ALICANTE. El encuentro de trabajo concertado por el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para analizar los escenarios de futuro sobre la planta de almacenaje de combustibles con seis primeros depósitos promovida por XC Business en la terminal de mercancías del Puerto se ha cerrado con una única conclusión significativa: que el departamento autonómico que coordina Salomé Pradas facilitará toda la colaboración y el apoyo técnico y jurídico que esté en su mano al Ayuntamiento de Alicante en la posición de rechazo al desarrollo del proyecto que se ha dado a conocer hasta ahora.
Así se ha puesto de manifiesto a través de un comunicado conjunto al término de la reunión, que se ha prolongado durante cerca de dos horas, en las que la delegación municipal encabezada por el alcalde, Luis Barcala; la edil de Urbanismo, Rocío Gómez; y el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente y Asesoría Jurídica, Manuel Villar, han trasladado a Pradas que el Ayuntamiento prevé elevar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una solicitud de aclaración de la sentencia conocida el pasado miércoles, por la que se da la razón a la empresa promotora de los depósitos, XC Business, y se le reconoce la concesión de licencia ambiental por silencio administrativo positivo como consecuencia del retraso en la resolución de su petición de permiso por parte de la administración local.
Esa solicitud de aclaración del fallo tiene una primera consecuencia: la posibilidad de ganar tiempo para decidir el resto de posibles pasos a adoptar, como había anticipado el mismo Barcala en una comparecencia pública este mismo lunes, tras firmar un convenio marco con la Universidad de Alicante (UA) por el que se ampara la creación de una cátedra de investigación sobre el sector turístico específica sobre la ciudad de Alicante.
Será la respuesta a esa solicitud de aclaración de sentencia la que pueda orientar sobre la interposición de un posible recurso de casación respecto al pronunciamiento del alto tribunal autonómico, según ha apuntado igualmente el primer edil. Por el momento, se trata de una hipótesis por confirmar que seguiría en estudio y que se vería condicionada por los términos en los que se sustancia la aclaración de sentencia del TSJ.
Por lo pronto, la presentación de ese recurso ante el Tribunal Supremo (TS) también conllevaría otra derivada automática: que la concesión efectiva de la licencia quedaría suspendida hasta que el alto tribunal emitiese su resolución definitiva, lo que podría demorarse entre uno y dos años. Todo, salvo que XC Business tenga la capacidad de solicitar la ejecución provisional de sentencia (y, por tanto, reclamar la concesión del permiso) a pesar de la interposición de ese recurso: un escenario que sí estaría al alcance de la empresa, según fuentes jurídicas consultadas. En ese supuesto, sería el TS quien resolviese si procedería acceder esa ejecución provisional mientras dirimiese sobre el supuesto recurso del Ayuntamiento.
En todo caso, ese recurso de casación ante el TS sí evitaría que XC Business pudiese iniciar un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración en busca de una compensación económica que reparase el daño ocasionado por el retraso en la concesión de la licencia. Eso sí, en el supuesto de que el pronunciamiento del TS fuese favorable a la compañía, se ampliarían los años de espera en la concesión del permiso. Y, por tanto, el perjuicio ocasionado y el daño a resarcir.
Por lo pronto, tras el encuentro institucional celebrado este martes entre el Ayuntamiento y la Conselleria -sin presencia de responsables de la Autoridad Portuaria- se ha cerrado sin que se haya dado a conocer cuál puede ser la posición definitiva del departamento autonómico respecto a la petición municipal elevada por la Concejalía de Urbanismo para que se reconsideren las conclusiones recogidas en dos informes evacuados en 2021 en los que se eximía al proyecto de quedar sujeto al trámite de evaluación ambiental.
El departamento municipal habría elevado esa petición a la vista de un nuevo informe técnico en el que se rebatirían los dictámenes del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Abogacía de la Generalitat y se resolvería que el proyecto sí debe quedar sujeto necesariamente a ese filtro por parte del departamento autonómico.
Hasta ahora, al término de la reunión, el alcalde de Alicante únicamente ha señalado, a través de la nota pública conjunta, que había informado a la titular de Medio Ambiente sobre la decisión del Ayuntamiento de "cursar una solicitud de aclaración de sentencia al órgano judicial, o incluso interponer un recurso de casación ante el Supremo, lo que deja este asunto 'sub iudice'".
Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente ha mostrado "su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento y queda a expensas de la resolución definitiva del procedimiento judicial". "Durante la reunión, la Conselleria y el Ayuntamiento han mostrado su voluntad de trabajo coordinado para atender las prioridades del consistorio", añade la nota pública.
Además, Barcala ha manifestado su "satisfacción por una reunión productiva, en la que he vuelto a encontrar la colaboración de la consellera y su sensibilidad hacia las cuestiones que importan y preocupan a los alicantinos". Y Pradas ha añadido que "la Generalitat estará al lado del Ayuntamiento de Alicante para dar apoyo técnico y jurídico en este proceso que sigue vivo a nivel judicial".