El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el acto institucional de toma de posesión del nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, opta por la prudencia y no define abiertamente cuál puede ser la posición del Consell respecto a la tramitación de la licencia solicitada por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante que llegaría a contar con hasta 20 depósitos con el desarrollo de tres fases distintas.
Tras participar en el acto de clausura de la Quinta Conferencia Mundial de Sindicatos Médicos, celebrada en Alicante (en la primera ocasión en la que el encuentro tiene lugar en España), el jefe del ejecutivo valenciano (que, entre otros puntos, ha anunciado un plan de incentivos para retener a médicos en la Comunitat), se ha limitado a señalar que desconocía los detalles del proceso en el que se encontraba la autorización de ese proyecto y ha tirado de manual para señalar que "se cumplirá la legalidad vigente", al ser cuestionado sobre cuál es la posición del nuevo Consell compuesto por PP y Vox respecto a esa iniciativa empresarial.
"No conozco el informe y no conozco si hay petición o no", ha señalado, en alusión a los dos dictámenes evacuados por el Servicio de Evaluación Ambiental y por la Abogacía de la Generalitat entre finales de 2020 y mayo de 2021, en los que se exime al proyecto de quedar sujeto al trámite de evaluación de impacto, ya que la solicitud de licencia se registró en 2013, antes de la entrada en vigor de la Ley 21/2013 que establece la obligatoriedad de la superación de ese trámite.
"No tengo conocimiento técnico sobre una competencia que no me atañe", ha añadido, en la medida en que la responsabilidad de la resolución sobre la solicitud de licencia de obra reside en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a pesar de que, fuentes consultadas, sostienen que la Conselleria de Justicia e Interior sí debe pronunciarse sobre el plan de seguridad y emergencias elaborado por la compañía promotora de la planta.
"En cualquier caso, estoy convencido de que si hay un proceso, se regulará ese proceso, garantizando la adecuada compatibilidad entre la seguridad de todos, que es lo más importante, con la actividad económica necesaria en el Puerto de Alicante", ha explicado, en la línea con el mensaje que ya trasladó la Conselleria de Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras a consulta de Alicante Plaza, el pasado septiembre, cuando este diario anticipó los planes de XC Business 90 para ampliar su planta de almacenaje de combustibles hasta llegar a disponer de un total de 20 tanques. En ese momento, portavoces oficiales del departamento que coordina Salomé Pradas apuntaron que la iniciativa empresarial se abordaría en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante.
Con todo, Mazón ha insistido este viernes en que no podía pronunciarse "porque no conozco el expediente y tampoco me toca resolverlo; confío en que todo salga bien porque tenemos un sistema público garantista y suele acometer bien los expedientes de autorización en todo tipo de casos", ha abundado. Y, por último, ha apostillado que la posición del Consell respecto a la propuesta empresarial es "el adecuado cumplimiento de la legislación vigente, que creo que es lo más importante en estos casos".
De este modo, no ha llegado a anticipar cuál podría ser la participación de la Generalitat en los pasos administrativos que sí recaerán bajo su competencia, en el momento en el que proceda la emisión de un pronunciamiento respecto al ya citado plan de seguridad, que XC Business habría aportado ya ante la Concejalía de Urbanismo como documentación complementaria en el expediente de solicitud de licencia.
Entre tanto, la agrupación local de Esquerra Unida (EU) ha presentado este viernes un escrito de personación en el procedimiento administrativo seguido en la Concejalía de Urbanismo con motivo de la solicitud de licencia para la instalación de los depósitos en el puerto de Alicante. Se trata de un paso con el que la organización política pretende tener acceso a información sobre el estado de tramitación de ese permiso.
"Esquerra Unida Alacant ha solicitado la comunicación de lo actuado, así como que le sean notificadas todas las incidencias futuras, además de audiencia antes de dictarse la resolución y se su notificación, utilizando como punto de contacto al concejal en Alicante del grupo municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé", han detallado fuentes de la formación, a través de un comunicado.
Sus coordinadoras, Néfer Vives y Lucía Ibáñez, han considerado que "debemos de estar vigilantes en este proceso ya que de llevarse a cabo la instalación de estos macrodepósitos pondríamos, no solo en riesgo nuestro litoral, ya que el proyecto supone tanto el tránsito por la bahía de Alicante de grandes petroleros como la operación de bunkering (trasvase de combustible de barco a barco), con el riesgo de emisiones y vertidos o como pasó en Beirut, dónde una explosión en el puerto en agosto de 2020, mató a 217 personas e hirió a 7.000, ocasionó el desplazamiento de 300.000 personas, causando una destrucción generalizada, cuyos devastadores efectos afectaron a edificios situados en un radio de 20 km", añade el comunicado.
Al tiempo, la nota pública incide en que "esta misma semana, el eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, visitó Alicante y se reunió con representantes de la Plataforma por un Puerto Sostenible", tras la que avanzó su intención de trasladar ante las "instituciones europeas la negligencia del ayuntamiento de Alicante, que en 1995 recibió fondos europeos para trasladar los depósitos de hidrocarburos que había en el puerto de la ciudad a una zona alejada, y hora se pretende construir de nuevo una suerte de planta de almacenaje de combustibles con seis depósitos, ampliables en otros 12, en el mismo sitio donde tuvieron que retirarlos hace tres décadas. Una incoherencia medioambiental que supondría un daño para la ciudadanía. Todo con la complicidad del gobierno de la Generalitat de PP-Vox. Sus chapuzas y su terrorismo ambiental afectan al bolsillo y al medioambiente de la población alicantina", añade el comunicado.
