El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la consellera de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante anticipa los primeros pasos de la estrategia que se pretende seguir respecto al proyecto de implantación de una planta de almacenaje de combustibles con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya reconocido por sentencia la concesión de licencia ambiental por silencio administrativo, como había reclamado su empresa promotora, XC Business 90. A la espera de que pueda abordarse un estudio en profundidad junto a responsables de la Generalitat, en un encuentro de trabajo concertado este mismo lunes, la primera decisión que se pretende adoptar al respecto es la de elevar una solicitud de aclaración de sentencia para que el alto tribunal autonómico aporte mayor concreción respecto a varios de los aspectos planteados en el contencioso que, a juicio de los servicios jurídicos municipales, no se habrían resuelto en la sentencia conocida el pasado miércoles.
Así lo ha anticipado el mismo alcalde, Luis Barcala, en una comparecencia pública tras firmar un convenio de colaboración con la rectora de la Universidad de Alicante (UA) por el que se promueve la constitución de una cátedra específica sobre el sector turístico en la ciudad. En concreto, el primer edil ha señalado que la solicitud de aclaración de sentencia permite que el ayuntamiento pueda ganar tiempo adicional para abordar siguientes decisiones, en la medida en que el plazo de 30 días previsto para que pudiese anunciarse un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia del TSJ no comenzará a correr hasta que el mismo tribunal autonómico responda a la petición de aclaración.
Barcala no ha llegado a confirmar la posibilidad de que se acabe optando por la vía del recurso, precisamente, ante la necesidad de que puedan aportarse explicaciones adicionales sobre el alcance de la sentencia del TSJ respecto a cuestiones que sí quedaron contempladas en la resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante en el primer fallo favorable al Ayuntamiento. Al tiempo, ha señalado que todas las opciones al alcance se expondrán sobre la mesa en la reunión que se prevé mantener este lunes con responsables de la Generalitat, en un encuentro convocado "por deferencia institucional con la administración que también puede tener algo que decir" respecto al futuro desenlace del proyecto. Sobre todo, por lo que respecta a la aprobación del plan de emergencias y seguridad ya aportado por XC Business.
"La reunión que vamos a mantener es a petición del Ayuntamiento por poner en común cuál es la situación en este momento y trasladarles el análisis previo que hacemos de la sentencia que se ha dictado", ha explicado, en alusión a la motivación de la reunión con representantes de la Generalitat, en un encuentro en el que se presume la participación de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas. "Es una fórmula de cortesía para todas las partes que puedan tener algún tipo de interés: el Puerto, la Generalitat y el Ayuntamiento, bien entendido que la sentencia a quien afecta es al Ayuntamiento, que es el que va a tener que tomar decisiones", ha abundado.
En cualquier caso, Barcala ha insistido en que la posición que sigue manteniendo el Ayuntamiento y el equipo de gobierno es la de rechazo a la instalación de los depósitos. "Hay unanimidad en que los depósitos no los queremos en el puerto, con el límite de la ley y de la justicia", ha añadido. "Habrá que ver hasta qué punto la justicia puede suplir a la voluntad política que es unánime de todo el ayuntamiento, que no queremos macrodepósitos, y que no queremos ni 18 ni 20 macrodepósitos en el Puerto", ha insistido.
Lo cierto es que tampoco ha llegado a despejar la viabilidad de otro de los hipotéticos escenarios que se han venido planteando desde 2019: la posibilidad de entablar una negociación con la empresa promotora de la planta de almacenaje de combustible para que pueda desistir de la ejecución de su proyecto -en lo que mediaría una supuesta compensación económica-, o para que pueda trasladarlo a otro emplazamiento distinto al Puerto. Una posibilidad, que en principio, XC Business no estaría dispuesta a contemplar, según apuntó su administrador, Dionisio Díez, en una entrevista concedida a Alicante Plaza.
Sea como fuere, Barcala ha incidido en que "lo que nos interesa es tener un análisis muy preciso sobre el alcance de la sentencia que se ha dictado y si tenemos o podemos recurrirla o no", ha explicado. Y, acto seguido, ha apuntado, respecto a otras alternativas, como la planteada por el PSOE, y señalada también por la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, en el pleno ordinario de abril, este jueves, respecto a otras alternativas, como la posibilidad de negociar con la compañía promotora de la planta, que debería ser el PSOE quien dijese "con quién se supone que tenemos que negociar, en qué términos y si esto dicen que venían ya diciéndolo, pues que hubiesen puesto encima de la mesa esa supuesta negociación y sus términos". "A mí me gustaría saberlas", ha enfatizado.
