Marian Campello.En los últimos días hemos asistido a dos nombramientos, cuando menos, sorprendentes. Por una parte, el realizado por Compromís con la ilicitana Marian Campello como secretaria autonómica de Innovación de la Generalitat, en sustitución de Jordi Juan, y el otro, ejecutado por el PP (con el visto bueno de Cs) con Miguel Ortiz como responsable de la empresa pública Proaguas -encargada de la gestión de las depuradoras-, de la Diputación de Alicante.
Son sorprendentes por los cargos qué ocuparan, no por su militancia, de sobra conocida. Y son sorprendentes porque son nombramientos hechos con los métodos de la vieja política: hechos más en clave interna que en buscar (teóricamente) los mejores perfiles para cada puesto, en base a mérito y capacidad.
El nombramiento de Marian Campello al frente de la secretaria autonómica de Innovación ha pasado casi desapercibido, aunque ha generado comentarios de todo tipo en el seno de la propia coalición valencianista. Nadie dijo nada, pero muchos no acaban de entender cómo no se ejecutó una vía más lógica con la marcha de Jordi Juan, profesor de la UPV. Si la cuestión era sustituir un puesto por otro sin más, pues hecho está aunque la diferencia de perfiles sea abismal. Si la cuestión era buscar un perfil más idóneo, con mejor currículum y más experiencia en la gestión y en la propia Conselleria de Innovación, ahí estaba el nombre de la directora general, Sonia Tirado. Pero no, el nombramiento se ha hecho en clave interna para posicionar a la propia Campello ante la confección de las listas, bien intentar de nuevo acceder a puestos de salida en la candidatura de las Cortes, bien por ser la apuesta de Més en la oferta electoral de Elche, de la que Campello es coportavoz. Con el tiempo lo sabremos. Pero de lo que no cabe duda es que se trata de una designación hecha para moldear las piezas del partido para un puesto, que quizás necesitaba, o un mejor perfil (técnico -y Compromís los tenía-) o más experiencia en la gestión, circunstancias, las dos, que no se dan en ninguno de casos. No hay que olvidar que Campello es pareja de uno de los pesos pesados de Compromís en el cap i casal (Amadeu Mezquida, jefe de gabinete de Joan Ribó), y que además forma parte de la misma corriente que la secretaria general de la coalición, Águeda Micó.
Lo Miguel Ortiz al frente de Proaguas en otro nombramiento en clave interna (a estas alturas no creo que sea necesario explicar quién es y de dónde viene), pero con la particularidad de que la designación está hecha con el procedimiento de la nueva política (aunque con matices): se trata de puestos que se cubren con procedimientos de convocatoria pública y libre concurrencia, como ya se ha hecho en otros organismos de la Diputación de Alicante, como el tributario (Suma). Ahora bien, hay diferencias entre los organismos. Mientras que en Suma Gestión Tributaria se exigió a los aspirantes que fueran licenciados/as en Económicas o Administración y Dirección de Empresas, en el caso de Proaguas, no hubo tal condicionamiento con unos estudios de Ciencias Químicas o una ingeniería, del ramo que correspondiese. Sea como fuere, en este tipo de procedimiento se selecciona a una terna de entre todos los aspirantes y una comisión de valoración hace una informe, con la propuesta del que debería ser elegido, aunque no es vinculante ese dictamen.
En el caso de Proaguas, del que la oposición ya sospechaba de que las bases podrían abrir demasiado el abanico de aspirantes afines, nos falta saber quiénes son los otros integrantes de la terna finalista y sí tenían mejor currículum que Ortiz, que es abogado, y que fue alcalde de Altea y senador por el PP, para gestionar depuradoras y acuíferos en municipios pequeños, que es el objeto de la empresa pública. Quizás para llegar a ese destino no hacía falta la convocatoria pública; hubiera sido más fácil optar por la fórmula de la Entidad de Saneamiento. Dedazo puro y duro, y con carné.
Teniendo en cuenta el resultado final, lo que queda claro es que los nombramientos de Marian Campello y Miguel Ortiz son estribaciones de la política de otra época, aunque en el caso de la Diputación de Alicante estén revestidos de procedimientos, a priori, más pulcros. La diferencia es que Campello acabará en mayo y Ortiz tiene un contrato de 5 años. Lo sorprendente, en ambos casos, es que tienen vicios del pasado, aunque sean o fueran magníficos gestores. Ambos no tienen mácula personal pero sí otras circunstancias que todo/a militante de buena fe piensa.
