Planta de tratamiento de Els Cremats, que recoge los residuos del consorcio del Baix VinalopóALICANTE. Las autoridades europeas ya tienen en su poder la denuncia presentada por el colectivo Ecologistas en Acción contra la ampliación de la planta de residuos de Elche, perteneciente al consorcio del Baix Vinalopó y que se llevó a cabo sin mediar licitación pública, tal como contó este diario. Según la respuesta de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea al colectivo denunciante, "los servicios de la Comisión examinarán los hechos a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia".
La carta del jefe de unidad de la Dirección General, Alvydas Stancikas, explica que ya se ha dado trámite a la denuncia, de unos veinte folios, presentada por el colectivo que dirige Carlos Arribas, y que "tras el examen de los hechos y a la luz de las normas y prioridades establecidas por la Comisión para la incoación y la continuación de los procedimientos de infracción, los servicios de la Comisión apreciarán si procede dar curso o no a la denuncia".
Como se recordará, los ecologistas denuncian que la amplicación de la planta, valorada en 19 millones, se encargó directamente a la UTE que ya gestionaba la planta, Urbahormar (formada por Urbaser y CHM) sin sacarla a concurso, a cambio de un incremento en el canon que ahora se trasladará a las tarifas que pagan los diez ayuntamientos miembros del consorcio. A juicio del colectivo de Arribas, esta forma de proceder vulnera dos normativas europeas sobre Contratación, la 2014/24 UE y la 2014/23 UE, que obligarían a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), para que cualquier empresa de un estado miembro pudiese presentar oferta, de estimarlo oportuno.
La misiva de Stancikas explica que, a partir de ahora, su unidad evaluará la denuncia "con vistas a adoptar una decisión de requerimiento o de archivo en un plazo máximo de un año". Cuando se supere ese plazo (durante el cual podrían pedir documentación suplementaria a los denunciantes), la Comisión "propondrá, en en su caso, que [la denuncia] se transfiera al mecanismo de resolución de problemas más adecuado".
Alvydas Stancikas, jefe de la unidad que investigará la denuncia ecologistaNo obstante, la carta también advierte de que el objetivo de esta investigación es asegurarse de que la legislación de los Estados miembros (en este caso, España) se ajusta al derecho europeo y que se aplica correctamente, por lo que la denuncia de los ecologistas "no puede, por lo tanto, resolver su situación concreta e individual. Para obtener reparación, incluida una indemnización si está justificada, debe emprender acciones a nivel nacional". Es decir, más allá de que Bruselas abriese, si llegase el caso, un expediente de infracción a España, este no tendría consecuencias prácticas sobre la planta de Elche, el encargo de la ampliación y la contrata en vigor, hasta 2030.
La 'cara B' de la denuncia de los ecologistas, aunque no tiene encaje (por ahora) en la vulneración de una normativa europea, es que la ampliación de la planta de Elche, más allá de que se hiciera sin licitación, se quedará obsoleta en dos años: el Consorcio de Residuos del Baix Vinalopó recuperará un 22% de los residuos que trate (unas 135.000 toneladas al año, actualmente) en un escenario en el que no se aplique el SDDR. El problema es que dentro de dos años la normativa europea exigirá que se recupere el 50%.
Es decir, la nueva capacidad de la planta ilicitana cumplirá el Plan Integral de Residuos (PIR) al mejorar sensiblemente el 9% de recuperación de residuos actual, pero que se quedará muy lejos del 50% que exigirá Bruselas en menos de dos años, dado que los objetivos del PIR eran mucho menos ambiciosos. A juicio del colectivo denunciante, el porcentaje de recuperación previsto vulneraría también la directiva marco de residuos.
El acalde de Elche (ciudad que lidera el consorcio), Carlos González, explicó tras desvelar Alicante Plaza el contenido de la denuncia el pasado julio que la Ley de Contratos del Sector Público con la que se contrató la ampliación, anterior a la vigente, establece que las modificaiones de los contratos tienen que estar sometidas al análisis y al dictamen del Consell Jurídic Consultiu, y que en septiembre de 2017 este órgano emitió un dictamen positivo. En cuanto al cumplimiento del umbral del 50% de recuperación, desde el Consistorio defendieron que su "obligación actual" es la de cumplir el PIR, escudándose en que este cambio europeo aún no ha entrado en vigor.
