero la oposición en bloque ha antepuesto sus intereses partidistas a los generales y opta por poner trabas al acceso de las familias numerosas a las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles".