ELCHE. Son pocas las propuestas ciudadanas —ubicación de algunos contenedores y modificaciones de los puntos limpios— que el Ayuntamiento ha incluido finalmente en el pliego de condiciones para el servicio de limpieza que tendrá que entrar en 2020 tras su finalización el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, la que más ha dado que hablar es la de la posible municipalización del servicio, algo que han planteado algunas organizaciones como Podemos y sobre todo colectivos ecologistas como Residuo Cero Elx —que aglutina once colectivos como AHSA, Margalló Ecologistes en Acció o CCOO—. Precisamente desde Margalló piden una reunión urgente del Consejo Municipal de Medio Ambiente, mientras que el Consistorio advierte que esta modalidad presenta problemas importantes de orden laboral, económico y jurídico.
En ese sentido, desde la concejalía dirigida por el socialista Héctor Díez señalan que multitud de municipios tenían prevista esta medida y la han descartado por la complejidad e incertidumbre que genera. También se acogen a la Ley de Bases de Régimen Local que establece que los servicios públicos municipales deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente posible, entre las que se hablen cuatro opciones: el propio Ayuntamiento, un organismo autónomo local, una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil local cuyo capital sea de titularidad pública.
Para descartar estas opciones, que corresponden a la gestión pública, argumentan que el techo de gasto impide hacer las inversiones necesarias, ya que según el Banco de España, las tasas de crecimiento son de un 2,6% para 2018, un 2,2 para 2019 y un 2 para 2020. Según el informe municipal, “de confirmarse estas previsiones el incremento de los gastos presupuestarios para dichos años no podría superar estas tasas, lo que hace muy difícil que el ayuntamiento pueda abordar los importantes gastos que habrán de imputarse al Capítulo 6 del Presupuesto Municipal” en el caso de municipalizar por las inversiones que requieren los servicios.
Estiman que aunque hubiera superávit presupuestario, éste ha de destinarse a la reducción del endeudamiento de la Entidad Local, y que la inversión inicial municipal para poder prestar el servicio supera el techo de gasto. Según el Consistorio, el planteamiento de ahorro de costes por la municipalización no está demostrado, dado que no se evita el pago de todo el IVA, pues todos los servicios y suministros relacionados con el servicio estarán gravados con el 21% de IVA, no deducible, mientras que si el servicio lo presta una empresa, el tipo es el 10% —además de atenerse al caso fallido de León—. Sin embargo, son varios los municipios de la provincia que tienen el servicio municipalizado, como Aspe, Guardamar del Segura —el primero—, Monforte del Cid, Villena u Orihuela, que es la ciudad más poblada que gestiona así el servicio desde 2013, después de empresas como Acciona o una Unión Temporal de Empresas (UTE) hayan gestionado el servicio.
Aunque la gestión es municipal no por decisión propia —fue la mejor opción tras varias impugnaciones a la licitación que hizo Urbaser—, el gasto anual de la contrata era de unos 8.800.000 euros, y con la reversión ascendió a alrededor de 9 millones, que es en lo que está ahora. Un ligero aumento que ha llegado no por el propio servicio, sino porque se ha aumentado la plantilla para el fin de semana y porque tras el cierre de un vertedero más cercano, tienen que llevar ahora los residuos al vertedero de Piedra Negra, en Murcia. Se trata de una plantilla de 200 trabajadores aproximadamente. El principal inconveniente que tienen es que hay más dificultades para renovar la maquinaria o la infraestructura, porque es más difícil de hacer todos los trámites en una administración local que en una empresa de un año para otro.
Con todo, los colectivos integrados en Residuo Cero Elx defienden que habría un ahorro en el IVA con la gestión municipal, ya que mientras que en el caso de una contrata hay que emitir una factura del 21% como hace cualquier empresa, el Ayuntamiento se ahorraría varios millones en el caso de que se asumiera a la plantilla municipal —de 400 trabajadores—, ya que serían pago de nóminas como cualquier funcionario, y ese IVA quedaría restringido a otros asuntos como adquisición de material, mantenimiento, gasolina, inversiones tecnológicas, etc. En ese sentido, mientras que la mano de obra de Urbaser actualmente está en torno a los 16 millones de euros, calculan que se podrían ahorrar alrededor de 4.
Dos opiniones enfrentadas en las que cada una de las partes desconfía de la otra sobre sus argumentos para defender su tipo de gestión. En ese sentido, Margalló ha solicitado una reunión urgente del Consejo Municipal de Medio Ambiente para conocer los motivos para desestimar la recuperación del servicio y para no elaborar previamente a la licitación del mismo un plan de gestión municipal de residuos —el Ayuntamiento defiende que tampoco es obligatorio y que muchas de esas cuestiones estarán reflejadas en el futuro servicio—.
El colectivo carga contra la negativa a que “un grupo de expertos con conocimientos actualizados en gestión de residuos elabore un plan de gestión, y por el contrario se ha permitido que técnicos con responsabilidad en la nefasta gestión de los residuos en nuestra ciudad en los últimos años asuman la redacción del pliego de condiciones”. Creen que la consulta ciudadana es puro postureo, y que favorecer que adquieran el servicio empresas como FCC, Valoriza, Urbaser o Ferrovial —como adelantó Alicante Plaza— permite que “sigan haciendo negocio, a pesar de su mala gestión en numerosos municipios a lo largo y ancho de nuestra geografía y de los presuntos escándalos de corrupción que han protagonizado en los últimos años”. Además avanzan que seguirán presionando sobre la presunta estafa de la falta de tratamiento en Els Cremats. En cuanto al cumplimiento del umbral del 50% de recuperación de residuos según Europa para 2020, desde el Consistorio ya defendieron que su "obligación actual" es la de cumplir el PIR, escudándose en que este cambio europeo aún no ha entrado en vigor.
