ALICANTE. El tiempo de la negociación sobre el presupuesto de Alicante se agota sin que haya trascendido ningún acuerdo definitivo antes del pleno de este miércoles. Y casi todos los grupos políticos con representación municipal que todavía tienen algo que decir sobre su futuro coincidieron este lunes en emitir un mismo diagnóstico: "La pelota está en el tejado de Guanyar". En ese "casi todos" no se incluye precisamente a Guanyar, que ha optado por la estrategia de la prudencia. Al menos hasta que, en la noche de este martes, se convoque a su asamblea para tomar la que será su posición definitiva cuando las cuentas lleguen a pleno.
Sea como fuere, fuentes del tripartito confirmaron este lunes, que PSOE, Guanyar y Compromís han retomado las conversaciones durante las últimas 24 horas para tratar de dar cabida a algunas de las enmiendas presentadas por los dos concejales no adscritos: Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte. Los tres socios tienen claro -aunque sigan sin admitirlo a través de sus declaraciones públicas, en las que se insiste en nuevas llamadas a la responsabilidad de Ciudadanos (C's)-, que sólo la posición de uno de ellos (al tripartito le falta un voto positivo o una abstención) pueden facilitar que la programación económica de 2017 se apruebe. El PP y C's ya han manifestado que su posición contraria es definitiva. Así que se trataría de recuperar e incorporar algunas de las aportaciones técnicamente viables presentadas por los dos tránsfugas que quedaron desestimadas en la comisión de Hacienda celebrada el pasado viernes.
Así se lo transmitieron representantes del equipo de Gobierno a la propia Belmonte en una conversación telefónica, este domingo. Según las fuentes consultadas, en gran medida se trataría de dar cabida a alguna de sus enmiendas que no se incorporaron pero quedaron aplazadas como compromisos políticos y que afectarían a las áreas de Acción Social y Juventud. Las dos concejalías están gestionadas por ediles de Guanyar: Julia Angulo y Marisol Moreno.
Lo cierto es que las dos regidoras han estado en el epicentro de la polémica por diferentes motivos (adjudicación de ayudas sociales y de acceso a la vivienda, elecciones a centros de mayores, elaboración del reglamento de Participación ciudadana, creación de parques caninos, gestión de la finca municipal de El Roal, ...) y algunas de sus decisiones en el ejercicio de sus competencias han llegado a ser desautorizadas en pleno por sus socios del PSOE. Se han llegado a paralizar obras (la de uno de los famosos parques caninos, elevados en el debate político a la categoría de tema capital de la ciudad) y se ha propiciado la creación de una comisión que, en la práctica, asume las competencias de Participación ciudadana (la creada para la redacción del nuevo reglamento, a la que este lunes se debía dar inicio con la designación de dos primeros vocales en la Junta de Distrito número 5).
Los dos grupos mayoritarios de la oposición, PP y C's, no han dudado en disparar sus críticas contra esas dos concejalías. Y, como publicó Alicante Plaza, las enmiendas que Belmonte ya consideró fundamentales al término de la comisión de Hacienda también iban dirigidas a áreas de Angulo y Moreno. La exconcejal de Guanyar (expulsada hace un año por dar contratos menores a afines) reprochó que el tripartito, y principalmente los representantes de Guanyar, no fuesen "receptivos con dos temas que a mí me parecen claves como la inclusión social y el empleo juvenil para estudiantes".
En suma, las enmiendas de la disputa tratarían de reorientar partidas por un importe de 44.000 euros para ayuda a los refugiados, para un programa de participación ciudadana y actividades de integración en los barrios del Colonia Requena y del Cementerio; y de otros 7.000 euros para ayudas a jóvenes preuniversitarios.
Las fuentes consultadas por este diario en las filas de PSOE y Compromís insistieron este lunes en que, en la comisión de Hacienda del viernes, los dos partidos fueron flexibles y cedieron a las propuestas presentadas por todos los grupos de la oposición que afectaban a casi todas las áreas. En esas áreas, insistieron, no figurarían, por ejemplo, la de Acción Social. De ahí que, según las mismas fuentes, en los contactos mantenidos este lunes en el seno del tripartito se pusiese el acento en la posibilidad de admitir movimientos contables en esa concejalía.
El problema es que en Guanyar, la reducción en el presupuesto inicialmente previsto para Acción Social (en torno a 600.000 euros derivados a otros gastos no propuestos desde la concejalía) antes de que el documento se sometiese a la revisión del Ministerio de Hacienda ha sido la mecha que ha prendido un barril repleto de pólvora: una larga lista de movimientos y decisiones del PSOE que Guanyar considera agravios, como la retirada de uno de sus ediles de la Junta de Gobierno, o la creación de una comisión propuesta por el PP para impulsar el nuevo reglamento de Participación ciudadana. Y, hasta ahora, el grupo municipal no sería partidario de aceptar más recortes en esa concejalía. Máxime si se tiene en cuenta que, el pasado jueves, se precipitó un ultimátum -con un amago de ruptura del pacto- y se exigió un compromiso público por parte del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, para que se produjese una modificación presupuestaria dirigida a ampliar la dotación de esa concejalía.
A cierre de edición, no se habría producido ningún avance que permitiese un posible pacto con Belmonte y el consiguiente desbloqueo de las cuentas. Sólo trascendió que se había producido un escueto intercambio de información, todavía sin concreciones. Así, todas las miradas siguen dirigidas en las filas de Guanyar. Y con ellas, también toda la presión. Aunque el tripartito sigue teniendo a su alcance la posibilidad de activar su plan b (vincular la aprobación del presupuesto a una cuestión de confianza) por ahora no se piensa oficialmente en ese escenario. Sobre todo, porque supondría exponer al alcalde al desgaste político de perder la votación y someterse a la crítica de la oposición. Mientras, el sindicato CCOO prevé intervenir en el pleno de debate del presupuesto para expresar su rechazo a la política de Personal que se contempla en ese proyecto económico.