Las casetas de venta instaladas en La Explanada.ALICANTE. Los vecinos del Centro Tradicional de Alicante persisten en su campaña reivindicativa frente a las molestias por ruido que asocian a los excesos de la hostelería y el ocio en los negocios que se concentran en las calles del barrio. En esta línea, al margen de haber registrado ya ante el Ayuntamiento más de 60 solicitudes de indemnización por importe de 3.000 euros por el "incumplimiento" de la sentencia que obliga a declarar el entorno de la calle Castaños como Zona Acústica Saturada (ZAS), sopesan añadir otra línea de reclamación para tratar de resarcirse frente al perjuicio de ese exceso de decibelios.
En concreto, la Asociación de Vecinos baraja pedir que se apliquen "exenciones fiscales o bonificaciones en el pago del IBI" para el conjunto de los propietarios de las viviendas situadas en las calles más afectadas por esa concentración de locales, o como mínimo, para los dueños de las plantas inferiores de esos edificios, en las que, según sostienen, se percibe el exceso de niveles sonoros con mayor intensidad.
Al tiempo, los representantes del colectivo pretenden plantear otro tipo de iniciativas también relacionadas con el mismo debate, como la petición de informes concretos sobre los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento a partir de las tasas por la instalación de veladores, y los gastos que supone el incremento de servicios que representa esa actividad tanto en limpieza viaria como en vigilancia policial. Según portavoces del colectivo, se trataría de conocer si existe un equilibrio entre ambos extremos para evaluar "si realmente compensa al interés general".
Además, el colectivo pretende trasladar otra solicitud distinta, este mismo miércoles durante la reunión de la Junta de Distrito número 1, relacionada con La Explanada. En concreto, la asociación prevé pedir la retirada de las casetas de venta instaladas en el centro del paseo al considerar que existe un exceso de ocupación que dificulta el tránsito peatonal. En esta línea, argumentan que la mayoría de los puestos han perdido su sentido tradicional, puesto que "no venden productos que tengan que ver con Alicante", apuntaron.
No es la primera petición formulada por el colectivo en relación a la ocupación de vía pública. La asociación también registró otra petición de información relacionada con el expediente de adjudicación de las obras de ampliación de aceras de la calle Médico Manero Mollá, a la altura de la Plaza de Gabriel Miró, después de que se acordase la reorganización de los veladores que ocupaban el espacio central de la plaza.
Las obras en las aceras de Manero Mollá.Esa petición, según fuentes del colectivo, no ha sido atendida desde 2018, lo que propició que se elevasen escritos de queja ante el Síndic de Greuges y ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Buen Gobierno.
Y precisamente desde este último órgano se acaba de remitir una nueva respuesta: una comunicación dirigida al alcalde, Luis Barcala (PP), el pasado 16 de enero, en la que censura que la petición de información de los vecinos todavía no ha sido atendida pese a la resolución comunicada en julio de 2019, por la que se reconocía el derecho de la asociación a disponer de los datos solicitados.
Además, el Consejo advierte en esa comunicación que el incumplimiento de sus resoluciones podría ser sancionado como infracción "muy grave", en función de lo previsto en el artículo 31.1.c de la Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat. Y que en esos supuestos, la sanción que podría aplicarse podría ser la del "cese y la imposibilidad de ser nombrado para cargos similares durante un tiempo de hasta tres años". En todo caso, en ese escrito no se concreta quién tendría la potestad efectiva de acordar ese posible cese o esa posible inhabilitación. En principio, como norma general, el ordenamiento jurídico vigente reserva esa competencia a los jueces.
